En medio del repudio por abusos contra los detenidos y falta de transparencia en el juicio, se conocieron las sentencias y un pedido de captura internacional para dos dirigentes opositores.

Idaed / Infobae

Además de la sentencia de 8 años de prisión contra el diputado venezolano Juan Requesens por el delito de conspiración que se conoció a otros 16 civiles que recibieron penas de entre 5 y 30 años de cárcel por estar presuntamente implicados en el atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido en agosto de 2018 en Caracas.

La jueza Hennit Carolina López Mesa dictó la sentencia, mientras que aún se aguarda el destino de los cuatro militares que están siendo juzgados en la misma causa. Además se dictó una orden de captura y extradición contra el diputado Julio Borges y el presunto financista del grupo que lideró el atentado, Osman Delgado Tabosky. Diversos referentes de la oposición han criticado la falta de transparencia del proceso.

Condenados a 30 años de prisión

Alejandro Pérez Gamez. Archivo

Ex director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno y Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional venezolana. Fue presentado ante la justicia chavista la noche del lunes 13 de agosto por su presunta participación en los hechos de la Avenida Bolívar de Caracas.

Juan Carlos Monasterios

Ex sargento mayor de primera de la Guardia Nacional. Pidió la baja del componente luego de las protestas contra el régimen de Maduro en el año 2017. Su familia reside en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

Argenis Valera

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Comunicación venezolano Valera era conocido como “El Ingeniero”, por su experiencia en el manejo de drones. Se encontraba en la Avenida Libertador de Caracas con un control de dron en la mano al momento de la detención.

José Miguel Estrada

Estudiante de Contaduría. Según la dictadura de Nicolás Maduro, Estrada cumplía con labores de avanzada y de observación durante el atentado. Fue recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Oswaldo Castillo

Estudiante de la Universidad José María Baralt de Maracaibo. Fue secuestrado por la policía chavista y presentado en Caracas por supuesto magnicido. En un video difundido por la dictadura venezolana admitió que había sido reclutado en un campamento donde se estaba planeando un supuesto golpe de Estado.

Alberto Bracho

Joven oriundo del estado Zulia. El 5 de agosto 2018 fue detenido en una carretera que conduce del centro del país hacia el estado Barinas junto con otros jóvenes. Las fuerzas de régimen de Maduro lo mantuvieron desaparecido durante 45 días. Fue recluido en un peligroso centro penitenciario ubicado en San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

Brayan Oropeza

Según el medio propagandístico del régimen de Maduro, Brayan de Jesús Oropeza Ruíz, se desempeñaba como piloto de uno de los drones que explotó cerca del palco presidencial en la Avenida Bolívar de Caracas.

Henryberth Emmanuel Rivas

De acuerdo con el gobierno venezolano, Henryberth Emmanuel Rivas, admitió en un video que después del ataque contra Maduro lo iban a trasladar de la embajada chilena, mexicana y simultáneamente a la de Colombia, para salir del país por la frontera común.

Yolmer Escalona

Está detenido desde el 5 agosto de 2018 en la cárcel de El Rodeo II. Tras meses de su detención comenzó una huelga de hambre por las constantes torturas y tratos crueles a los que ha sido sometido.

Emirlendris Benítez

Fue detenida en el estado Portuguesa el 5 de agosto de 2018. Junto a ella aprehendieron a Alberto Bracho Rozquez, José Estrada González y Yolmer Escalona. 

En la declaración de la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas, se recoge que Emirlendris Benítez fue sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta y no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. Emirlendris estaba embarazada al momento de su detención y por las torturas que le ocasionaron perdió al bebé.

