Resultados concretos y no palabras. Esto es lo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) espera del Estado venezolano en materia de derechos humanos y justicia.

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Así, aunque saludó las reformas legales, administrativas e institucionales que las autoridades han puesto en marcha o anunciado en los últimos meses, con el propósito de agilizar las investigaciones sobre violaciones a las garantías fundamentales y evitar que las mismas se repitan, la instancia puso en duda la efectividad de las mismas.

En su última actualización oral sobre la situación del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizada el pasado 17 de marzo, la presidenta de la MDH, Marta Valiñas, objetó la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de reformar alrededor de media docena de leyes, hecho bautizado por Acceso a la Justicia como «paquetazo penal», así como el nuevo proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por último, dejó en claro que las condenas judiciales impuestas a funcionarios policiales y militares en algunos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos están lejos de poder considerarse como una muestra de voluntad de hacer justicia y de reparar a las víctimas.

Valiñas señaló lo siguiente en su exposición:

«Se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia (…) A partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado».

Para probar su punto, recordó que el Parlamento realizó una reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en la cual se redujeron los lapsos para algunos procesos y la duración de la prisión preventiva. No obstante, la Misión halló que «todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada».

Asimismo, la jurista portuguesa mencionó el caso del director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, como ejemplo de que en Venezuela los ciudadanos, en particular los opositores, disidentes o defensores de derechos humanos, enfrentan graves peligros por el simple hecho de contradecir la versión oficial de los hechos. «La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca», expuso.

Un remedio peor que la enfermedad

Valiñas, en su informe, también criticó la reforma que sufrió la Ley Orgánica del TSJ, la cual abrió las puertas al proceso de designación de magistrados en curso, por considerar que algunos de los cambios «no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial».

La MDH criticó la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual está integrado por once diputados y diez representantes de la sociedad civil, pese a que la Constitución no menciona que los legisladores puedan participar. Sin embargo, lo que más le preocupa a la instancia es que se les haya permitido a los miembros del máximo juzgado que están en el ejercicio actualmente volver a presentarse como candidatos.

Valiñas explicó al Consejo que:

«La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución».

Treinta y ocho de los sesenta y cuatro magistrados actuales, veintinueve de ellos principales, se postularon, según figura en la primera lista presentada por el Comité evaluador a finales de febrero.

El proceso de regularización de los fiscales del Ministerio Público (MP), que a finales del año pasado anunció el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, tampoco contó con el visto bueno de la Misión. ¿El motivo? Al circunscribir su ámbito de aplicación exclusivamente a los funcionarios en ejercicio no garantiza que «el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público».

Bien, pero insuficiente

Marta Valiñas también se refirió a las condenas que en los últimos meses los tribunales han impuesto a policías y militares implicados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En particular se refirió a los fallos contra los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que torturaron hasta la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019 y contra los dos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que dieron muerte al concejal Fernando Albán en 2018. Pese a que calificó ambos como «avances», dejó en claro que eran insuficientes.

«Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello», afirmó Valiñas, al tiempo que anunció que

«estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos».

Hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación contra altos funcionarios, pese a que delitos como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y masivas, la tortura y las desapariciones forzadas, así sean de corta duración, se han convertido en una práctica habitual en la totalidad de los cuerpos policiales y militares del país en los últimos años.

La MDH no solo realizó cuestionamientos, sino que también dio primicias. Así, reveló que Miguel Dos Santos Rodríguez y Keibert Cibelli Moreno, los agentes del Sebin, que en diciembre pasado fueron condenados a poco más de cinco años de prisión, tras admitir que asesinaron a Albán cuando lo tenían bajo su custodia en 2018, ya se encuentran en las calles.

Al respecto expuso Valiñas:

«En diciembre de 2021, un detective y un inspector del Sebin fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables, en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la Sala 10 de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad».

La MDH también tomó nota del anuncio de Tarek William Saab, según el cual desde agosto de 2017, cuando fue designado por la ANC, 185 funcionarios de organismos de seguridad han sido condenados por distintos tribunales al incurrir en violaciones contra las garantías fundamentales. Sin embargo, advirtió que

«la falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores, continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El último informe de la MDH pone de manifiesto el fracaso de las autoridades venezolanas en sus intentos por simular o hacer creer al mundo que están impartiendo justicia y tomando medidas para evitar la ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos humanos en el país. El reporte de esta instancia de la ONU debería servir para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ponga en marcha las investigaciones para determinar quiénes son específicamente los responsables de los crímenes de lesa humanidad, por cuanto la justicia hasta ahora ha sido incapaz o no ha tenido la intención real de hacer esa tarea.

Confiamos en que el Consejo de Derechos Humanos extienda el mandato de esta instancia, a fin de seguirle prestando atención a los acontecimientos en Venezuela y para que reporte a la comunidad internacional si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.