Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado.
Cotidianamente salen a relucir nuevos casos criminales que demuestran como billones de dólares saqueados al país terminaron en diversas cuentas privadas en paraísos fiscales; dinero que lograron sacar de las fronteras venezolanas en estos 20 años en los que la autoproclamada “revolución bolivariana” ha llevado las riendas del Estado.
Desde un principio, el abogado y magistrado, especialista en delincuencia organizada y autor del libro “Así se lava el dinero en Venezuela”, Dr. Alejandro Rebolledo, ha tenido claro que la recuperación de esos bienes es fundamental para la reconstrucción de Venezuela.
Asegura Rebolledo que la recuperación se podría lograr a través de una estrategia efectiva para la recopilación de información de inteligencia como pruebas, rastreo de activos y asistencia legal mutua.
Hace dos años, la Asamblea Nacional de Venezuela comenzó a trabajar en la recuperación de los bienes y capitales que se han incautado a venezolanos en el exterior producto de la corrupción, a través de la recién aprobada Ley de “Recuperación de Activos Producto de la Corrupción” y que permitiría repatriar bienes que calculan en 350 mil millones de dólares.
El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, diputado Freddy Superlano, agradeció a inicios de este año 2019 la colaboración internacional en la recuperación de estos activos producto de la corrupción en Venezuela, resaltando la importancia de un reciente pronunciamiento de los Estados Unidos.
“Hemos recibido con profunda satisfacción muestras de apoyo de países del mundo en torno a este flagelo y nos complace anunciar que Estados Unidos, ha dicho públicamente que ayudará a recuperar los recursos robados y que serán usados para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Según el Departamento de Estado, estamos hablando de más de 2.4 mil millones de dólares que han detectado a corruptos venezolanos y que serán regresados a muestra patria a través del Fondo Internacional de Recuperación de activos producto de la corrupción, aprobado en la Asamblea Nacional, que como ya hemos dicho, serán utilizados para ayudar a solucionar la catástrofe social que atraviesa el pueblo venezolano”, aseveró.
Superlano anunció que, otros países pudieran sumarse en las próximas semanas a coordinar con el parlamento, el retorno de activos producto de la corrupción en Venezuela.
Asimismo, el organismo recordó que el Poder Legislativo también aprobó la creación de una comisión especial de recuperación de activos que se encarga de desarrollar todas las acciones y procedimientos para la constitución del Fondo Internacional, el cual cooperará con representantes oficiales de otras naciones y organismos internacionales en las acciones que se lleven a cabo y dirigirá la estrategia en materia de localización, aseguramiento y recuperación de activos para la creación del mismo.
El apoyo internacional
La manifestación de apoyo por parte de Estados Unidos, y otros países del mundo, es clave en este tema, según explica Alejandro Rebolledo.
“Es indispensable el bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias, así como la clausura preventiva de cualquier establecimiento vinculado a las personas involucradas. Además, paralelamente se debe mantener comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países, a fin de investigar y procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada”.
Y es justamente allí hacia donde apuntan las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios y vinculados al Ejecutivo venezolano en el delito del lavado de dinero.
Ya el pasado mes de abril, Estados Unidos acordó con 15 naciones fortalecer la cooperación para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción.
Dos integrantes del Departamento del Tesoro, que prefirieron mantenerse en anonimato, señalaron a The Associated Press que la decisión se adoptó durante una reunión privada celebrada en la sede del Fondo Monetario Internacional.
Los otros países que participaron del encuentro fueron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.
“Acciones concretas son necesarias para evitar que funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo abusen del sistema financiero internacional”, resaltó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tras la reunión.
La meta es rastrear bienes ilícitos venezolanos para incautarlos y posteriormente devolverlos al pueblo venezolano, una vez que Nicolás Maduro ya no esté en el poder.
También se desea evitar que un gobierno quebrado liquide activos valiosos en el extranjero como refinerías y la empresa petrolera Citgo en su búsqueda de dinero fresco que le permita mantenerse en el poder.
El ministro panameño de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo a reporteros después de la reunión que “la decisión en relación a incautar bienes es una decisión de los sistemas judiciales de cada país. En el caso panameño el Ejecutivo no tiene autoridad para hacer incautaciones de bienes. Esa autoridad únicamente la tiene el Ministerio Público”.
Mnuchin indicó entonces que los países evaluaron cómo Maduro se ha negado a recibir ayuda humanitaria internacional y emplea la distribución de alimentos como un elemento de control social.
