La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es casi un hecho. Las maniobras de la defensa no han dado frutos, y después del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde todo indica que al presunto testaferro de Nicolás Maduro solo le quedan dos opciones: colaborar con la justicia estadounidense como lo ha hecho el exescolta de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, o mantenerse leal al régimen venezolano y enfrentar en el completo olvido una pena máxima como ha ocurrido con los ‘narcosobrinos’.
RL / Idaed / EFE
El equipo legal del barranquillero, encabezado por el exjuez español Baltasar Garzón, se ha aferrado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) como último recurso. Se sentía victorioso cuando esta corte comunitaria emitió un fallo en contra de la extradición el pasado 15 de marzo. Pero la emoción le duró poco.
Dos días después se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde que autoriza la entrega de Álex Saab a Estados Unidos, tras rechazar el recurso de apelación de la defensa. De esta manera, Cabo Verde ratificaba que el tribunal de la CEDEAO no tenía jurisdicción en el caso porque este país no ratificó en 2005 el protocolo correspondiente.
Sin embargo, Saab no ha corrido con la misma suerte en EE. UU., donde el juez federal Robert Scola sí aceptó los cargos. En respuesta a la solicitud del abogado de Álex Saab que reside en Nueva York, David Rivkin, de la firma Baker & Hostetler, quien alegaba que su cliente posee inmunidad de enjuiciamiento, debido a sus cargos diplomáticos, el juez dictaminó que el testaferro de Maduro primero debe entregarse a las autoridades estadounidenses antes de poder argumentar su reclamo de inmunidad diplomática.
Estados Unidos acusa a Álex Saab de lavado de dinero y corrupción en el suministro de alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, por un monto que asciende a 350 millones de dólares. La jurisdicción de Estados Unidos se da porque el dinero venezolano que Saab habría logrado lavar lo depositó en cuentas estadounidenses. El caso se ha debatido entre lo jurídico y lo diplomática. Por tal motivo, PanAm Post entrevistó a dos expertos en ambas materias.
El objetivo de EEUU es que Saab cuente lo que sabe
La exdiplomática venezolana-estadounidense, Vanessa Neumann, explicó que por tratarse de un caso “de muy alto perfil”, Álex Saab recibirá el mayor tiempo en prisión que permitan las leyes de Estados Unidos. Los precedentes indican que podría correr la misma suerte de Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, los dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, quienes fueron arrestados en 2015 por traficar 800 kilogramos de cocaína a EE. UU. y recibieron una condena de 18 años. Ellos escogieron la lealtad al régimen. Hoy cumplen más de cinco años presos y ya ni en el Palacio de Miraflores se acuerdan de ellos.
“Hay dos sitios donde estas jurisdicciones son muy fuertes. Uno está en Miami y el otro en Nueva York, en el distrito sur de Nueva York, que llevó el caso de los ‘narcosobrinos’”, recuerda Vanessa Neumann.
En una entrevista que ofreció Álex Saab a la agencia EFE aseguró que no colaboraría con la justicia estadounidense. Pero su situación es compleja. Está entre la espada y la pared. Y en cualquiera de los dos escenarios enfrenta un camino difícil.
“Estados Unidos va a poner preso a Álex Saab”. De eso no tiene duda la exembajadora del Gobierno interino de Juan Guaidó en Reino Unido. Pero el principal objetivo es que el barranquillero hable. Neumann sostiene que para Washington es más importante tener acceso a toda la información que él maneja para ver qué labor de inteligencia puede aportar sobre otros casos de gran interés para llegar a cárteles de la droga y a grupos rusos e iraníes vinculados con el terrorismo.
Si Álex Saab habla, «alguien va a tratar de asesinarlo»
Vanessa Neumann reitera que si Saab no colabora con EE. UU. pasará muchos años tras las rejas y si se acoge al servicio de protección de testigos, al salir de la cárcel probablemente sea hombre muerto, ya que “él conecta muchas redes internacionales, redes transnacionales de distintos grupos, ya sean cárteles de droga, de iraníes, de rusos”. Asegura que el testaferro de Maduro sabe dónde está oculto gran parte del dinero ilícito relacionado con estas organizaciones.
“Saab tiene mucho que contar, pero si lo cuenta seguro alguien va a tratar de asesinarlo. Él está en una posición donde hay mucha gente que lo quiere proteger –por eso la batalla ha sido tan difícil para lograr su extradición– porque tiene todos estos grupos internacionales que lo quieren proteger a él por protegerse ellos mismos. Y si él cuenta lo que tiene que contar, tendría que fiarse mucho de la protección de Estados Unidos, del sistema de protección de testigos cuando eventualmente salga de la cárcel”.
La otra opción: tiene derecho a permanecer en silencio
Más allá de las consecuencias, Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, recordó que, conforme a la legislación estadounidense, en caso de concretarse la extradición, Álex Saab tendrá derecho a permanecer en silencio. Agregó además que recaerá entonces sobre las autoridades estadounidenses el peso de demostrar las acusaciones para que un tribunal y/o jurado decida si es culpable y la pena aplicable.
En una de las tantas maniobras de la defensa, el abogado Femi Falana, quien dirige el equipo legal de Saab ante el tribunal de la CEDAO, pidió la semana pasada que se impongan sanciones a Cabo Verde por no acatar el fallo contra la extradición.
“Según el tratado que regula la CEDEAO, el organismo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la organización podría sancionar a Cabo Verde producto del incumplimiento de su obligación de cumplir y ejecutar los fallos de su tribunal, con sanciones como la suspensión de préstamos otorgados por la Comunidad, la exclusión de poder presentar candidatos para cargos en la Comunidad, suspensión del derecho de voto y suspensión del derecho de participación. Pero la Comunidad no tiene un mecanismo para obligar a Cabo Verde a que cumple la decisión del tribunal regional”, explica Mariano de Alba.
¿Sancionar a Cabo Verde?
Aunque el Gobierno de Cabo Verde reiteró que el Tribunal de la CEDEAO no tiene jurisdicción porque este país no ratificó el protocolo en 2005, Mariano de Alba aclara que más allá de lo que la pequeña nación insular africana haya decidido, el tribual determinó que sí existe una obligación, por lo tanto, la aplicación de sanciones es un tema de carácter político.
“Por ende, el hecho de que Cabo Verde sufra o no una consecuencia por ese disputado incumplimiento, depende de una determinación política de los jefes de Gobierno de los demás países miembros de la organización”.
¿Acatarán en conjunto los Estados miembro de la CEDAO la solicitud de la defensa de Álex Saab de sancionar a Cabo Verde? Aún está por verse. Vanessa Neumann concluye que no existe el fundamento ni el precedente jurídico que se requiere para ejecutar una acción de este tipo.