Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que estos derechos “no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual”.
También señaló que es responsabilidad de los legisladores trabajar para beneficio de México y de su sociedad, y no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno.
Durante el informe de actividades legislativas de la senadora Kenia López Rabadán, realizado en la antigua sede del Senado de la República, el Ombudsman hizo un llamado a trabajar y respetar la vigencia de las garantías de los ciudadanos, y sostuvo que la defensa de los derechos humanos “no es algo que distinga o dependa de banderas, colores o partidos”.
“Es un obligación y responsabilidad del Estado Mexicano, así como de todos los servidores públicos, quienes tenemos el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, dijo.
Asimismo, dijo que luchar por los derechos humanos, representa un gran compromiso, e incumben a todos. Por esto, subrayó que, “los derechos humanos no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual. Pertenecen y son inherentes a todas las personas, de ahí que estén por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico”.
En este sentido, expuso que los derechos “son unos y son de todas y todos, con independencia de gobiernos o autoridades en el poder”.
“Quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función legislativa, tienen la responsabilidad y la capacidad de lograr, mediante la emisión de instrumentos normativos pertinentes y oportunos, que México sea un país donde los derechos humanos tengan un reflejo real en la vida cotidiana de las personas, y en el que la ley sea efectivamente cumplida y aplicada”.
Por esto, dijo que “el Poder Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de trabajar para beneficio de México y de su sociedad, no para imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno, que lejos de procurar el interés y beneficio general, debiliten las instituciones democráticas y vulneren el reconocimiento y ejercicio de derechos”.
También llamó a que el Poder Legislativo siga siendo, “parte activa y central de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos, pues afirmó que su tarea requiere autonomía, profesionalismo y un sólido compromiso con la verdad, los conocimientos objetivos y los hechos verificables”.
“Lo hemos señalado: las consignas políticas, las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras leyes”, dijo.
Por ello, precisó que en su elaboración se escuche a la sociedad, a las organizaciones civiles, a las víctimas, a la academia, a las instituciones y, en general, a los destinatarios de la norma, para que los instrumentos sean lo más adecuados y posibles.
“México requiere espacio de encuentro, respeto, pluralidad, diálogo y desarrollo. No perdamos los existentes”, concluyó.
