El llamado “Golpe de Timón” tocó la puerta de quienes se decían adeptos y hombres de confianza en la gestión de Nicolás Maduro. Como si del Plan Cayapa se tratara, la noche de este viernes, al menos siete altos funcionarios del Gobierno nacional: tres jueces, un superintendente, dos militares y un alcalde, cayeron presos por corrupción.
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Desde muy temprano en redes sociales, a través de un inusual comunicado de la Policía Nacional Contra Corrupción (PNCC), fijado en el Twitter oficial del Ministerio de Comunicación e Información, se informaba sobre la cacería contra los funcionarios.
El texto advertía que en pro de una “lucha implacable contra la corrupción” se realizó “una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que violando el sagrado juramento de honestidad…podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Allí adelantaban cómo tras varios meses de investigación profunda, los implicados que eran “ciudadanos que ejercen funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías”, estarían siendo escrutados hasta «las últimas consecuencias».
Justicia ciega
Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ; y José Márquez, juez 4° de Control contra Terrorismo y encargado de juzgar los casos: Operación Gedeón, Roland Carreño y Freddy Guevara, fueron los dos primeros en confirmarse como detenidos.
Según el diario Últimas Noticias, la detención del par de jueces ocurre por la liberación el 9 de enero de Oswaldo Cheremos, alias “El Pelón Cheremos”, integrante de la banda “Tren del Llano”. Mario Aquino, asistente del Circuito Judicial Penal Caracas, le envió un WhatsApp al juez José Márquez García para que decretara el juicio en libertad.
El 15 de febrero, Cheremos fue recapturado en el Palacio de Justicia de Caracas y confesó el pago de 240 mil dólares, entre vehículos y efectivo, para conseguir la medida que lo dejó libre por 45 días.
Luego, salió a la palestra pública que Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), fue removido de su cargo y arrestado por su presunta participación en la «desaparición» de más tres mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo. Por este funcionario EE. UU. ofreció en el 2020 una recompensa de 5 millones de dólares a quien facilitara su captura.
El Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detalló que Ramírez estaba en la lista de los más buscados de la agencia tras una investigación hecha por la Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros El Dorado de HSI, Nueva York.
Joselit Ramírez es señalado por medios nacionales como ficha y hombre de entera confianza de El Aissami. De hecho se desempeñó como director de su despacho. Tareck tiene 17 días sin actividad en su cuenta Twitter.
Autoridades del crimen
El alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías), estado Aragua, Pedro Hernández, también fue aprehendido durante la “Guerra Anticorrupción”. Se le vincula con la temida banda de Carlos Gómez, alias “El Conejo”, cuya base de operaciones está en Las Tejerías; Y también por darle alojamiento al ya abatido alias “El Koki”.
El pasado domingo 5 de febrero, “El Conejo” y su banda atacaron a balazos a tres comandos de Las Tejerías: PNB, GNB y Cicpc. Al burgomaestre se le señala de tener conocimiento sobre ese hecho y no actuar de acuerdo a su investidura.
La Fuerza Armada Nacional también se vio manchada. Dos militares fueron detenidos. El Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; y el Teniente Coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de Dirección de Seguridad Integral de cuatro ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Finalmente, el Juez Primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho (41), fue el último detenido en el inicio de esta operativo liderado por la Policía Nacional Contra Corrupción. El abogado, en enero de 2022, abrió el expediente por tráfico de drogas de la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández; y de la diputada a la AN por el Zulia, Taína González, ambas presas por traficar cocaína.
La corrupción del poder moral y administración de justicia toma unos niveles que ya en el mismo alto gobierno no lo tolera.
Por ello se tomaron medidas en la región capital, Falcón y Aragua, pero incluso fuentes confiables informan este tipo de acciones se extenderían al estado Zulia, por actuaciones de empleados, funcionarios del poder moral así como de fiscales y jueces.
