Dijo Joseph de Maistre que cada pueblo tiene el Gobierno que merece, eso a veces es cierto, otras veces no. Los colombianos no nos merecemos los gobernantes que tenemos.
El otro día le escuché decir a una mujer que fue secuestrada por las FARC cuando era una niña, que no sabía cómo decirle a su hijo -producto de una de las tantas violaciones que tuvo que sufrir en los años que estuvo secuestrada- que sus violadores y torturadores hacen las leyes del país. ¿Puede un país soportar semejante tragedia moral?
Es muy difícil encontrar un colombiano que no haya sufrido de alguna forma por el actuar criminal de más de 50 años de las FARC. El país llegó a estar casi completamente secuestrado. Los guerrilleros de las FARC estaban a las afueras de las principales ciudades del país, en Cali incluso entraron al centro de la ciudad y secuestraron a los 12 diputados de la Asamblea del Valle, 11 de ellos fueros asesinados luego.
La mayoría de los colombianos tiene una historia triste para contar en la que el victimario es la guerrilla de las FARC: me mataron a un familiar, secuestraron a alguien cercano, tuve que huir de mi casa, me quitaron mi tierra, etc. Cómo un país puede asimilar que los culpables de todas esas tragedias no solo no están presos ¡sino que legislan!
Los colombianos no pedimos esto, no nos lo merecemos. En el plebiscito realizado en el 2016 para consultar a los colombianos si aprobábamos o no el acuerdo de La Habana, aún a pesar de que Juan Manuel Santos Mintió y aseguró, por ejemplo, que los guerrilleros no podrían ir al Congreso sin haber pagado sus delitos y sin haber sido votados por la gente, la mayoría rechazamos las negociaciones de Cuba. Y luego de que Santos impusiera el acuerdo, los guerrilleros participaron en las elecciones, como era de esperarse, nadie votó por ellos.
A pesar de eso, 10 miembros de esa guerrilla, sin haber obtenido un solo voto, están en el Congreso. Todos los cabecillas del grupo guerrillero están libres y lo que algunos llaman «disidencias» de las FARC, que no son más que los mismos guerrilleros de siempre que siguen siendo mandados por los mismos hombres, tienen el país lleno de coca y siguen cometiendo asesinatos, secuestros y demás crímenes.
Pero todo esto fue a espaldas de la mayoría de los colombianos.
¿Qué pasa en una sociedad sin justicia?
La idea de que es necesario «hacer pagar» al delincuente es algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo desde hace mucho, por eso existen las cárceles.
El asunto de que haya un tribunal especial que debe ser impoluto e imparcial y que tiene que analizar las pruebas para tomar una decisión, surge para evitar que la gente tome la justicia por sus propias manos y termine, por ejemplo, matando a un inocente. La idea es que todos, el más débil y el más fuerte, el más rico y el más pobre, se acojan a las mismas reglas y, sin importar su condición, si comenten algún acto rechazado por la sociedad, sean castigados.
Se trata de un avance de las sociedades. Yo, víctima, no voy a buscar al que me robó porque hay un grupo de personas designadas para eso, que probarán que sí sea el culpable -para no afectar a un inocente por equivocación- y que de manera racional y sin odios personales definirán cuál debe ser el castigo para el delito cometida.
Esa es la forma que hemos encontrado para organizarnos mejor, pero ¿qué pasa cuando esa justicia que se supone que debería funcionar no lo hace?, en Colombia ha quedado claro que cuando eso ocurre la gente hace justicia con sus propias manos.
Por ejemplo, los tan repudiados paramilitares colombianos que en algún momento se volvieron narcotraficantes, extorsionistas, brazo armado ilegal del Gobierno y demás, en su inicio eran realmente un proyecto de autodefensa de propietarios que no estaban dispuestos a dejarse quitar sus tierras y el fruto de su trabajo.
Necesitamos que la justicia funcione o es muy probable que volvamos a aquellas épocas.
Pero además de que la gente necesita que el victimario pague, hay otro asunto muy importante: el carácter ejemplarizante de la justicia. El castigo que se le da a un asesino funciona también para que la gente sepa que si rompe las reglas impuestas en esa sociedad, irá a la cárcel.
Los lugares donde no hay justicia, donde se puede delinquir y la probabilidad de ser atrapado es muy baja, son lugares en donde la violencia es alta.
En Colombia vivimos una desgracia moral por cuenta de la rama judicial. No es solo que el delincuente no paga, sino que, además, si se pasa cierto límite de maldad y violencia, es premiado con un escaño en el Congreso. En nuestro país no existe ese carácter ejemplarizante de la justicia, todo lo contrario, hay incentivos para ser malos.
El 17 de enero de este año, en la capital de Colombia, el ELN puso un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander, mataron a 22 estudiantes y más de 50 personas quedaron heridas. A los pocos días esa guerrilla, mediante un comunicado, asume la autoría del ataque terrorista y justifica el hecho asegurando que el gobierno del presidente Iván Duque «no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año».
El ELN, quiere una negociación igual a la de las FARC; también quieren dinero para «proyectos de inversión», sueldo mínimo a los guerrilleros, escaños en el Congreso y en general impunidad. Haciendo caso a los incentivos que genera la Justicia Colombiana, al ver que el presidente Iván Duque no les ofreció un acuerdo como el de La Habana, deciden aumentar sus ataques y volver a aterrorizar, no solo a las zonas rurales sino a la capital, con atentados como el de la escuela General Santander.
El mensaje que se ha mandado a los delincuentes es que entre peor se porten, mejor les va.
¿Una sociedad que normaliza lo inmoral?
Lo que ocurre con la Justicia colombiana parece una tragicomedia. Hablamos de un país en el que un cabecilla guerrillero, pedido en extradición por los Estados Unidos, es congresista. Y Santrich es solo la cereza del pastel, no hay un solo líder de las FARC que esté preso, es más, no tienen ni siquiera orden de captura a pesar de que han incumplido con todos los requisitos que supuestamente, según el acuerdo de La Habana, debían cumplir. Varios simplemente están en el monte, tranquilos, porque la justicia colombiana no los está buscando.
Pero Santrich no está solo. Es la Justicia la que lo ha puesto ahí, es la JEP, es el Concejo de Estado que decidió mantenerle su escaño, es la Corte Suprema que hasta ahora lo mantiene libre. Y además también hay congresistas de su lado, y periodistas que lo tratan como si de verdad fuera un «honorable senador», algunos se refieren al extraditable como «doctor». Todas estas personas están contribuyendo a la tragedia moral del país.
Y es que ¿qué impacto tiene esto para las nuevas generaciones? Qué decisiones políticas y decisiones de vida tomarán aquellos jóvenes que crecen sin unos padres que les expliquen la historia de Colombia, que son educados por la televisión y forman sus opiniones escuchando a periodistas que llaman «doctor» a Santrich, que su profesores de colegio son los estudiantes de la Pedagógica que cada que se les da la gana salen tirar piedra.
Qué idea de la izquierda y de las guerrillas tiene un joven que crece en un país donde los extraditables son honorables Senadores, donde los asesinos y violadores quedan libres, y donde el pacifista es el que se pone del lado de los terroristas, mientras que el guerrerista es el exige justicia.
Colombia necesita familias fuertes para tener gente con valores fuertes y dispuesta a enfrentar la catástrofe moral que presenciamos.
Hay dos caminos, podemos perdernos, normalizar el crimen, alabar al malo y buscar la plata fácil sin importar el daño que hagamos. O bien, podemos usar esta tragedia moral para aprender, para decir nunca más a negociar con terroristas, nunca más a darle espacio a la izquierda.
