El gobierno interino de Juan Guaidó, extendido por segundo año consecutivo, no podrá solicitar la aprobación de nuevos recursos para el ejercicio de sus funciones en 2022. De acuerdo con la reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia, la continuidad de la Asamblea Nacional y de la presidencia encargada “no representará recursos financieros ni presupuestarios distintos a los aprobados con anterioridad”.
RL / Idaed / Efectococuyo
Por lo tanto, los programas de la Asamblea Nacional, de la “defensa de la democracia”, del despacho de la presidencia, de la Contraloría especial y las relaciones internacionales “se sufragarán con el traspaso de fondos disponibles de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital”.
Una fuente del Consejo de Administración del Gasto informa a Efecto Cocuyo que los fondos para el ejercicio de las funciones del Parlamento de 2015 y del Gobierno encargado en 2022 serán superiores a los 100 millones de dólares. Sin embargo, asegura que la mayor parte de estos recursos serán usados para la defensa de activos de la República en el exterior como Citgo (filial de Pdvsa en Estados Unidos).
Estos 100 millones provienen de los 152.330.533 aprobados para el Fondo de Liberación de Venezuela que fungió como un presupuesto de funcionamiento en 2021. Los 100 millones se habían destinado a la compra de vacunas contra el COVID-19 y a la ayuda humanitaria, pero el gobierno de Nicolás Maduro usó otros fondos para adquirir las dosis, por lo que esta partida no se gastó, según el informante.
La asociación civil Transparencia Venezuela ha advertido que las prácticas del interino presuponen un «manejo opaco de las finanzas públicas” y expertos en la materia señalan que Juan Guaidó ha incumplido «buenas prácticas de transparencia fiscal«.
La Superintendencia de Sociedad de Colombia también alertó sobre el incumplimiento de protocolos de transparencia para evitar blanqueo de capitales y otras irregularidades en el manejo de activos como Monómeros.
Aquí las claves de los recursos públicos aprobados y ejecutados por el Gobierno interino durante 2020 y 2021:
En 2020 la Asamblea Nacional de 2015 aprobó 104 millones de dólares: 80 millones para el Fondo de Liberación de Venezuela, que cubre los gastos operativos de la presidencia encargada y el Parlamento, y 24 millones para el Fondo de Litigios.
Del Fondo de Liberación solo se ejecutó un 63%; es decir, se usaron 61,6 millones de dólares, según el comisionado presidencial para el desarrollo económico, Alejandro Plaz, en su rendición de cuentas.
No obstante, una investigación de Efecto Cocuyo reveló que el Parlamento de 2015 aprobó al gobierno interino hasta 177 millones de dólares, según 33 gacetas legislativas analizadas hasta noviembre de 2020. De este dinero, 71.559.991 se usaron para el pago “bajo protesta” de los tenedores del Bono Pdvsa 2020 para evitar que se apropiaran de Citgo luego de que el gobierno chavista pusiera a la filial de Pdvsa en garantía.
De acuerdo con esta investigación, el interinato había utilizado un total de 128 millones de dólares hasta noviembre de 2020.En 2021, la AN de 2015 nuevamente aprobó recursos para el Fondo de Liberación de Venezuela. Esta vez fueron 152,3 millones de dólares. La ejecución de este dinero todavía no se conoce. Los funcionarios de Guaidó indican que la rendición de cuentas de este monto se presentará en el primer trimestre de 2022.
Para el Fondo de Litigios, el gobierno interino dispuso 24 millones de dólares en 2020 que fueron usados por completo. En 2021 se aprobaron 27.363.277 más para tal fin. No se sabe si este monto se gastó en su totalidad, pero el Procurador especial, Enrique Sánchez, advirtió que las partidas aprobadas eran insuficientes para defender activos valorados en 40 mil millones de dólares.
El origen de los recursos de los que dispone el gobierno interino proviene principalmente de una cuenta a favor del Banco Central de Venezuela que está bajo custodia de la Reserva Federal con 342.279.672 dólares. Los recursos no pueden usarse sin la emisión de licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
