El reciente estallido social en Colombia dejó 46 víctimas fatales, indicó la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe divulgado el miércoles.
IDAED / Antilavado de Dinero.
Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.
“Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública”, indicó Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada, en la presentación del informe.
La oficina recibió información sobre la muerte de 63 personas: de ese número verificaron que 46 de ellas perdieron la vida en el marco de las protestas -44 civiles y dos policías-, la mayoría por armas de fuego o impactos de proyectiles de gas lacrimógeno.
En 28 de estos casos los miembros de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, de acuerdo con el informe de la ONU. Se trata de un número mayor al documentado por Human Rights Watch de 25 víctimas.
En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron actores no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su “preocupación” porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.
La oficina en Colombia de la ONU pidió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las protestas.
El “Paro Nacional”, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prolongó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato. La protesta contra los impuestos derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma de la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Las protestas sucedieron en todo el país y fueron mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, hubo focos de violencia y en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el paso de personas, alimentos e insumos médicos. Más de 3.000 civiles y policías resultaron heridos.
La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y periféricos, eran hijos de padres campesinos, indígenas, afrodescendientes y desplazados por la violencia.
Durante las protestas se registraron 60 víctimas de violencia sexual. La oficina verificó que en 16 casos los policías serían los presuntos responsables.
Como buenas prácticas durante las manifestaciones el informe resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener “cero tolerancia con los abusos” de la fuerza pública.
La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar “efectivamente los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica”, reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.
Tras los cuestionamientos, el gobierno ha implementado una serie de reformas al interior de la policía que incluyen una Dirección de Derechos Humanos.
El informe basó su información en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios gubernamentales, más de 370 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.
La víspera la oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.
