El fenómeno migratorio que ha marcado a Venezuela en los últimos años, comenzó como un cuento de hadas, reflejado en el trabajo documental de Ivanna Chávez Idrogo y Javier Pita “Caracas, ciudad de despedidas” (2011), donde plasmaron los inicios de una experiencia exclusiva de la clase media y alta, que lamentaba la salida del país de su círculo cercano conformado por acérrimos opositores al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En ese entonces, el proceso migratorio era casi imperceptible en el país, puesto que el fenómeno sólo ocurría entre las élites económicas.

Tras la partida física del presidente Hugo Chávez en 2013, la oposición radical vio la ocasión perfecta para destronar al chavismo del poder, por lo que dieron inicio a una serie de acciones violentas organizadas dentro y fuera del país, para lograr sus propósitos. Entre estas acciones, activaron al poderoso lobby venezolano instalado en Miami, para conseguir que el gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama, aplicara medidas coercitivas para asfixiar la economía nacional y al gobierno de Nicolás Maduro.

Fue allí cuando comenzó el calvario del pueblo venezolano, que despojado por las sanciones extranjeras de los ingresos que movían la maquinaria económica del país, comenzó a buscar nuevas alternativas de vida. Lo que comenzó como un proceso migratorio de cuento de hadas, se convirtió en una verdadera pesadilla cuando se empujó por oleadas la migración de sectores menos favorecidos, como una manera de exhibir con cierto morbo, la crisis social y económica que los sectores extremistas de la oposición habían propiciado.

Los “coach” de la migración

Tras la caída de los ingresos al país producto de las sanciones, los más variados voceros de la extrema derecha venezolana se convirtieron en “coach” del impulso de la migración de sectores populares del país, hasta convertir el acontecimiento en una moda nacional. Para ello, explicaban con detalle las diferentes rutas hacia Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Chile, entre otros países, colocando buses que cubrían algunas de estas rutas por precios extorsivos. Otros, impulsados por las supuestas facilidades que tendrían en otros países, emprendieron el camino a pie.

Desde 2018, la vocera de la extrema derecha María Corina Machado, advertía como si supiése lo que iba a pasar, que la situación de “debacle económica” del país se aceleraría de manera dramática, por lo que la migración crecería “a cada hora que pasa” y definió a los migrantes como “una ola de venezolanos que huyen, una estampida nunca vista”

En la misma tónica, el hoy prófugo de la justicia David Smolansky, dijo en 2018 que para el año 2020 la cifra de migrantes venezolanos en el extranjero, superaría los 5 millones de personas. Lo mismo repetían con acompasados discursos los prófugos de la justicia Carlos Vecchio, Leopoldo López y Juan Guaidó. Con estos datos, algunos organismos internacionales de derechos humanos, se sumaron a la campaña en pro de la migración de venezolanos, dando por ciertas las cantidades de migrantes y llevando una alerta a países de la región sobre el fenómeno, maximizando el conflicto.

Lo que se conocería tiempo después, es que muchos de los opositores que estimulaban la migración a gran escala, estarían detrás de una red de “coyotes” que se enriquecían de esta situación. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acusó que los opositores “Léster Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Carlos Paparoni, Juan Guaidó y David Smolansky, entre otros, son parte de una trama de coyotes que utilizan sus influencias en el Gobierno norteamericano y sus vínculos con traficantes colombianos para enriquecerse con el negocio de la migración ilegal”.

Indicó que los montos que cobraban por llevarlos hasta Estados Unidos desde Venezuela, u otros países de América Latina, oscilaban entre los 7.000 y los 10.000 dólares dependiendo del lugar en que los dejaran, sea en la frontera con México o en alguna ciudad estadounidense.

Convirtiendo a los migrantes en delincuentes

Pero no bastaba con forzar la migración masiva de venezolanos para perjudicar al gobierno de Nicolás Maduro, también había que convertir el fenómeno migratorio en un problema regional, lo que pondría un drama adicional a la ecuación y lograría la visibilización de un conflicto que apuntaba a convertir a Venezuela en un problema internacional.

En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue la pieza clave de esta estrategia contra nuestro gentilicio al plantear en Washington, Estados Unidos, los “peligros” de la migración venezolana. En un pronunciamiento que generó el repudio nacional, Borges dijo que “la crisis ya no es sólo de Venezuela” y calificó a nuestra migración como “una enfermedad contagiosa” que lleva a otros países el “crimen organizado, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo”

Desde que Julio Borges dijo que “Venezuela hoy es el foco de todo lo que significa la degradación social”, comenzaron a aparecer titulares en la prensa de varios países de América Latina, que vinculaban a venezolanos con delitos de todo tipo. También comenzaron a registrarse innumerables actos de xenofobia contra venezolanos, algunos de los cuales culminaron con el asesinato de algunos de ellos.

Lo que se revelaría algunos años después de iniciada esta campaña antivenezolana, es que estos mismos sectores de la extrema derecha tendrían una alianza muy cercana con la banda criminal el Tren de Aragua, de la que muchos de sus miembros fueron impulsados a cometer delitos en otros países para dar fuerza a la narrativa iniciada por Borges.

Una prueba de la vinculación entre los sectores opositores y el Tren de Aragua, fue que su líder, Héctor “El Niño” Guerrero, encabezó personalmente las acciones violentas tras las elecciones de 2024 con el apoyo de la ultraderecha nacional en internacional. El gobierno denunció que tiene comunicaciones entre los dirigentes opositores y los grupos criminales que comprometen su estrecho vínculo.

