La nueva “reforma judicial”  que adelanta el oficialismo puede costarle el cargo a cualquier de los 13 magistrados “exprés” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron piezas clave para quitarle a la oposición la mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y para anular las atribuciones de ese Parlamento.

RL / Idaed / Efectococuyo

Desde que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una fase de investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, las autoridades venezolanas se esmeran por hacer ver que están depurando el máximo tribunal del país, señalado de ser cómplice de la sistemática violación de los derechos humanos por la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU.

Los magistrados “exprés”, bautizados así porque su designación se realizó en pleno asueto navideño, desconociendo los lapsos legales establecidos, fueron nombrados en 2015 para desempeñarse por un periodo de doce años, pero su mandato podría acortarse porque la actual Asamblea Nacional, de mayoría chavista, redujo el número de magistrados a 20  e inició un proceso para renovar todos estos cargos.

Si bien la reforma de la Ley Orgánica del TSJ permite que los actuales magistrados aspiren a la reelección, el Comité de Postulaciones Judiciales será quien tenga la última palabra.

Esta «reforma judicial» es cuestionada porque las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, que dieron origen a la actual Asamblea Nacional chavista, son desconocidas por una parte de los venezolanos y de la comunidad internacional que la consideran un fraude. Adicionalmente, la falta de representación opositora en este cuerpo parlamentario le da todo el poder al oficialismo para configurar el Poder Judicial sin ningún tipo de contrapeso.

Sin credenciales

La ONG Acceso a la Justicia investigó el perfil de los denominados magistrados exprés y concluyó que solo tres de los 13 cumplían con los requisitos establecidos en la ley:

Mientras que solo uno de los siete integrantes de la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis que integran el TSJ, se ajustaba a derecho: Arcadio Delgado:

Nombramientos inconstitucionales

A propósito del nuevo proceso de designación que inició el oficialismo, es pertinente recordar los hitos que marcaron la selección en 2015:

5/10/2015. Comité de Postulaciones Judiciales abre lapso de postulación para el cargo de magistrado.

16/12/2015. Se preseleccionan los candidatos a magistradas y magistrados del TSJ.

23/12/2015. AN nombra a los 13 magistrados y 21 suplentes. La designación se produjo un día antes de que concluyera el lapso legal de impugnaciones, establecido en la Ley Orgánica del TSJ.

El Comité de Postulaciones Judiciales y la AN de entonces violaron un artículo de la Constitución (264), cinco de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (38, 70, 71, 73 y 74), dos del Reglamento del propio comité (5 8 y 64) y «todos los principios y normas internacionales sobre independencia judicial, separación de poderes y democracia», según Acceso a la Justicia.

Estas irregularidades también fueron denunciadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz, antes de ser destituida, quien de forma sorpresiva se opuso a la nueva constitución del máximo tribunal e incluso introdujo una demanda de nulidad en contra de esos nombramientos que fue rechazada.