El naufragio de dos botes que zarparon de un estado costero en Venezuela hacia Trinidad y Tobago develó una red de explotación sexual de menores de edad y tráfico de migrantes en la que participan presuntos funcionarios de cuerpos de seguridad, una señal más de la proliferación de economías criminales ante la crisis económica del país.
En menos de un mes, dos embarcaciones que salieron ilegalmente de Güiria, en el estado Sucre, con rumbo al vecino país de Trinidad y Tobago, fueron aparentemente golpeadas por el oleaje, y naufragaron dejando como saldo 52 personas desaparecidas y 10 sobrevivientes.
A partir de la investigación del primer naufragio ocurrido en abril, y tras las denuncias de familiares de víctimas y de una de las sobrevivientes, las autoridades capturaron a nueve sospechosos de trata de personas ya que, aparentemente, muchas de las pasajeras viajaban a la isla para ser prostituidas, algunas bajo engaño.
Dos fuentes aseguraron a InSight Crime que entre los detenidos se encuentran dos militares, presuntamente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y una funcionaria del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Además, diputados de la Asamblea Nacional y familiares señalan que oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago también estarían implicados.
El segundo barco se hundió el 16 de mayo con un estimado de 29 pasajeros a bordo, con varios niños entre los desaparecidos.
Otra fuente señaló que dos de los sobrevivientes del primer bote, el capitán de la embarcación y un profesor se encuentran detenidos. El capitán del segundo bote, hasta el momento el único sobreviviente de ese naufragio, posee antecedentes por trata de personas y está prófugo en Granada.
Las autoridades habrían detenido a cinco personas más, dueños de hoteles en Güiria donde presuntamente se hospedan las víctimas de trata sexual provenientes de otras partes del país, pero fueron liberados.
De acuerdo a los habitantes de Güiria, las embarcaciones cobran hasta US$250 por cada pasajero con destino a Trinidad y Tobago.
Sin embargo, en el caso de las adolescentes —quienes viajan engañadas para prostituirse en la isla— el traslado era gratis, pues luego eran vendidas por US$300 a redes de esclavitud sexual en Trinidad y Tobago.
El negocio de la trata de personas es, señaló una fuente dentro de los puertos, manejado por varias personas que captan principalmente a niñas de 15 y 16 años para trasladarlas al pueblo, donde son maquilladas, peinadas y vestidas con ropa nueva para ser entregadas a otro grupo que las lleva a la isla caribeña en la noche.
Dos botes con rumbo a Trinidad y Tobago naufragados en menos de un mes demuestran cómo la desesperación de los venezolanos que intentan huir del país en busca de mejores condiciones de vida está incrementando dos economías criminales donde las personas son una mercancía de cambio: la trata y el tráfico de personas.
Ambos negocios parecen estar en auge en Venezuela impulsados por redes criminales que intentan capitalizar la falta de oportunidades producto de la grave crisis económica y humanitaria que vive la nación. Además de evidenciar la participación de funcionarios de seguridad corruptos tanto en Venezuela como en la isla caribeña.
Los grupos criminales se valen de maestros de escuelas pobres y vecinos para captar a niñas cuyas familias están en condiciones económicas vulnerables. Les hacen atractivas ofertas monetarias, promesas y regalos.
En las últimas semanas, otras cinco personas fueron detenidas por este delito. Tres fueron capturadas cuando se dirigían a Güiria en un vehículo con cinco jóvenes sin documentos de identidad, tres de ellas adolescentes, y los otros dos cuando gestionaban la lancha en que transportarían a las víctimas a la isla.
En esta economía criminal, cada barco cargado de víctimas de explotación sexual que llega a Trinidad y Tobago puede conseguir ganancias entre US$3.000 y US$12.000, según los diputados venezolanos.
Una fuente comentó a InSight Crime que la trata de personas es una economía criminal de larga data, con presencia en la costa venezolana desde hace al menos 15 años, lo que podría indicar que estas redes criminales han logrado establecerse, crear conexiones con las autoridades locales y expandirse a otros estados. De hecho, varias de las víctimas provenían de estados en los extremos del país, desde Táchira hasta Delta Amacuro.
Más allá, el silencio oficial, la falta de vigilancia y controles que permiten el zarpe de embarcaciones ilegales y las irregularidades en ambos casos dejan entrever cómo la actuación de las autoridades podría estar comprometida con las redes de trata. En el caso de la primera embarcación, la búsqueda fue iniciada tres días tarde y cesó poco después de encontrar al único grupo de sobrevivientes.
Los problemas en la búsqueda se repitieron en el segundo caso. Hasta ahora no se tiene mayor información sobre las causas específicas del naufragio, ni se han encontrado cuerpos o restos de la embarcación, por lo que una de las hipótesis apunta a que podría tratarse de un secuestro.
Se trata de otros grupos criminales actuando en alta mar que interceptan las embarcaciones para presuntamente secuestrar a los migrantes y exigir pagos de rescates en dólares, según denunciaron algunas fuentes en Sucre.
Este es otro nuevo elemento que apunta a la conexión de otra banda de Trinidad con los hechos, cuyo líder ha sido identificado como Vaughn Mieres, alias “Sandman”. Esta organización sería la responsable de los supuestos secuestros de migrantes para esclavitud sexual. Un relato conocido pudiera confirmar este señalamiento.
Una de las jóvenes sobrevivientes dijo que, tras volcarse el primer bote, escuchó el sonido de una moto de agua y los gritos de otras mujeres, por lo que sospecha que una embarcación llegó a “rescatar” a las víctimas. Se presume que sería desde Trinidad, pues las jóvenes “rescatadas” no han aparecido. Los familiares no descartan que hayan sobrevivido y estén en la isla siendo explotadas.
