El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, ordenó el martes el cierre de otras nueve organizaciones no gubernamentales locales, varias de estas vinculadas a empresarios privados y figuras políticas, elevando a más de 60 el número de asociaciones de la sociedad civil proscritas en menos de cuatro años.
IDAED / AP News.
El pleno del Congreso unicameral aprobó con 84 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega para ser tramitado con urgencia y que dispuso cancelar la personalidad jurídica de las citadas organizaciones no gubernamentales.
Las nueve organizaciones cerradas son la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), la Asociación de Economistas de Nicaragua, la Fundación Veritas Humanas, la Fundación Hispanoamericana, la Fundación de Turismo, la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), el Club Campestre Las Colinas, la Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua y la Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup).
La Cosup estaba vinculada al político opositor Adán Bermúdez, dirigente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), también proscrito este año cuando se disponía a participar en las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato a partir del 10 de enero.
El lunes fueron también cerradas la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas ligadas al empresario privado Leonardo Torres, al igual que la ya ilegalizada Cantur. Torres era considerado una persona afín al gobierno.
“El gobierno ha utilizado arbitrariamente las leyes de Lavado de dinero y de Agentes Extranjeros (aprobadas hace un año) para cerrar espacios de participación ciudadana y castigar a las organizaciones cívicas, usándolas incluso como instrumento de represalia contra personas de su propio grupo de poder”, dijo a The Associated Press la socióloga Elvira Cuadra, al comentar la medida.
“Lo que Ortega está haciendo es limitar la democracia, porque restringe un derecho humano inalienable y deja desprotegidas a poblaciones que se beneficiaban con proyectos educativos, sociales y de desarrollo”, agregó.
Según el decreto, leído por el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Cámara, esas asociaciones fueron sancionadas porque se encuentran “acéfalas”, no han reportado sus estados financieros ni presentado informes de sus actividades “que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos (y) el impacto social de los mismos”.
Estas entidades violaron la “Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, agregó el informe.
El gobierno de Ortega ha acusado a diversas ONGs de recibir fondos del exterior para “desestabilizar” al país y de financiar las protestas sociales que estallaron en abril de 2018. A fines de ese año, Ortega ordenó el cierre de 11 organizaciones no gubernamentales vinculadas a figuras de la oposición.
Desde 2018 han sido cerradas al menos 60 organizaciones nicaragüenses y seis extranjeras, de ellas tres europeas y tres estadounidenses.