El Tren de Aragua y en la era Trump

Fue de esta manera que la banda criminal el Tren de Aragua se convirtió en la excusa perfecta para que la oposición de extrema derecha impusiera la narrativa de la problemática de la migración venezolana. Después de forzar la migración, convirtieron a nuestros migrantes en delincuentes internacionales, tal como ideó Julio Borges.

Fue de esta manera que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se presentó como una oportunidad de dar otro golpe al gobierno venezolano. Ante el anuncio de las deportaciones masivas que hizo el magnate neoyorkino desde que estaba en campaña, la derecha criolla trabajó para que el Tren de Aragua fuera declarada organización terrorista.

Las recientes deportaciones masivas de venezolanos a El Salvador, acusados sin pruebas de pertenecer a la banda criminal, fueron defendidas por el gobierno estadounidense alegando que el Tren de Aragua (TdA) “ha sido enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela y el presidente nada más asumir el cargo designó al TdA como organización terrorista, y bajo esta ley es la autoridad del presidente deportar a estos terroristas, o aquellos que defienden a estos terroristas, que han sido enviados a suelo estadounidense”.

Organizaciones como el Brennan Center for Justice han criticado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que no se usaba desde la II Guerra Mundial, porque está pensada para momentos en los que el país pasa por un conflicto bélico declarado o una invasión armada de su territorio por otro país.

La medida que indignó a Venezuela entera, fue aplaudida por la vocera de la ultraderecha María Corina Machado y el prófugo de la justicia Edmundo González, quienes emitieron en un comunicado su apoyo a la “ofensiva de Estados Unidos contra la peligrosa banda del Tren de Aragua”.

Sin tener en cuenta que la gran mayoría de los deportados son inocentes, Machado y González dijeron que “la irrupción del TdA en cárceles venezolanas, así como su rápida expansión por todo el continente americano, se explica por sus nexos con el régimen autocrático y criminal que preside Maduro” y avaló la postura del gobierno de Trump al decir que los deportados a El Salvador son “criminales empleados por el régimen de Maduro para delinquir en el extranjero”.

Cuando la administración Trump revocó la licencia para que la compañía estadounidense Chevron operara en Venezuela, María Corina Machado celebró también la agresión al país indicando que «los enemigos de Estados Unidos están aquí, muy cerca, en su patio trasero. Y están aquí por una razón. Tener este régimen aquí hace de Estados Unidos un lugar inseguro».https://t.me/misionverdad/11233?embed=1

El gobierno de Maduro dio por desmantelada la banda criminal el Tren de Aragua, luego de que en 2023 tomara el penal de Tocorón, donde operaban algunos de sus principales líderes, y continuó esta operación de persecución y captura de sus miembros hasta 2024.

La jugada detrás de la humillación

La pesadilla que viven hoy cientos de venezolanos en el extranjero, producto de esta campaña de odio esparcida por sus connacionales de ultraderecha, es una pieza que se suma al deterioro generalizado del derecho internacional y la aplicación de justicia.

Algunas voces como la del juez federal estadounidense James Boasberg, que intentó bloquear por ilegal la deportación masiva de venezolanos amparada en una ley de 1798, están siendo calladas por el discurso único que se impone desde la Casa Blanca.

“Es increíblemente evidente que existe un esfuerzo concertado por parte de la extrema izquierda para elegir jueces que claramente actúan como activistas partidistas desde la magistratura en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. No permitiremos que eso suceda”, dijo la portavoz presidencial de EEUU, Karoline Leavitt.

Pero Boasberg pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos una explicación sobre los detalles de los vuelos que trasladaron a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos, supuestamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, a El Salvador. “A esta altura, el Gobierno da la impresión de (…) que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso”, dijo.

El abogado venezolano radicado en Estados Unidos, Leopoldo Martínez Nucete, demostró a la congresista republicana María Elvira Salazar, ficha de la operación que criminaliza la venezolanidad, que la campaña contra migrantes venezolanos y su vinculación al TdA, es una farsa. Explicó que representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declararon ante la Corte Federal que la mayoría de los venezolanos deportados al CECOT en El Salvador no eran delincuentes.

Por su parte, el analista internacional Jorge Valero, quien fungió como Embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo al medio La Iguana que detrás de las deportaciones ordenadas por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de venezolanos a El Salvador, hay un acto de extorsión.

“Es un mecanismo de extorsión, es ponerle al gobierno y al pueblo venezolano una escopeta en el pecho. Estás hablando de nuestros familiares y amigos, que entrarían en una situación extremadamente perversa, en una situación de retención en El Salvador como esa. (…) Se trata de colocarnos a nosotros en una posición en la que estemos dispuestos a aceptar en una negociación con cualquier tipo de condiciones que ellos quisieran”, explicó.

Mientras tanto, el gobierno nacional, que creó el Plan Vuelta a la Patria desde 2018 para procurar el retorno de migrantes venezolanos desde diferentes países, ha insistido con firmeza que traerá de regreso a todos los migrantes que sufren en el extranjero. Hasta ahora, el programa social de repatriación ha traído de vuelta a más de un millón de venezolanos hasta 2024, brindando asistencia jurídica, atención integral en educación, cultura y deportes, y protección socioeconómica integral para el retorno.

UN