Washington ha impuesto sanciones a docenas de funcionarios venezolanos, incluido el ex vicepresidente venezolano-sirio Tareck El Aissami, por su supuesta participación en el narcotráfico.
Las naciones también acordaron afinar las herramientas para asistir a Venezuela cuando cuente con un gobierno que tenga el apoyo de la comunidad internacional.
Meses después, en septiembre, el senado estadounidense introdujo para su discusión la ley titulada “Ley del estado de derecho, ayuda humanitario y reconstrucción de Venezuela 2018”, la cual contempla seis parágrafos en los que se destacan, entre otros temas, apoyar la reconstrucción del país a través de la recuperación de los bienes robados.
Colaboración interna
Aunado al apoyo internacional, la colaboración interna para el rastreo de los bienes robados por la corrupción podría ser esencial en estos casos.
De allí que Alejandro Rebolledo proponga que se entregue hasta 20% del monto recuperado a quienes asuman las denuncias.
“La idea es estimular la denuncia; es decir, quien denuncie con pruebas operaciones de lavado de dinero, recibiría una recompensa que podría alcanzar el 20% del dinero o bienes recuperados. Eso va a incentivar la denuncia. Mucha gente tiene información que quiere facilitar para que el país recupere el dinero que han saqueado”, asevera.
Rebolledo, especialista en delincuencia organizada, ya ha realizado esta proposición ante la Asamblea Nacional con anterioridad. Incluso, esa compensación entró en la reforma de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que preparó la AN en 2016, que fue aprobada en primera discusión.
Entonces, la “Propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, entregada por Rebolledo, tenía como primer objetivo lograr que Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ajustando el ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales, a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes.
Siendo esta, “la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”, según el especialista en delincuencia organizada.
Pero, para ello, “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la denuncia de actos de delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información, que durante los últimos años oficialmente ha intimidado a los denunciantes de buena fe, negándose la información de la fuente. Y por el contrario, ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas en Venezuela, incitando muchas veces a la inmigración de bandas criminales internacionales”, añade.
¿Cuánto se han robado?
La Asamblea Nacional estima que el desfalco a la nación se ubica en 400.000 millones de dólares, es decir, al menos una tercera parte de los ingresos por concepto de renta petrolera están comprometidos.
Sin embargo, los cálculos del también autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, duplican a los del parlamento.
“El monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800 millardos de dólares los que se han lavado desde Venezuela en los 20 años del régimen chavista a través de PDVSA y sus filiales, mediante sobrefacturaciones y subfacturaciones a empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado, en organismos como Cadivi y Cencoex, con los sistemas Simadi, Sitme, el convenio Aladi, la utilización del Sucre como moneda digital, el Arco Minero y la corrupción interna”, expone.
De allí lo trascendental de cada caso que ayude a la identificación de los sujetos, que han colaborado con la destrucción económica y social de la nación.
Explica Alejandro Rebolledo que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela, donde abunda la corrupción cambiaria, el lavado de dinero en distintas modalidades como la “inversión” en obras de arte, negocios de suministros a diferentes entes del Estado y la negociación del oro, en la que intervienen las mafias chinas, turcas y rusas, así como organizaciones terroristas islámicas como Hezbollah y Hamas, al tiempo que los carteles mexicanos y colombianos encontraron una ruta segura en el país para el narcotráfico hacia EEUU y Europa.
“La delincuencia organizada venezolana no son grupos paralelos; esta se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, son verdaderas organizaciones criminales que manejan la economía venezolana”, revela Rebolledo sobre estas organizaciones criminales que han sabido aprovecharse de la grave crisis institucional por la que atraviesa Venezuela.
De acuerdo con el jurista, en el área de lavado de dinero, es imposible que estas organizaciones puedan borrar sus trazas, transferencias y vinculaciones.
“Estas personas están en el mundo. Tienen sus empresas en América Latina, EEUU, Europa y Asia, pero enmascarando a sus representantes, que son partes de las organizaciones criminales, con distintos intermediarios al frente de ellas” y allí es donde deben comenzar las investigaciones.
Aún así, Rebolledo insiste en que es posible lograr la recuperación de estos bienes.
“Estoy seguro de que seguirán apareciendo casos de delincuencia organizada. Cada detalle de ellos nos dará pruebas sobre los procesos venezolanos y quiénes son los responsables de los mismos y sus cómplices. Por eso el llamado a fortalecer la denuncia – con evidencias- y la recompensa”, concluye.
ALD / Luis Mendoza
