Se mantiene la ausencia de datos transparentes sobre la incidencia de la COVID-19 en población indígena toda vez que el plan de vacunación para estos ciudadanos avanza con lentitud.

RL / Idaed / Correodelcaroni

Junio ha sido el mes con más casos de COVID-19 en el estado Amazonas, reporta el monitoreo más reciente de la Asociación Civil Kapé-Kapé.

De acuerdo con la organización, en ese mes se reportaron oficialmente 486 casos nuevos de COVID-19, lo que quiere decir que en ese mes se concentró el 32% de los nuevos casos de COVID-19 reportados en la entidad desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020.

Según el balance oficial, la entidad contabiliza hasta este 8 de julio 1.512 personas contagiadas y 33 fallecidas desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los casos se concentran en la capital del estado, Puerto Ayacucho, donde están centralizadas las pruebas diagnósticas PCR.

Los más de 60 pueblos indígenas de Amazonas -entre ellos yekuanas, yanomamis, yeral, bares, curripacos y piaroas- representan 53% de la población de la entidad. Desde inicios de junio, Kapé-Kapé denunció que los indígenas fueron excluidos de la primera fase de vacunación masiva contra la COVID-19, al no acondicionar centros de vacunación cercanos a los ejes carreteros donde habitan la mayoría de los pueblos originarios de la zona.

Vacunación incipiente

El vocero de Kapé-Kapé en Amazonas, Simeón Rojas, informó que hasta el momento solo han enviado -al menos de forma pública- 600 dosis de vacunas contra la COVID-19 al municipio Alto Orinoco (con 16.421 habitantes, 95% indígenas), y 100 vacunas al municipio Maroa (que tiene 2.700 habitantes). La vacunación se ha hecho con apoyo logístico del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).

El investigador explicó que el municipio Atures, donde está la capital del estado, salvo el casco urbano, no ha sido abordado. Señala que la falta de combustible y logística para atender a las comunidades de acceso terrestre, aéreo y fluvial son el principal obstáculo de la vacunación a pueblos originarios.

Mientras tanto los indígenas enfrentan la COVID-19 (que a veces no reconocen como tal), con medicina tradicional en la mayoría de los casos, pues la mayoría de los módulos de salud no tienen más que el mobiliario. “Aunque Minsalud acude si hay indicios de algún foco en una comunidad”, señala Rojas.

Las jornadas de despistaje contra la COVID-19 tampoco se hacen con frecuencia, y las pruebas PCR que se aplican -cuando hay-, se hacen solo a personas sintomáticas. Lo que contradice el protocolo de vigilancia epidemiológica para identificar la cantidad de contagios.

“Hay libre circulación en el municipio, los indígenas se movilizan hacia la capital con frecuencia para comprar y vender. Y cualquier lado puede ser un foco de COVID-19 aquí, porque no todos cumplen las medidas de bioseguridad”, informó.

Los indígenas están en constante movimiento hacia la capital de Amazonas, Brasil y Colombia, especialmente quienes no pueden autoabastecerse en sus territorios, lo que los hace aún más vulnerables al contagio por COVID-19.

Hay solo tres grupos indígenas en aislamiento voluntario en la entidad a causa de la incursión de grupos armados.

Incertidumbre entre pueblos originarios

Hace un año y tres meses inició la alarma sanitaria por la pandemia, y hasta el momento, la incidencia de la COVID-19 en esta población históricamente vulnerable a enfermedades infecciosas permanece engavetada.

Los últimos datos -extraoficiales- que obtuvo la organización datan de noviembre de 2020. Entonces se contabilizaban 267 casos positivos de COVID-19 y 12 fallecidos entre las comunidades indígenas de Amazonas.

El boletín 23 de la organización Wataniba, con un análisis de data hasta el 23 de mayo, y publicado el 1 de junio, indica que de los tres estados de la Amazonía venezolana (Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas), Amazonas registra la letalidad más alta y un incremento de 20% en el número de nuevos contagios. Establece que Amazonas cuenta con una tasa aproximada de contagios de 473 por cada 100 mil habitantes, y 35 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

“Continúa llamando la atención el bajo número de defunciones reportadas por coronavirus a pesar del incremento continuo en el número de casos y de enfermos de gravedad en una región con un sistema de salud con carencias importantes”, versó el informe.

No hay números oficiales sobre los decesos y sus causas, sin embargo, organizaciones no gubernamentales y personal sanitario de las comunidades se guían por las manifestaciones clínicas de la enfermedad que diezma la población indígena. Es la única forma que tienen para tomar el pulso a la enfermedad.

Desde el inicio de la alarma sanitaria, los focos de contagios más importantes se han concentrado en los municipios fronterizos con Brasil y Colombia: Río Negro, Maroa y Atures. Una de las comunidades más afectadas en un principio fue La Esmeralda, fronteriza con Brasil y habitada mayoritariamente por indígenas yanomamis que cruzan con frecuencia la frontera para recibir asistencia médica en el país vecino.

El trabajo de investigación El coronavirus se adentra más que el Estado en la selva profunda, publicado por Armando.info, reveló que la red de servicios en el Alto Orinoco -municipio fronterizo con Brasil donde se encuentra la comunidad La Esmeralda- cuenta con 21 establecimientos sanitarios que se ubican en 19 localidades. De esos, solo funciona un centro de salud, el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, con un solo médico, estantes sin medicinas y tuberías sin agua.

Wataniba recalcó la necesidad de implementar cuanto antes un plan de vacunación masivo en el estado, que se adapte a las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. También urge diseñar una campaña de prevención de contagios adaptada a la cosmovisión indígena, difundida también en su lengua.