«A las palabras se las lleva el viento». El Gobierno de Nicolás Maduro se ha tomado al pie de la letra este refrán popular pues incumplió las promesas que le hizo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace cinco años en materia de independencia judicial y Estado de derecho.

RL / Idaed / Accesoalajusticia

La denuncia la formuló Acceso a la Justicia en el informe que le remitió a la instancia internacional, en el marco del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que se someterá el país a finales de este año, y en el cual asegura que debido a este incumplimiento la situación del país ha empeorado en el último lustro.

Durante el II Examen, celebrado en 2016, las autoridades venezolanas se comprometieron motu proprio a adoptar algunas medidas para garantizar que los jueces y fiscales pudieran actuar con autonomía. Entre estas figuraba la reanudación de los concursos de oposición para la adjudicación de tribunales y fiscalías, pues a pesar de que la Constitución lo ordena en su artículo 255, no se han realizado desde 2004 concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial; incluso, si bien en 2016 se aprobaron las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, estas permiten que participen solamente quienes ya están dentro de la judicatura, lo que es discriminatorio, y no prevén que en la selección de los jueces participe la sociedad civil.

Además, se le recordó al Consejo que más del 80% de los jueces y por lo menos el 96% de los fiscales del país son provisorios. La situación de la Defensa Pública aún es peor y llega al 100%, porque allí jamás se ha celebrado un solo concurso.

La situación de provisionalidad en la que se encuentran los jueces, fiscales y defensores públicos los hace susceptibles de ser objeto de presiones y abre las puertas a que sus decisiones sean manipuladas por factores externos. ¿La razón? Pueden ser removidos de un momento a otro, sin ningún tipo de procedimiento que les garantice el debido proceso.

Cómplice de la crisis humanitaria

Tras señalar que la provisionalidad ha facilitado que todo el sistema de justicia se encuentre cooptado y politizado, Acceso a la Justicia denunció que esta situación ha terminado abriéndole las puertas a la emergencia humanitaria que hoy vive el país y que ha sido denunciada desde 2016, pues el máximo juzgado lejos de controlar las actuaciones y políticas del Gobierno las ha avalado, sin importar las consecuencias. Ello demuestra que el Poder Judicial se encuentra alineado con el Ejecutivo nacional en su línea de negar la existencia de la crisis humanitaria.

Asimismo, se recuerda que en 2020 la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó en claro que la situación de provisionalidad de los jueces abre las puertas para que no tomen sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas presentadas en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran los magistrados del TSJ, sobre todo en el ámbito del derecho penal.

El remedio para la enfermedad

Acceso a la Justicia no se limitó a formular denuncias, sino que como establece la normativa del EPU presentó trece recomendaciones destinadas a reestablecer la independencia judicial y rescatar el Estado de derecho.

Entre las peticiones destacan que los magistrados del TSJ, el fiscal general de la República, el defensor del pueblo y el defensor público sean designados según lo que se establece la Constitución y que se dé estabilidad y autonomía a los jueces, fiscales y defensores públicos mediante su designación por concursos de oposición. Asimismo, plantea que se adopten políticas de incentivos de carrera, de capacitación y de evaluación.

De la misma manera, propone que se promulgue un Código de Ética para magistrados y jueces que se ajuste a las pautas internacionales en materia de autonomía y seguridad de los jueces.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El Poder Judicial es el encargado de evitar que los gobernantes cometan abusos y atropellos contra los ciudadanos y, en caso de que ocurran, es el llamado a castigarlos y reparar a los afectados. Sin embargo, los jueces y fiscales venezolanos hace tiempo que renunciaron a este rol para convertirse en la punta de lanza del Gobierno contra la disidencia y contra los ciudadanos.

La cooptación de la justicia por parte del chavismo ha permitido el desmantelamiento del Estado de derecho y de la democracia, lo que traído como consecuencia la imposición de un régimen político-económico que ha provocado una emergencia humanitaria compleja y un éxodo de venezolanos sin precedentes en la historia. Si las autoridades hubieran acogido las recomendaciones que decenas de Estados miembros de la ONU le hicieron en los dos primeros EPU o si hubieran cumplido las que ellas mismas prometieron ejecutar, posiblemente la situación del país sería otra hoy.

Para leer el informe La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, haga clic aquí.