El hundimiento de un pequeño barco que se dirigía hacia Curazao proveniente de Venezuela y la desaparición de todos sus ocupantes podrían ser un indicio de que los grupos narcotraficantes también están controlando las rutas de tráfico de personas en la región.
El 7 de junio, el grupo de 32 migrantes, junto con tres miembros de la tripulación, zarpó de Punta Aguide, en el estado de Falcón, ubicado en la costa Caribe de Venezuela. El 11 de junio se reportaron como desaparecidos, y un mes después su paradero aún no se conoce.
La desaparición fue reportada como naufragio, una tragedia cada vez más común entre los migrantes que intentan huir de la crisis de Venezuela por el Caribe. En lo que va del año, se han registrado tres naufragios con más de 80 migrantes en total.
Después de este último naufragio, los familiares de los afectados informaron que todos los migrantes llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha encontrado un cuerpo: el de Elio Ramones, identificado en Curazao el 12 de junio. Para sorpresa de las autoridades, el cadáver parecía reciente, lo que sugiere que el hombre había muerto varios días después del supuesto naufragio.
El Secretario de Seguridad del estado Falcón, Oswaldo Rodríguez León, quien coordina la búsqueda de los desaparecidos, declaró que “no es posible que no se localice ni rastro de las 32 personas que desaparecieron en ese naufragio; los cadáveres deberían estar flotando en caso de que hayan ahogado. Hay que investigar a piratas que pudieron habérselos llevado”.
El 11 de julio, dos hombres fueron arrestados por reclutar migrantes en Vela de Coro, ciudad ubicada en la costa norte de Venezuela. Sin embargo, estas detenciones no les han aportado a las autoridades mayores indicios que les permitan ubicar a los desaparecidos.
En el mes de junio, los sobrevivientes de otro naufragio dieron a conocer una ruta de trata de personas utilizada para transportar mujeres y niñas vulnerables desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, donde eran vendidas para el comercio sexual.
En el caso de Falcón, los habitantes de la región consultados por InSight Crime dicen que el tráfico de personas es utilizado como fachada para los cargamentos de drogas enviados a las islas del Caribe Holandés (Aruba, Bonaire y Curazao), que se encuentran a una distancia de entre 15 y 50 millas náuticas de la costa de Venezuela.
Según fuentes locales, tanto la cocaína como la marihuana llegan por tierra y son almacenadas en chozas en las playas de Falcón. Luego, en las horas de la noche, las drogas son subidas a pequeñas embarcaciones que parten hacia las islas vecinas como si fueran transportadores de migrantes, pero con cargamentos de hasta 8.000 kilos por día.
Aunque las declaraciones de los habitantes de la región no están oficialmente corroboradas, sí están respaldadas por las grandes incautaciones de drogas realizadas recientemente en la carretera Lara-Falcón, en dirección hacia la costa de Falcón.
A los migrantes se les engaña para involucrarlos en el plan diciéndoles que se les cobrarán tarifas bajas. Las 32 personas desaparecidas habían pagado supuestamente US$400 por el viaje, en comparación con la tarifa estándar de entre US$650 y US$700.
InSight Crime habló con tres familias de Vela de Coro cuyos seres queridos iban a bordo del barco que naufragó y que se encuentran desaparecidos. Dicen que luego de la desaparición comenzaron sus propias investigaciones, e incluso indagaron con familiares en Curazao. Afirman que el barco perdido llevaba un cargamento de drogas a Curazao y que dicho cargamento efectivamente llegó a su destino, pero con 500 kilos menos de lo esperado, lo que apoya su sospecha de que los migrantes fueron secuestrados porque el capitán no entregó el cargamento completo.
Las familias también han comenzado a buscar en los cerros en los alrededor de Punta Aguide, donde creen que los migrantes eran retenidos antes de abordar los barcos. Sin embargo, se requiere de helicópteros para explorar el montañoso territorio controlado en gran parte por narcotraficantes.
Hay quienes señalan la inadecuada respuesta oficial como evidencia de que existe complicidad criminal. Aunque las autoridades fueron notificadas de la desaparición un día después de ocurrida, la búsqueda no se inició sino hasta el 11 de junio, es decir, cuatro días después.
Además, se ha dicho que las autoridades sabían del viaje antes de que el barco zarpara. Los familiares que hablaron dicen que los migrantes tenían la intención de partir el 6 de junio, pero que fueron interceptados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), los cuales robaron algunas de sus pertenencias, incluso sus teléfonos móviles, y le quitaron US$1.000 al capitán. Los migrantes pasaron la noche ocultos en el bosque y partieron a la noche siguiente.
Al parecer, los funcionarios del CICPC también han estado involucrados en otros casos de abuso a los migrantes, incluida la ruta de tráfico sexual a Trinidad y Tobago que se dio a conocer en junio.
Este no es el primer barco de migrantes venezolanos que desaparece. De un barco que desapareció el 16 de mayo cuando se dirigía a Trinidad y Tobago no se han encontrado cadáveres, restos ni pasajeros sobrevivientes.
