El defensor de los derechos humanos nicaragüense Pablo Cuevas informó este viernes que decidió abandonar Nicaragua junto con su familia alegando «razones de seguridad» y en medio de una serie de juicios contra líderes opositores, activistas y periodistas condenados por delitos considerados «traición a la patria».

Idaed / Swissinfo

Cuevas, que trabajó como asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a periodistas que desde el año pasado ha venido recibiendo amenazas de muerte o de encarcelamiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la liberación de los «presos políticos» de Nicaragua.

«Tome la triste decisión de abandonar mi país. No lo estoy haciendo porque desista de la lucha en defensa de los derechos humanos, lo estoy haciendo porque, la verdad, es que ya he hecho sufrir demasiado a mi familia, los he expuesto suficiente y tengo que hacerlo. No hay opciones», explicó el activista de 53 años.

Cuevas, que trabajó por 23 años en la CPDH, aseguró que el año pasado fue víctima de amenazas, asedio y persecución por parte de agentes de la Policía Nacional y seguidores del Gobierno sandinista, y que las mismas continuaron en lo que va de este 2022.

Afirmó que en tres ocasiones, que intentaba dar acompañamiento a personas en ámbitos legales fuera de Managua, la Policía le impidió salir de capital y fue devuelto escoltado hasta su centro de trabajo o domicilio.

«En octubre llegó a la oficina una pareja, que mencionó que habían sido coaccionado por organismos de inteligencia para terminar con mi vida. En diciembre fui amenazado por un par de oficiales de policía, y el 4 de marzo recibí un aviso de que iban a llegar a mi casa a traerme la policía» para encarcelarme, relató.

«Y el 11 de marzo llegó la policía ya a mi casa preguntando por mí, preguntando por mi hijo, fueron donde los vecinos» y hasta a la casa de sus suegros, agregó.

Cuevas anunció que seguirá desarrollando su labor de defensa de los derechos humanos y que se encuentra en un proceso para instalar una organización que pueda apoyar a los migrantes nicaragüenses que desconocen los trámites para legalizar su estancia en otros países, como Costa Rica y Estados Unidos, al momento de solicitar refugio.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.