La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en el 141° período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la “precariedad” de las prisiones en Venezuela, informó la organización.

RL / Idaed / Infobae

La directora de la OVP, Carolina Girón, participó en una audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad y, en ella, denunció que el hacinamiento en las cárceles es “crítico”, detalló la ONG en un comunicado.

Según las cifras difundidas por el observatorio, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.

En ese contexto, Girón recalcó que, durante 2020, se registraron 292 muertes de presos, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, dos casos que suponen más de 60 % de los fallecidos en los penales venezolanos.

“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes”, subrayó.

Según las cifras difundidas por el observatorio, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos. EFE/Joebeth Terriquez/Archivo

La abogada también explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos tipos de centros de detención: los abiertos, “que son controlados por presos”, y los que permanecen bajo régimen “con estricto control” del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, añadió.

Frente a esta situación, añade el comunicado, Girón recordó que en Venezuela hay nueve centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos”.

Hizo hincapié en que, desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, “no se han practicado pruebas para descartar contagio por COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”.

Acerca de la atención médica, comentó que los presos dependen de los familiares para suministrar medicinas y solicitar los traslados a los centros de salud.

Lo mismo sucede con la comida y agua, que escasea y los parientes deben llevarla a los presos.