Las 23 gobernaciones y 335 alcaldías de Venezuela se elegirán este año.  Todavía no hay fecha para esta cita comicial pero la oposición ya está en la misma encrucijada de las últimas contiendas: participar o abstenerse.

RL / Idaed / Infobae

Las aguas están revueltas. Las pugnas y las propuestas comienzan a marcar la ruta que también se divisa intrincada. Desafiando la línea del opositor Juan Guaidó, Américo De Grazia propone usar la contienda regional como un “plebiscito” en contra de Nicolás Maduro. El problema es que este dirigente de La Causa Radical está inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por 15 años. También está en el exilio.

No es una petición espontánea. Es un gesto simbólico para cambiar la actual narrativa abstencionista; es un intento por destrancar el juego y potenciar el escenario electoral cuando las promesas de Guaidó siguen en deuda: cese de la usurpación, la erradicación de la corrupción y una amnistía para militares.

Con las tres condiciones para “elecciones libres” frustradas, el camino apunta a la negociación.  Para 42 partidos de la oposición «es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones, a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea el protagonista” divulga Infobae. Primero Justicia es uno de los que apoya.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, es otra voz a favor. Afirma que “la derrota del adversario requiere que todas las fuerzas democráticas en el país sean capaces de reunirse en torno a una causa común sin mezquindades, sin sumisión ni sectarismo”.

La petición raya en lo utópico cuando pide “más comprensión, inclusión y responsabilidad” mientras que “las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre marcaron otro revés en los esfuerzos por forjar una solución pacífica al conflicto político del país” según Crisis Group.

La división interna que no termina

El problema en este momento —como en todos los anteriores— es que la oposición se está dividiendo una vez más en facciones. Un puñado de sus partidos más pequeños participaron en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hoy tienen 20 curules en la Asamblea fraudulenta donde Maduro maneja 257 escaños y están de acuerdo con ir a las urnas.

Otros grupos favorecen nuevas negociaciones con el chavismo con la ilusión de mejorar las condiciones para las elecciones regionales de este año, un posible referéndum revocatorio en 2022, las elecciones presidenciales previstas para 2024 y otras corrientes se inclinan por una intervención militar extranjera.

En medio de ese torbellino, la nueva administración estadounidense de Joe Biden significa una oportunidad para repensar la estrategia y reestructurar la oposición venezolana, que en este momento se muestra ahogada en sus discrepancias por el fracaso de la política de “máxima presión”.

Si el demócrata apuesta por una política más flexible con respaldo multilateral y considera una flexibilización de las sanciones, sería letal para la oposición en ciertos aspectos. A su vez, el camino estaría peligrosamente un poco despejado para el chavismo.

Maduro necesita ese oxígeno. Eso también es verdad. Su desastre socioeconómico cada vez más profundo, agravado por la pandemia requiere de ayuda financiera. La pregunta clave es si estará dispuesto a considerar alguna concesión que reduzca su control del poder.

Chavismo con sus demonios

Pensar en unas nuevas elecciones regionales (que son las más próximas) conduce a pactos y llegar a ellos implica un valle de espinas. Las parlamentarias de hace cuatro meses son el ejemplo más reciente de lo punzante que resulta el proceso.

Del lado del régimen, varios de los partidos minoritarios que antes formaban la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico rompieron lazos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, de modo que pudieran formar la Alianza Popular Revolucionaria.

Maduro les respondió con fallos del Tribunal Supremo que les arrebataron el control a dos de ellos (Patria para Todos y el Partido Tupamaro) y se lo entregaron a sus partidarios. Un tercero, el Partido Comunista de Venezuela, reportó una visita de la policía secreta a una de sus sedes regionales. Y Juan Barreto, antiguo oficialista y exalcalde metropolitano de Caracas, realizó una alianza entre su movimiento de izquierda REDES (al que no se le permitió registrarse como partido).

Esas fracturas en las filas chavistas pueden volverse cada vez más visibles ahora cuando la contienda es en las regiones y alrededor del 20 % del electorado está compuesto por partidarios de Chávez descontentos por el drástico empeoramiento en sus condiciones de vida, otros porque consideran que Maduro ha traicionado los principios fundamentales del chavismo, en su mayoría a través de una política económica de libre mercado cada vez más abiertamente descarada, pero también por la falta de democracia interna y las violaciones a los derechos humanos.

Del lado de Guaidó, cualquier posición que asuma le podría representar una retirada repentina del apoyo a su presidencia interina, principalmente por falta de acuerdos sobre cómo acudir a las regionales —en bando único o en fracciones—, así como también una división entre sus aliados externos que otorgarían una victoria política a Maduro y produciría un vacío de poder.

Un freno estancado

La distancia actual entre las dos fuerzas —como aparentan— frena el intento por retomar de inmediato las negociaciones, que desde el inicio siempre han sido catalogadas como infructuosas.

Sin embargo, terceros favorecerían un acercamiento que solo le lavaría la cara al régimen. Por ejemplo, Naciones Unidas puja por una reducción de las sanciones estadounidenses alegando daños humanitarios, tal como lo hizo en febrero Alena Douhan, enviada de la ONU que habla en ocasiones para mal poner a Estados Unidos.

La funcionaria es de Bielorrusia. Ahora se desempeña como una de los 44 relatores especiales de la ONU sobre el “impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales”.

En su primer informe entregado al Consejo de los Derechos Humanos en julio del año pasado, a escasos meses de entrar al cargo, se quejó sobre las sanciones de Estados Unidos contra los regímenes de Irán, Siria, Venezuela, Cuba, Rusia y su patria Bielorrusia. Su apoyo a regímenes totalitarios es público y notorio.

Si el régimen escucha y aprovecha sería la oportunidad para liberar a los presos políticos como una muestra de «negociación». Dicha táctica ha sido usada muchas veces mostrando una falsa imagen de sumisión, solo para meter a otros más en sus cárceles y abultar el número de disidentes tras las rejas. La típica técnica de la «puerta giratoria».

Ahora, si Guaidó cae en la trampa, como tantas veces ha ocurrido con los nefastos diálogos en República Dominicana o con la intervención de Noruega, las circunstancias podrían obligarle a dejar de lado la exigencia de la renuncia de Maduro como condición previa de los primeros pasos hacia una transición.

Esto sería un gran error, pues le tocaría admitir con hechos y discursos ambiguos que su “campaña” para derrocar a Maduro solo parece entorpecer la resolución de conflictos en el país, aunque dicho punto sea indiscutible, debido a que en la realidad, el líder de Voluntad Popular aún no concreta sus objetivos.

Ahora, lo ideal sería diseñar garantías como parte de un proceso de negociación integral con respaldo internacional. Si llega a darse, la oposición tendrá que unificarse en torno a una política que cuente con apoyo popular, y el régimen tendrá que reconocerla como un interlocutor legítimo. Lo mismo de siempre. Falta el final.