Según una Organización No Gubernamental (ONG) venezolana, 13 reclusos considerados presos políticos han sido trasladados del centro de detención de Ramo Verde a cárceles para delincuentes comunes, lo que supuestamente pone en peligro la revisión judicial de sus casos.

RL / Idaed / Mercopress

La directora de Justicia Venezolana, Lilia Camejo, explicó que estos traslados eran arbitrarios ya que ningún juez los había autorizado y que los familiares y abogados de los reclusos nunca fueron informados de las medidas.

Camejo también precisó que, de los 13 detenidos, 4 fueron llevados al penal de Rodeo II, 3 a Rodeo III y los otros 6 a Yare III.

La ONG también señaló que estos internos fueron quienes presuntamente asaltaron una base militar el 6 de agosto de 2017, conocida como Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo.

Tras el incidente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que había sido un “ataque terrorista” y pidió extremar las medidas de seguridad en las instalaciones militares a nivel nacional.

Justicia Venezolana dijo que el juicio había comenzado en el Circuito Judicial Penal de Carabobo, pero la distribución de los presos en al menos cinco cárceles diferentes y distantes puede llevar a la “interrupción” del proceso.

“Con esta distribución de los acusados en este caso, es muy difícil ver que habrá una coordinación adecuada en cuanto a los traslados a la corte para la continuación del juicio”, dijo Camejo.

También explicó que el juicio comenzó en mayo del año pasado en jurisdicción de la justicia militar, pero luego pasó a la justicia ordinaria a raíz de la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), por lo que todo el proceso debió empezar de cero.

“El caso Paramacay, que inició con un retraso procesal de dos años, se vio afectado por la reforma legal del COJM de 2021, que retrasó aún más el proceso y ahora enfrenta la posibilidad de que el juicio sea interrumpido por la decisión de traslado de los imputados a distintos centros penitenciarios, ninguno ubicado en las inmediaciones del juzgado de instrucción que lleva la causa”, subrayó la ONG.