Primer revés para el goierno de Nicolás Maduro. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición de la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad, ordenando que los casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio.

RL / Idaed / ABC

El fiscal chavista, Tarek William Saab, solicitó un control judicial, es decir, que se ocultara la identidad de las víctimas, lo cual fue impugnado por la Fiscalía de la CPI, que además establece como tope para su pronunciamiento el día 23 de julio. «La CPI destaca que es conveniente establecer un plazo para que Venezuela presente versiones públicas redactadas como se establece (…) En consecuencia, se invita a Venezuela a presentar versiones públicas redactadas de dicho material a más tardar el 21 de julio de 2021», dijo el activista Humberto Prado.

La decisión de La Haya está fechada el 2 de julio de 2021 y firmada por el presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares, Péter Kovács; el juez Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y la juez María del Socorro Flores Riera. Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, destacó en la página del Gobierno interino que preside Juan Guaidó que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Asad Ahmad Khan, está a cargo de establecer una decisión de la Corte, «la cual esperamos sea pasar a la investigación».

La comisión presidencial envió un documento anexo a la Fiscalía de la CPI con el nuevo informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, del cual hará lectura el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que establece de modo preciso la falta de independencia y autonomía del poder judicial en el país.

El caso de Fernando Albán

En mayo pasado el fiscal chavista Saab sorprendió al enviar a la CPI un informe en el que aseguraba que el concejal por Caracas Fernando Albán no se suicidó en octubre de 2018, sino que fue asesinado mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y que el estudiante Juan Pablo Pernalete sí perdió la vida a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una protesta antigubernamental en 2017.

«Más que la confirmación de una sospecha, parece una maniobra destinada a evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal contra altos funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad», dijo Transparencia Internacional, capítulo Venezuela.