24 noviembre, 2024 2:26 am

Luis Vicente León: Simpatizantes de la oposición rechazan sanciones petroleras

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La encuesta más reciente de la firma Datanálisis muestra un viraje en la percepción de la población venezolana –sobre todo aquella que se declara de oposición al gobierno de Nicolás Maduro- en lo que se refiere a las sanciones que a inicios de 2019 impuso el gobierno de los Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que la dejaron sin la posibilidad de exportar crudo y combustibles hacia el mercado norteamericano.

Idaed / Petroguia

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, explica que siempre ha habido un nivel importante de rechazo hacia las sanciones a PDVSA, que son distintas a las personales que se han impuesto a funcionarios del gobierno de Maduro,  que llegaron a tener hasta 70% de aceptación y en este momento siguen siendo mayoritarias con alrededor de 53% de la población.

“Con respecto a las sanciones petroleras, el nivel estaba más parejo entre rechazo y aceptación porque estuvieron 46% en contra y 43% a favor en 2019, pero a ahora en 2022 se llega a niveles de rechazo de casi 75%,  lo que indica una percepción clara en contra de la sanción porque se agotó desde el punto de vista de expectativa y se le percibe como una amplificación de los problemas”, indica León.

“Obviamente en la oposición, el nivel de rechazo a las sanciones petroleras es más bajo que en el nivel promedio del país. Sin embargo, en el año 2022 por primera vez los autodefinidos opositores también hay un rechazo mayoritario: en este caso 52% y eso es nuevo porque en 2019 el rechazo de la oposición a  las sanciones no superaba 30%”, acota.

El representante de Datanálisis señala que la más reciente encuesta revela que solo 30% de los encuestados se define de oposición, alrededor de 20% se considera oficialista o chavista y 50% se define como no alineado políticamente.

“El rechazo más fuerte a las sanciones petroleras está entre los no alineados políticamente y en los chavistas que es total”, acota.

Otro aspecto que midió esta encuesta es la percepción sobre la responsabilidad de la escasez de combustibles en Venezuela o las fallas en el suministro eléctrico y al respecto siguen señalando en primer lugar a la administración de Nicolás Maduro.

“El hecho de que se rechacen las sanciones no significa que las consideren como la raíz del problema por las fallas en el suministro de gasolina o diesel y en el caso de la electricidad la visualizan como un problema de desinversión, corrupción y falta de planificación en el gobierno venezolano”, comenta Luis Vicente León.

“Ahora sí perciben a las sanciones como una amplificación del problema  y las rechazan porque el objetivo que tuvieron no se cumplió y bloquearon la posibilidad de resolver problemas específicos de la población”, puntualizó. 

Al Chevron con cariño

El sondeo Dataanális se adentró en preguntas referidas a la posibilidad de que el gobierno estadounidense otorgue o amplié las licencias para facilitar las operaciones, inversiones y exportaciones del sector petrolero venezolano hacia Norteamérica.

“El 61% de la población está de acuerdo con que el Gobierno de Estados Unidos entregue una licencia petrolera a una compañía americana para trabajar en conjunto con PDVSA y operar en nombre de ambos proyectos en Venezuela”, dijo León en su explicación del estudio.

«El 67,2% de los venezolanos está de acuerdo con que se entregue licencia a una empresa privada que pueda administrar sus proyectos en Venezuela, incluidas las operaciones de producción de petróleo y selección de contratistas mientras PDVSA recibe sus regalías», añadió.

La encuesta incluyó la pregunta: «¿la oposición debe apoyar la flexibilización de sanciones para permitir que las empresas petroleras privadas regresen al país para aumentar producción y empleo, reparar la infraestructura petrolera y dar estabilidad y previsibilidad a la producción?», y la respuesta fue afirmativa en 79,6% y vinculado con lo anterior aparece que 74,8% de los encuestados pide que la oposición facilite una acuerdo para  que se descongelen los fondos y se puedan atender los problemas humanitarios que afectan la vida de la población y la economía del país. 

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