Junto con el llamado “gobierno interino” que encabeza Juan Guaidó, las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana acumulan ya tres años. En ese lapso, se han vuelto uno de los asuntos más polémicos en Venezuela, a propósito de su efectividad y consecuencias colaterales. Conviene, por tanto, hacer un balance.

RL / Idaed / Venezuelaladia

Antes, las sanciones esgrimidas desde Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro fueron de tipo individual. Solo afectaban a miembros de la elite gobernante con nombre y apellido. Al ver que esto no era suficiente para lograr el efecto deseado (precipitar una transición democrática), el gobierno de Donald Trump fue por lo que el chavismo ha sido la gallina de los huevos de oro: Pdvsa. Todo eso en el marco de una política de “máxima presión”, continuada por la Casa Blanca de Joe Biden.

Lo primero que hay que decir en tal sentido es que las sanciones no han cumplido con su objetivo esencial. El gobierno chavista sigue indispuesto a renunciar a su hegemonía total y permanente. Ni siquiera se ha vuelto menos autoritario. Ello sucede porque el chavismo se ha vuelto diestro aminorando los efectos las sanciones.

Los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way sostienen que un país poderoso puede presionar a otro más débil para que cambie su gobierno si el débil tiene cierta dependencia del fuerte. Esto era lo que ocurría con Venezuela al tener a EE.UU. como principal destino de sus exportaciones petroleras.

Pero los referidos especialistas también plantean que dicha capacidad merma si otra potencia interviene a favor del país presionado. Así, Rusia ha colaborado activamente con el régimen chavista para mover petróleo venezolano hacia mercados alternos y cobrar a pesar de las sanciones.

Con los fondos resultantes, Miraflores puede seguir distribuyendo recursos entre lo que los también politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith llaman la “coalición ganadora”. Es decir, el número relativamente bajo de personas que mantienen a un gobierno en el poder. En el caso del chavismo, la tan mencionada alianza “cívico-militar” que compone la elite gobernante, con foco en su elemento uniformado, por ser el que detenta la máxima fuerza bruta en el país.

Ahora bien, que el régimen venezolano pueda sobrevivir a las sanciones no quiere decir que estas no le afecten. Sí han reducido los ingresos para distribuir entre la coalición ganadora. Y si se las perfeccionara para prevenir su evasión, los ingresos se reducirían a un punto que pudiera poner al chavismo en verdaderos aprietos. Esta es la razón por la que el régimen no para de exigir el levantamiento de las sanciones y pone esto como condición sine qua non para cualquier entendimiento amplio con la oposición.

Por otro lado, no son pocos los expertos que han acusado a las sanciones de haber agravado la crisis humanitaria venezolana (por no hablar de las voces favorables al chavismo, que las culpan por haber desatado la crisis a pesar de que la misma es muy anterior). Es el caso, por ejemplo, del economista Francisco Rodríguez, quien ha publicado material de investigación al respecto. Otros especialistas, por el contrario, sostienen que el daño colateral de las sanciones en la economía venezolana en general es poco o nulo. Argumentan que antes de las sanciones, ya la elite gobernante tomaba para sí misma los recursos provenientes de la venta de crudo, mientras que las masas se empobrecían de forma dramática, y que nunca ha habido indicios de que se pretendía cambiar tal cosa.

Al margen del debate, hay efectos indeseados de las sanciones en la calidad de vida del venezolano  común que son innegables. El más notable es el agravamiento de la escasez de combustible automotor, debido a las restricciones a la importación de carburante enviado a Venezuela desde Irán.

Sin embargo, también es indiscutible que la economía venezolana ha registrado una pequeña mejora con las sanciones vigentes. En 2021, la inflación se desaceleró considerablemente, al punto de que se zafó el siniestro prefijo “híper”, y el producto interno bruto tuvo una caída minúscula comparada con años anteriores. Se espera además que 2022 sea el primera año desde 2013 que registre crecimiento económico.

Este desarrollo fue impulsado por el sector privado, mientras que el Estado absorbió el impacto de las sanciones en sus finanzas.

De hecho, para algunos expertos, la sanciones alentaron al chavismo a retirar controles de precio y de cambio que mantenían al aparato productivo privado asfixiado. Fue como una válvula de escape ante la ruina del sector público, para mantener el país abastecido de productos de primera necesidad (y de no tanta necesidad, también).

Esa tendencia tal vez ya estaba en marcha antes de 2019, debido al daño grave en Pdvsa y otras fuentes de recursos para el Estado, tras años de administración incapaz y nada transparente. Pero las sanciones habrían sido la gota que derramó el vaso.