PDV USA demanda a empresa de consultoría de exlegislador. Una firma consultora propiedad de un exlegislador estadounidense recibió US$ 15 millones en 2017 por “servicios que nunca brindó” a favor del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro en Estados Unidos,
Según una demanda presentada esta semana en una corte federal de Nueva York por PDV USA, compañía basada en EE.UU. y que es parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La demanda, presentada el 13 de mayo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, establece que la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del exlegislador republicano David Rivera, debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en el país norteamericano.
El acuerdo establecía que Interamerican cobraría US$ 50 millones por sus servicios entre el 21 de marzo y el 21 de junio de 2017, los cuales serían cancelados en seis pagos por parte de PDV USA, por dirección de PDVSA, según la demanda.
El documento además indica que Interamerican debía entregar actualizaciones periódicas sobre los servicios que había realizado, presentar informes cada dos semanas y un reporte final.
“Los informes no totalizaron más de cinco páginas (colectivamente), muchas de las cuales fueron duplicadas, y no pudieron describir ningún trabajo significativo”, según la demanda.
“PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca brindó”, agrega.
En 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, nombró su propia junta directiva de PDV USA. Según el equipo de prensa de Guaidó, la demanda surge tras la auditoría realizada a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, luego de haber sido recuperada por la oposición.
Guaidó no aparece mencionado como uno de los demandantes en el documento presentado en corte.
Según el demandante, la empresa cobró US$ 15 millones y luego presentó facturas que Rivera envió “reiteradamente” para obtener los US$ 35 millones restantes.
El acuerdo establecía que la empresa debía indemnizar a PDV USA si lo rompía, algo que hizo al no cumplir con lo prometido, indica la demanda, la cual busca una compensación de US$ 15 millones, más intereses, por parte de la compañía de Rivera.
PDVSA no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda.
CNN se contactó con Rivera, quien no aparece señalado directamente como acusado en la demanda, y dijo que el trabajo de consultoría de su compañía era parte de una “operación” para socavar al régimen de Maduro, la cual había sido orquestada con apoyo de los llamados “Citgo 6” y la oposición venezolana, incluido Leopoldo López, quien permanece refugiado en la embajada de España en Caracas desde hace más de un año.
“Cien por ciento de los recursos fueron utilizados a la dirección de la oposición venezolana”, dijo Rivera a CNN. “Nunca hubo ninguna dirección de PDVSA. Solo dirección de oponentes de Maduro dentro de Citgo y dentro de la oposición”.
Jesús Loreto, abogado defensor de Tomás Vadell, uno de los seis directivos de Citgo que permanecen detenidos en Venezuela, habló con CNN y califica las declaraciones de Rivera como falsas y malintencionadas. Niega que su cliente tenga algún vínculo con Leopoldo López o algún otro miembro de la oposición venezolana.
El equipo de prensa de López envió un comunicado a CNN en el que dice que “es absurdo que se quiera relacionar a Leopoldo López con un contrato firmado con los representantes del régimen de Maduro”.
López pasó más de cinco años preso tras ser acusado de varios delitos luego de liderar una protesta contra el régimen de Maduro en 2014, la cual terminó en actos violentos.
Por su parte, el equipo de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que “tras nuestra demanda, el excongresista ha decidido responder con acusaciones falsas, estrafalantes e inverosímiles”.
Lo que dice la demanda
La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:
1. El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos “servicios de consultoría estratégica” para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA.
2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la “reputación a largo plazo” de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)
3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.
4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.
5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.
6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos, siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.
7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.
8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.
9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.
10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.
La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican Consulting Inc dice que proporciona “servicios de consultoría estratégica”. Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.
La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA.
Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que “permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos”. Aunque “Cliente” se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.
Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :
1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;
2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y
3) Mejorar la “reputación a largo plazo” de PDVSA y su “prestigio” con las “partes interesadas”.
La empresa contratada acordó además “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”.
El contrato establece que Interamerican debía proporcionar:
(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados;
(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas;
(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y
(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.
El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.
La querella sostiene que durante ese período, “Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas”.
En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe “quincenal” y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.
Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con “importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos”, “funcionarios públicos clave”, “partes interesadas objetivo”, “partes interesadas del sector público” y “partes interesadas del sector privado”, pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el “plan estratégico” de Interamerican.
Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.
El contrato requería además que Interamerican proporcionara “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA.
Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.
Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios “para satisfacción exclusiva de PDV USA”, pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.
Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.
El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una “cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.
PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.
El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en “Plazos de pago consecutivos” de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un “Plazo de pago final” de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .
PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.
PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. “A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían, el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA” .
En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.
Según el contrato, Interamerican acordó “indemnizar” a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.
Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.
