La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país esta semana. Sostuvo múltiples encuentros, entre ellos, uno con las ONG de Derechos Humanos. Una vez más, Acceso a la Justicia reiteró las denuncias que ha hecho sobre el poder judicial venezolano, en particular sobre su máxima autoridad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo rol en el camino hacia el autoritarismo en el país ha sido clave.
Desde la elección parlamentaria de 2015, en el país se ha instaurado un Estado de hecho en el que todos los órganos del Estado –a excepción de la Asamblea Nacional– son ilegítimos e inconstitucionales, puesto que sus representantes no han sido electos por los ciudadanos ni designados por el parlamento como exige nuestra Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia ha jugado un rol fundamental en este camino. La máxima autoridad del Poder Judicial ha distorsionado sus funciones para convertirse en un brazo represor del régimen político actual. Lejos está de ser ahora un organismo de protección de la ciudadanía o de control judicial del poder político.
Entre otras cosas, el TSJ ha avalado el estado de excepción continuado que fue decretado por primera vez el 14 de enero de 2016 y que ha sido prorrogado, hasta ahora, 20 veces. Esto, sin aprobación de la Asamblea.
Adicionalmente, los venezolanos hemos sido testigos de la anulación progresiva del Parlamento, de mayoría opositora, mediante 100 sentencias. Estas decisiones han usurpado buena parte de sus funciones de control como la aprobación del presupuesto nacional, desconocido además desde 2018.
La práctica del Tribunal Supremo de Justicia de perseguir a la disidencia política desde 2014 se ha incrementado a partir de la elección parlamentaria al punto de convertirse hoy en día en una política sistemática e intencional.
A través de sentencias o con la negativa a recursos judiciales, desde 2016 el TSJ ha avalado elecciones que no han tenido carácter democrático.
¿Y a ti, venezolano, cómo te afecta?
El Tribunal Supremo de Justicia ha servido de fachada al régimen político para hacer creer, sobre todo afuera del país, que el Gobierno cumple con la Constitución y mandatos internacionales de derechos humanos.
La ausencia de control del poder ha llevado al país a un quiebre institucional de tal magnitud que el Estado ya no tiene la capacidad ni la voluntad para atender las necesidades básicas ciudadanas. Esto se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria compleja.
Venezuela es la demostración que si en un país no hay independencia judicial, Estado de derecho y democracia, se hace nulo el efectivo ejercicio de los derechos humanos.
