Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de otras agencias de Washington apuntan a que Venezuela habría utilizado los cargamentos de alimentos enviados desde México, en el marco de su programa de bolsas de comida CLAP, para recibir camuflado dinero en efectivo de los carteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas.
Esta operación, según un colaborador de la investigación, se habría realizado mediante una parada de los barcos en Puerto Limón, en Costa Rica, donde la empresa Alunasa, de propiedad estatal venezolana, dispone de una terminal. A través de esa empresa, el dinero habría entrado en el sistema financiero y llegado a cuentas en bancos rusos vinculadas a los dirigentes Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
Así habría ocurrido con cargamentos gestionados por El Sardinero Es Servicio, S. A., la empresa mexicana que los últimos años más alimentos ha exportado a Venezuela, directamente o a través de filiales, para el programa de bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Curiosamente, el grupo El Sardinero está ahora siendo especialmente favorecido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de haber contado con alguna sanción durante la anterior presidencia de Peña Nieto, esa compañía, a través de su filial Surtipractic, ha obtenido un contrato de 70 millones de dólares para suministrar la comida de la Policía Federal y estaría cerca de firmar un acuerdo para proporcionar la alimentación de la mayor parte de las cárceles federales mexicanas.
¿Por qué pudiendo comprar comida en otros países más especializados en la exportación alimentaria, como Brasil o Argentina, la Venezuela de Nicolás Maduro centró la adquisición de productos para los CLAP en México? ¿Por qué ocurre así si incluso parte de esos productos que llegan a Venezuela desde México ni siquiera se producen allí, sino que son adquiridos previamente en otros lugares, como Estados Unidos?
Esa es la pregunta clave detrás de las investigaciones estadounidenses. «La hipótesis de los investigadores era que, dado el carácter de narcoestado de Venezuela, lo normal es que los dirigentes chavistas intentaran resolver la necesidad de alimentos que hay en el país al mismo tiempo que resolvían cómo obtener el pago por parte de los carteles mexicanos de la cocaína colombiana que sale a través de Venezuela», afirma uno de los colaboradores de la investigación.
En esa dirección apuntaba ya el hecho de que las compras de alimentos en el exterior para el programa CLAP estuviera centralizada por Alex Saab y Álvaro Pulido, dos colombianos de larga trayectoria (el primero ha sido especialmente vinculado a las FARC por parte de EE.UU.; el segundo ha estado en prisión por cargos de narcotráfico). Ambos organizaron toda una logística, a través de la empresa Group Grand Limited, para la compra de alimentos en México, contando con el suministro de empresas locales, como El Sardinero, cuyo presidente, Juan Carlos Fernández Francés, ha establecido una estrecha relación con el tándem Saab-Pulido.
El negocio basado en el sobreprecio o incluso el envío de productos ya caducados, algo especialmente rechazable dada la extrema necesidad del pueblo venezolano, ya fue denunciado con detalle por el Tesoro estadounidense el pasado 25 de julio. La Secretaría de Economía de México ha calculado que ese negocio movió más de 850 millones de dólares entre enero de 2017 y agosto de 2018.
Lavado de dinero
Nuevos elementos en la investigación, de acuerdo con la persona consultada, sugieren que los envíos de alimentos se han aprovechado para remitir también dinero en efectivo vinculado al narcotráfico. Buques que partían del puerto mexicano de Veracruz hacían escala en Puerto Limón, en Costa Rica, en lugar de navegar directamente a La Guaira, en Venezuela.
En Puerto Limón, la estatal venezolana Alunasa, dedicada al aluminio, dispone de una terminal para uso propio. Alguien que intervino en las operaciones realizadas en esas instalaciones confirmó a la investigación que era frecuente que entre los contenedores de alimentos que llegaban —en una parada «técnica» que luego constaba en los registros de navegación– hubiera alguno con dinero en efectivo.
Este movimiento es el que explica la alerta lanzada en mayo de 2018 por el Tesoro de EE.UU. sobre el uso de Alunasa para el lavado de dinero por parte de dirigentes venezolanos como Diosdado Cabello, cuya parcela para el enriquecimiento ilícito dentro del chavismo, además del negocio compartido del narcotráfico, incluye muchas de las operaciones relacionadas con la Corporación Venezolana de Guayana, dedicada a la explotación de diversos minerales en el estado de Bolívar. El hecho de que buena parte de los mandos de Alunasa tuvieran que ver que ver con los servicios de inteligencia venezolanos corroboran ese interés «estratégico» de la cúpula chavista por esa compañía en el exterior.
A raíz de la alerta estadounidense, en junio de 2018 el Banco Nacional de Costa Rica cerró todas las cuentas que correspondían a Alunasa. Al parecer, en esas cuentas se habrían hecho muchos depósitos en efectivo, cuando ningún cliente real de la compañía paga de esa manera, y se habrían tramitado transferencias, directamente o través de Panamá, a cuentas en Eurofinance Mosnarbank, Gasprombank y VTB, vinculadas a Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
Fuentes de la investigación precisan que si bien parte de los envíos de dinero en efectivo se descargaba en Costa Rica, para entrar en el sistema financiero e ir a parar a las cuentas corrientes de altos dirigentes chavitas, otra parte continuaba hasta Venezuela, posiblemente destinada a las FARC.