Yanin Pernia

Es masoterapeuta y aseguró que, junto a un grupo de más de 15 personas, planearon la operación contra el Maduro “sin fines políticos, ni lucrativos”. Fue detenida cuando viajaba en una camioneta junto a otras personas del equipo. “Nos detuvieron a las 2 de la mañana por los trabajos de inteligencia que habían hecho; los dos operadores de drones que fueron detenidos en el mismo momento del atentado tenían toda la información en su celular, dónde íbamos a estar y en qué carros nos trasladamos. Desde ese momento fui maltratada para confesar en que consistió todo”, contó a una entrevista a un medio local.

Pedro Zambrano

Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. En febrero de 2020 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) denunció el caso de Zambrano Hernández y señaló que a pesar de sufrir una insuficiencia renal grado 3 siguía detenido en Ramo Verde. Familiares del ahora condenado exigieron al gobierno de Maduro el acceso a tratamientos médicos.

Condenados a 24 años de prisión:

Angela Expósito

Es de nacionalidad española y se le arrestó por resguardar en su vivienda a Rivas Vivas, quien pretendía escapar a Colombia con ayuda de Velasco García. Es representante de Fundanimal, ONG que mantenía bajo su cuidado algunos perros de personas buscadas por causas políticas. Fue arrestada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusada de “conspiración”.

Condenados a 20 y 16 años de prisión:

José Eloy Rivas (condenado a 20 años)

Fue detenido el 5 de agosto de 2018 por ser el presunto financista de los ataques contra Maduro. Sus familiares denunciaron que sufrió torturas y tratos crueles por parte de las autoridades y por no tener acceso oportuno a una asistencia médica presenta una úlcera péptica, de reflujo gastroesofágico y enterocolitis infecciosa

Héctor Hernández Da Costa (condenado a 16 años)

A pesar de que es General de Brigada de la Guardia Nacional fue enviado a un tribunal civil a cargo de la jueza Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta. “Los presos en un futuro serán otros y la República los castigará con todo el peso de la Ley”, manifestó en su declaración ante la justicia.

Condenados a 8 años de prisión:

Juan Requesens

Pese a su inmunidad parlamentaria, el diputado Juan Requesens fue secuestrado por el SEBIN, la policía política de Maduro, el 7 de agosto de 2018 en la residencia de sus padres. Desde entonces Requesens pasó a la lista de casos de violaciones de DDHH en Venezuela al ser detenido sin una orden judicial, estar incomunicado casi por tres días y ser sometido a tratos crueles. Sus abogados denunciaron inconsistencias en el debido proceso como que el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano sentenciara su enjuiciamiento sin prueba alguna.

El 10 de agosto de 2018, en una cadena de radio y televisión, se difundió un video de Requesens suministrado por el SEBIN donde se ve al diputado en ropa interior, demacrado, confuso y sin pronunciar palabra. Su hermana, Rafaela Requesens denunció el trato inhumano del que estaba siendo víctima y expresó que el video filtrado solo busca humillar al diputado.

Condenados a 5 años de prisión:

Wilder Vásquez

Medios del régimen chavista califican a Wilder Vásquez como uno de los principales cómplices del atentado contra Maduro y aseguran que se encargó de encubrir a Henryberth Emmanuel Rivas. Lo identificaron con el alias de “El Capo. “Fue una de las personas que mantuvo resguardado a alías Morfeo”, dijo el Ministerio de Comunicación venezolano.

Ataque a los DDHH

La directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, denunció que su organización documentó de manera independiente 215 casos de presuntos ataques contra defensores de derechos humanos” en Venezuela solamente durante el año 2021.

“Los ataques consisten en detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, uso de la justicia para persecución, actos de criminalización a través de los medios de comunicación estatal sistemáticos y allanamientos”, afirmó Ortega,

“Se trata de una política sistemática para “entorpecer, debilitar, inhibir y en definitiva eliminar las capacidades de ONG y de defensores de derechos humanos”, manifestó.

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Archivo

Ante la escalada de violencia y persecución contra dirigentes políticos en Venezuela, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que los arrestos en el país caribeño son “un ejemplo preocupante” de las “restricciones al espacio cívico”.