Darle un barniz de legalidad a la maltratada institucionalidad venezolana. Ese parece ser uno de los primeros objetivos de la Asamblea Nacional (AN) electa en las cuestionadas elecciones de diciembre de 2020, que ha decidido poner en marcha el procedimiento para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en virtud de que los actuales fueron designados provisionalmente, y de manera cuestionable, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020.

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Sin embargo, este proceso despierta dudas más que razonables. En primer lugar, ha sido puesto en marcha por un Parlamento dominado por el oficialismo y que fue electo en unos comicios plagados de irregularidades y ventajismo, tal y como lo denunció Acceso a la Justicia en su momento. En segundo lugar, parecen estarse repitiendo los vicios que en el pasado dieron lugar al nombramiento de personas que no reunían las condiciones exigidas constitucionalmente para ocupar dichos puestos.

Para la escogencia de los rectores del CNE es necesario que la AN nombre a los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, que es la instancia constitucional que debe elaborar la lista de candidatos a rectores. El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece que dicho comité estará integrado por veintiún miembros, de los cuales once serán diputados y diez postulados por sectores de la sociedad civil. 

Al filo de la legalidad

Acceso a la Justicia advierte que la Constitución no menciona que los diputados deban formar parte del Comité. «El Comité de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley», señala el artículo 295 de la carta magna, el cual deja en claro que el órgano evaluador es una instancia de la sociedad civil. El texto fundamental tampoco prevé la creación de la llamada Comisión Preliminar. 

El 19 de enero la plenaria de la AN aprobó la conformación del Comité  y nombró a los diputados Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, Dessiré Santos Amaral, Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar y Cilia Flores por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); José Gregorio Correa por Acción Democrática (AD);  Luis José Marcano y Miguel Salazar por Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei); y José Villarroel y Luis Augusto Romero por Avanzada Progresista.

Horas después se informó que el diputado Alessandrello presidiría la instancia, cuyo objetivo es nombrar un nuevo árbitro entre los meses de marzo y abril. Así, entre el 23 y 31 de enero, se abrió un proceso de postulación para escoger a los representantes de la sociedad civil, tal como se lee en la cuenta oficial del Comité en Twitter.    

¿Ciudadanos o militantes?

El 4 de febrero la AN designó a Carlos Boully Gómez, Edgar Martínez Meza, Fernando Rivero Osuna, Carlos Olivero Alcalá (sustituido a última hora por Humberto Rojas Mejías) , Mercedes Gutiérrez, Jesús González Pirela, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Fuentes Martínez y Soila Milagro Yánez como representantes de la sociedad civil en el Comité.

El Parlamento no dio a conocer los criterios, la metodología o el baremo utilizados por el Comité Preliminar para evaluar las credenciales de los aspirantes. Para Acceso a la Justicia, en estas condiciones es imposible sostener que la selección de los integrantes de la sociedad civil se realizó dentro del marco de los principios de despartidización, imparcialidad y participación ciudadana previstos en el artículo 294 constitucional.

Es más, una revisión superficial de los currículos de algunos eleva sospechas sobre su independencia. Por ejemplo, Fernando Rivero y Mercedes Gutiérrez fueron miembros de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, instancia oficialista que fungió como un Parlamento paralelo hasta diciembre de 2020 con poderes «supraconstitucionales». También se advierte que Gutiérrez había sido seleccionada en 2020 como representante de la sociedad civil, aun siendo militante del oficialismo, para integrar el Comité de Postulaciones Electorales que se constituyó durante la gestión de la AN anterior.

Por su parte, Boully, quien es rector de la Universidad Católica Santa Rosa, mantiene estrecha relación con altos funcionarios del Estado. El sacerdote fue responsable de negociar con el Gobierno la devolución de la universidad a la Arquidiócesis de Caracas luego de que permaneciera por años intervenida por el Ministerio de Educación. Más recientemente, le otorgó un doctorado a Maikel Moreno, presidente del TSJ.

El periodista Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, alertó desde el momento de la publicación de los designados como representantes de la sociedad civil que la mayoría no tiene ningún tipo de trabajo o trayectoria en el tema electoral.

En el mismo sentido, la ONG Súmate denunció que la opacidad y la ausencia de debate nacional se impusieron en el proceso de constitución del Comité de Postulaciones Electorales.

El escenario descrito reafirma la dudosa constitucionalidad e idoneidad del Comité de Postulaciones, pues su composición puede comprometer -una vez más- la imparcialidad y pluralidad del árbitro electoral en vísperas de un nuevo proceso electoral. En 2021 deberían realizarse las elecciones regionales y municipales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

Basta recordar el proceso de renovación del CNE que el Parlamento realizó en 2009, en el cual se registraron irregularidades similares a las antes descritas. Dicho proceso terminó con la designación de Tania D’Amelio y Socorro Hernández como rectoras del CNE, pese a que la primera fue diputada por el extinto Movimiento Quinta República (MVR) y el PSUV, mientras que Hernández fue, primero, ministra de Ciencia, y luego, presidenta de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

¿Ahora qué?

A pesar de las dudas, el 9 de febrero fueron juramentados los integrantes del Comité por la plenaria de la AN oficialista, y con gran celeridad, el mismo aprobó el 11 de febrero su reglamento de funcionamiento, que de acuerdo con la LOPE,tendrá que publicar dentro de los 6 días siguientes, así como la metodología que utilizará para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores (artículo 24).

Posteriormente, deberá publicar en Gaceta Oficial y en diarios de circulación nacional la convocatoria para la postulación de candidatos al órgano rector del Poder Electoral. El lapso de postulación será de catorce días continuos, contados a partir de la fecha de la última publicación en prensa (artículo 24); concluido este plazo, el Comité tendrá veinte días continuos para evaluar a los aspirantes y realizar una lista de los elegibles para presentarla a la AN (artículo 26).

No obstante, cuando el vicepresidente del Comité, el diputado José Gregorio Correa, declaró el 10 de febrero que las personas que aspiren a conformar el nuevo CNE podrán presentar sus postulaciones del 22 al 28 de febrero, es decir, seis días en lugar de los catorce que establece la LOPE, se generó cierta alarma por limitar la participación ciudadana. Dos días después, el Comité optó por cumplir con lo que ordena la ley, pues el aviso de prensa publicado el 12 de febrero menciona el plazo de catorce días.

Tras la postulación se abrirá un lapso de seis días para presentar objeciones a la lista publicada. Los postulados objetados recibirán copia de los argumentos de oposición y podrán consignar descargos en contra de las objeciones en un período de seis días (artículos 27 y 28). En los dos días siguientes, el Comité conformará un expediente por cada postulado y lo enviará, junto a la lista de seleccionados, a la AN (artículo 29).

Una vez que el Parlamento reciba la lista de candidatos, tendrá diez días continuos para nombrar, mediante los votos de sus 2/3 partes, a los rectores principales y suplentes del CNE (artículo 30); finalmente, la AN juramentará a los rectores, principales y suplentes, escogidos (artículo 30).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Hasta ahora, el proceso de designación del CNE puesto en marcha por la AN parece seguir el mismo rumbo que otros ocurridos en el pasado que concluyeron con la elección de funcionarios abiertamente alineados con el Gobierno. De no producirse un cambio de rumbo, las posibilidades de que los ciudadanos recuperen confianza en la institución supervisora de las elecciones se reducen y, por ende, la abstención previsiblemente se mantendrá en niveles altos.

El escenario que se avecina no es nada alentador, y la posibilidad de la resolución de la crisis institucional venezolana por una vía democrática, electoral, pacífica y constitucional se alejará aún más.