La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sostuvieron una reunión en Suiza este martes 16 de noviembre y acordaron mantener de forma regular un intercambio de información y diálogo constante.
IDAED / Tal Cual.
A través de la cuenta en Twitter de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH se indicó que el acuerdo alcanzado entre Michelle Bachelet y Karim Khan buscará «reforzar los objetivos compartidos de rendición de cuentas, derechos humanos y debido proceso».
Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan manifestó sentirse «encantado» de reunirse con Bachelet y por haber llevado a cabo «constructivas discusiones».
Tanto la Oficina de Bachelet como del fiscal de la CPI han firmado memorandos de entedimiento con la administración de Nicolás Maduro para conocer de primera mano la situación de derechos humanos en Venezuela, en especial por las reiteradas denuncias de graves violaciones cometidas por los organismos de seguridad.
En el caso de la Oficina de la Alta Comisionada, ese memorando se extiende a una misión en el terreno, mientras que el firmado por Karim Khan está orientado a cooperación en materia judicial.
Además, el pasado 3 de noviembre, durante la firma del memorando de entedimiento, el fiscal de la CPI anunció que esa instancia abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir de 2017, en el marco de manifestaciones antigubernamentales y operativos de seguridad.
El 24 de septiembre, la situación de Venezuela estuvo nuevamente bajo revisión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras la publicación del segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre el país respecto a la independencia judicial.
La presidenta de la Misión, Martha Valiñas, compartió nuevamente los hallazgos sobre un sistema judicial «comprometido» con violaciones de derechos humanos en el país, principalmente por la persecución de opositores o personas que el Gobierno perciba como tal.
