Pedro Sánchez concentrará ahora más poder en sus manos con la reforma de la ley de Seguridad Nacional. Por medio de esta legislación se le atribuirá la potestad al presidente del gobierno español para decretar una “situación de emergencia”, expropiar bienes cuando estime la existencia de estos y controlar a los medios de comunicación.

RL / Idaed / El Confidencial.

El anteproyecto que planteó La Moncloa es ambicioso. Su borrador aprobado por el Consejo de Ministros incluye además otros ámbitos como la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, marítima, del espacio aéreo y ultraterrestre, energética, la preservación del medio ambiente y la salvaguardia de la base industrial.

“El texto es todo un monumento a la acumulación de poder excepcional”, señaló OkDiario. De hecho, precisa que “Sánchez excluye a Podemos en su norma para poder controlar España, aprovechando las situaciones de urgencia nacional”.

A la medida 

De hecho, El Confidencial revela que la normativa establece que los ciudadanos aportarán sus bienes materiales y patrimoniales si la situación de amenaza o catástrofe lo exige. Del mismo modo, estipula que el Gobierno puede suspender la venta al capital extranjero de una empresa estratégica y fundamental para afrontar el contexto de crisis.

En esa misma línea, obliga a los ciudadanos mayores de edad a “prestaciones personales” y —si la situación lo aconseja— se requisarán todo tipo de bienes, intervendrán o incluso suspenderán actividades, en cuyo caso se generará el derecho a recibir la consiguiente indemnización.

La ley también establece una “Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial”, de forma que se aseguren los bienes y suministros considerados básicos. Es decir, una nacionalización por razones de “interés”, si así lo determina el mandatario.

Y La Moncloa considerará que existe una situación “de interés para la Seguridad Nacional” cuando “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes”. Un traje hecho a la medida.

Copia del chavismo

La reforma de Sánchez se inspira en la Ley de Seguridad de la Nación aprobada en 2002 por Hugo Chávez. Esta legislación posteriormente fue reformada por Nicolás Maduro en 2014, quien instauró las expropiaciones en el país al “regular la actividad del Estado y la sociedad, en materia de seguridad y defensa integral, en concordancia a los lineamientos, principios y fines constitucionales” del régimen.

Es una copia o una musa idéntica al chavismo señala en su cuenta en Twitter el vicesecretario nacional de participación del Partido Popular, Jaime de Olano, para quien “el sanchismo es cada día más podemita y menos socialdemócrata”

Es así, considerando las similitudes con la normativa venezolana que en su artículo 5 promulga que “el Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la Nación”. Y, bajo ese espíritu, se habla de la “movilización” y la “requisición” en un “estado de excepción” que permite a Miraflores “ordenar la movilización total o parcial en cualquiera de los ámbitos que establece la Constitución y las leyes, en todo o parte del territorio” y “el presidente es la máxima autoridad que dirige la movilización”.

En este contexto, el presidente “podrá disponer el empleo de la Fuerza Armada Nacional para coadyuvar el control y funcionamiento de los servicios públicos o de las empresas básicas del Estado para la vida económico-social de la República”. Igualmente, “podrá ordenar que el personal de tales servicios o empresas quede sometido temporalmente al régimen militar”.

Asimismo, según el artículo 33, “decretada la movilización. El presidente o presidenta de la República podrá ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional”.

Medios con Elisa

El texto de la futura Ley de Seguridad Nacional de Pedro Sánchez también luchará contra las fake news en este marco regulador. Uno de los últimos informes del Centro Criptológico Nacional avanza en un protocolo de actuación para investigar las «plataformas digitales» o «canales de comunicación» que divulguen noticias «descontextualizadas» —según sus criterios— y «erosionen» la «confianza en las instituciones públicas».

El protocolo se llama ELISA y se centra en la ciberseguridad que surge de la combinación de tres elementos: falta de transparencia u ocultación de la fuente, distribución recurrente y sistemática de noticias falsas, manipuladas o descontextualizadas, así como la distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de los principales pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de un Estado democrático.

Instancias al servicio

En el caso de España, el Departamento de Seguridad Nacional «ejercerá las funciones de secretaría técnica y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos de apoyo» y además «actuará como órgano que integre la información proporcionada al Sistema de Seguridad Nacional para el cumplimiento de las funciones previstas».

Ahí está el general Miguel Ángel Ballesteros como director general de Seguridad Nacional del Gobierno, antiguo director general del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo del Ministerio de Defensa de España dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Sin embargo, las dudas sobre la implementación se multiplican porque se configura en un escenario donde se diluye el control jurisdiccional. Incluso, la indefinición, tanto en los supuestos que darían pie a la eventual suspensión de algunos derechos como en cuáles deben ser las prestaciones personales, también la vuelven la turbia, apuntó El Confidencial.

Dirigentes de diversos partidos nacionalistas, varios de ellos socios del Gobierno de coalición, exhiben una “profunda desconfianza” ante la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Ejecutivo. Ninguno de ellos ha avanzado un respaldo a los planes de La Moncloa y desde Esquerra Republicana (ERC) el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y la Candidatura de Unidad Popular​​  (CUP) están “muy críticos” con la redacción del borrador actual. El debate continúa.