La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio para escuchar en voz de los actores (políticos, económicos y sociales) así como de las víctimas y sus familiares cuál es la situación de los derechos humanos en el país, luego de que técnicos en dicha materia estuvieran realizando trabajo de campo meses previos, con el propósito de presentar en julio un informe al respecto.
Su visita no constituyó una invitación política del régimen de Nicolás Maduro, sino un mandato de la votación histórica que se llevó a cabo el 27 septiembre de 2018 en la Resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos donde se manifiesta una profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El 20 de marzo de 2019 se publicó un informe oral que advertía “desde junio de 2018 -la última vez que publicamos (Naciones Unidas) un informe sobre Venezuela-el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente.
Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes“.
Precisamente por ello, la visita de Bachelet había generado gran expectativa entre la población. El jueves 20 de junio se reunió con familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos, así como con miembros de la sociedad civil, en donde informó que “vamos a tener a dos oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH en Venezuela, con sus tareas y mandatos, es decir monitorear las violaciones de derechos humanos, para reportar cuando sea necesario, hacer las intervenciones que haya que hacer, hablar y apoyar y trabajar con la sociedad civil“.
“El acuerdo con el Gobierno es que mis colegas parten ya a trabajar y en un plazo máximo de seis meses vamos a ver la posibilidad de instalar una verdadera oficina (de Alto Comisionado de DDHH), pero con oficina o sin ella nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo conociendo la situación, haciendo un monitoreo desde afuera, recibiendo testimonios de la sociedad civil, victimas y por eso hemos estado haciendo reportes, el 5 de julio estaremos entregando un informe escrito sobre Venezuela. Nosotros vamos a seguir acompañándolos”, explicó Bachelet.
Precisamente éste era uno de los principales petitorios de la sociedad civil: instalar una Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela con total apertura para recibir a víctimas y organizaciones de DDHH.
“Lo que esperamos es un acceso ilimitado y sin condiciones de oficiales de dicha oficina porque aquí siguen ocurriendo situaciones graves de reclusión clandestinas, torturas, desapariciones forzadas, incluso lo que ocurre en hospitales donde está prohibida la entrada“, explicó Feliciano Reyna, defensor de los derechos humanos y fundador de Acción Solidaria.
La Alta Comisionada en conversación con la sociedad civil venezolana también advertía que “aunque la crisis económica y humanitaria es de larga data, a mi juicio las sanciones aumentan sus consecuencias. No son la causa pero agravan, siempre en cualquier país.
Yo comparto lo que ustedes dicen, aquí se requiere una solución política, porque no hay ninguna solución económica o social si no hay una solución política, y por otro lado, tampoco va a ser fácil la solución política, pero no podemos esperar a que la haya para que la gente deje de morir de hambre y tenga sus medicamentos. Evidentemente hay que trabajar en todas las líneas y mirar qué más podemos hacer. A mi se me parte el corazón cuando veo lo que le pasa a la gente, me duele lo que pasa en Venezuela. Dentro de mi mandato como Alta Comisionada y como persona con capacidad de interlocución, y haré todo lo posible para ayudar a su gente“, sentenció.
Lo que demanda la sociedad civil
La nutricionista, experta en seguridad alimentaria, miembro de Cáritas Venezuela, Susana Rafalli, explica que la visita de Bachelet “es una oportunidad extraordinaria que no teníamos desde 2002”.
Específicamente en materia alimentaria, Rafalli advierte que Bachelet debe saber que “este no es el mismo mensaje de alarido que dimos en 2016, se acabó el tiempo, cada cosa que se deje de hacer no solo está costando vidas, sino que está costando la destitución, la destrucción y la descomposición del tejido que queda.
No solo los que estamos enterrando niños, sino que lo que está quedando en pie está llegando al límite de la destitución, y al quiebre. Hace tres años denunciábamos niños que estaban muriendo de desnutrición aguda, ahora tenemos niños a los que se le acabó la vida aunque estén vivos. Denunciamos las profundas consecuencias de la desnutrición crónica que se ha acumulado por cada año de vacío de acciones oportunas“, destaca.
La trabajadora humanitaria en materia de alimentación es enfática al señalar “hemos constatado el dolor y la herida que está causando el tráfico humano, la trata, el aumento sustancial en suicidios. Estamos registrando en términos de plataforma humanitaria que lo que estamos viviendo lo sufre una gente que llegó al límite, ya están al punto de la transacción consigo misma o irse. Aquí no hay más espacio para verificar si esto es verdad o es mentira”.
Por su parte, el ex director del hospital infantil JM de los Ríos, Huniandes Urbina, advierte que dicho centro hospitalario es muestra inequívoca de la constante violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como de sus madres.
“No hay agua, no hay cloro para limpiar lo cual es básico en un ambiente hospitalario. No hay medicamentos, ni equipos para hacer diagnósticos. No es posible que un hospital de esa envergadura esté en esta situación deplorada, y no permiten que la ayuda llegue”.
Urbina advierte que la mortalidad promedio de un hospital de niños en el mundo oscila entre el 3 a 5% pero en el JM de los Ríos alcanza el 7%. “El año pasado murieron ocho niños en la unidad de diálisis, este año llevamos seis esperando trasplante de médula ósea. Esto es inconcebible”.
Precisamente en materia sanitaria, Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) espera que la visita traiga consigo exhortaciones importantes.
“La emergencia humanitaria compleja está cobrando la vida de cientos de venezolanos, el caso más alarmante es el de las personas en diálisis que en dos o tres años han fallecido 5.000.En los hospitales todos los días mueren niños por falta de medicamentos esenciales, equipamientos e infraestructura. Eso lo han visto los propios técnicos que ya han venido antes a Venezuela. Seremos veedores de lo que pueda pasar después de su visita”.
Por otro lado, en materia de derechos políticos, Alfredo Romero, director de Foro Penal, señaló que el grupo de expertos de Naciones Unidas tenía meses conversando con las autoridades para que se cumpliesen ciertas condiciones, incluida la liberación de presos políticos.
“Nosotros tenemos que ser contralores de la visita de Bachelet, en los resultados que surjan de ello. Nuestras expectativas se concentran en presionar y lograr que se liberen a todos los presos políticos, esto es lo que esperan los familiares y todo el país. Ha habido varias excarcelaciones pero aún hay 693 presos políticos en Venezuela. No solo se trata de los presos políticos sino la condición de insalubridad de las cárceles en Venezuela y las violaciones a sus derechos humanos“, sentenció Romero.
