La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, destituida en 2017 tras fuertes críticas a la administración de Nicolás Maduro, solicitó protección internacional al Gobierno de España.
IDAED / Tal Cual.
En un comunicado remitido a la agencia de noticias Efe, Ortega Díaz relató que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España. La exfiscal se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la cuestionada asamblea constituyente, que la acusó de haber cometido «actos inmorales».
En ese momento, la abogada aseguró que esta decisión se trrataba de «un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura». En 2019, Ortega Díaz mostró su apoyo a Juan Guaido, quien ese año fue reconocido por parte de la comunidad internacional como mandatario interino.
La abogada, quien insiste ser la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, manifestó en 2017 «se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país».
Estas declaraciones se dieron tras una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que arrebataba los poderes a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Pese a que máximo tribunal revirtió sus decisiones, Ortega Díaz se mantuvo al margen del oficialismo y empezó a contradecir las versiones de las autoridades sobre la muerte de manifestantes en las protestas que se desataron ese año.
Luisa Ortega Díaz relató que estas acciones provocaron «represalias» contra ella y su familia, «sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física».
En Colombia, país al que llegó por vías irregulares, las autoridades le dieron protección internacional, le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018 y le proporcionaron una medida especial de protección como «perseguida política del régimen venezolano».
La exfiscal general también gestiones con la Corte Penal Internacional, «a la que aportó pruebas documentales» de la «violación sistemática» de los derechos humanos. Aseguró que la denuncia le originó nuevas amenazas y ataques contra su vida que se mantienen, por lo que decidió trasladarse a España y solicitar asilo.
