Una junta ad hoc de la petrolera estatal PDVSA designada por Guaidó presentó este martes una demanda en una corte de Nueva York, sin descartar una solución “amistosa”.
El equipo del líder opositor Juan Guaidó pidió a la justicia de Estados Unidos declarar nulo un bono de deuda de Venezuela, en un intento de evitar que los acreedores se queden con el mayor activo del país en el exterior.
Una junta ad hoc de la petrolera estatal PDVSA designada por Guaidó presentó este martes una demanda en una corte de Nueva York, sin descartar una solución “amistosa”.
La querella “busca una declaración de que los bonos PDVSA 2020 (incluidos los contratos, compromisos y todos los documentos y obligaciones asociados) son inválidos, ilegales y nulos y sin valor ab initio (desde el inicio)”, señaló la junta en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
PDVSA dejó de pagar el lunes 913 millones de dólares en capital e intereses de esos títulos.
Los papeles fueron emitidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2016 en un canje de deuda, y tienen como garantía el 50,1% de las acciones del refinador Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos y mayor activo de Venezuela en el extranjero.
La demanda fue interpuesta “contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas, LLC, exclusivamente en sus respectivas capacidades como fideicomisario y agente colateral de los Bonos Senior Garantizados 8,50% de PDVSA con vencimiento 2020”, añadió el texto.
Revés peligroso
La junta administradora reiteró que -según la ley venezolana- la emisión debía estar autorizada por el Parlamento, de mayoría opositora y presidido por Guaidó, a quien medio centenar de países encabezados por Estados Unidos reconocen como mandatario encargado del país petrolero sumido en la devastación económica.
“Como se informó ampliamente en el momento de la oferta de intercambio, la Asamblea Nacional condenó el intercambio en lugar de autorizarlo. Los bonos PDVSA son, en consecuencia, nulos e inaplicables”, subrayó el comunicado.
Pese a ello, el equipo de Guaidó pagó este año 71 millones de dólares en intereses.
Estados Unidos otorgó el control de Citgo al jefe parlamentario después de que éste invocara artículos constitucionales para proclamarse presidente interino el pasado 23 de enero, sin que hasta ahora haya logrado desplazar a Maduro, apoyado por los militares, Cuba, Rusia y China.
El jueves pasado, el Departamento del Tesoro suspendió hasta el próximo 22 de enero una licencia que permite a los tenedores del PDVSA 2020 tomar acciones de Citgo para cobrar su dinero.
Guaidó considera esa decisión como una “medida de protección” que permite demandar la nulidad del bono “sin riesgo de perder Citgo”.
Una toma de posesión de ese activo por parte de los acreedores representaría un serio revés para el opositor en su lucha contra Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump intenta asfixiar con una descarga de sanciones que desde abril incluyen un embargo petrolero.
Solución “amistosa”
Pese a acudir a los tribunales, Guaidó dijo que está dispuesto a “evaluar las reclamaciones” basadas en contratos suscritos por Maduro y su fallecido antecesor Hugo Chávez (1999-2013) “en violación de la Constitución”.
“El objetivo siempre será solucionar las diferencias que puedan surgir de manera amistosa”, afirmó este martes en un comunicado, apuntando que, de no ser posible, adoptará “todas las acciones legales para asegurar el respeto a la Constitución”.
La deuda externa de país con las mayores reservas petroleras asciende a unos 140.000 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica.
Venezuela está hundida en la peor crisis económica de su historia moderna, con una contracción del PIB de 50% en los últimos seis años, una inflación proyectada por el FMI en 200.000% para 2019 y un derrumbe de su vital producción de crudo, de 3,2 millones de barriles por día hace 10 años a menos de un millón de barriles diarios actualmente.
