El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Celso Rodríguez Padrón tiene muy claras las cosas. Conoce el valor del ritmo, de los silencios. Pero eso no serviría para nada sin su reconocida inteligencia y su don de gentes. No en vano, fue secretario general del Consejo General del Poder Judicial durante catorce años y medio.

Sobrevivir tanto tiempo en un puesto tan delicado y sensible como ese seguro que tendría que figurar en el Libro Guinness de los Récords.

Los cinco últimos años, Rodríguez Padrón ha estado destinado en la Sección 23 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid donde ha compaginado el ejercicio de la jurisdicción con la portavocía de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria de las 4 nacionales existentes, con las que ha formado un frente unido.

Algo sin precedentes en la historia del asociacionismo judicial.

Una asociación que esta semana, desde hoy miércoles hasta el viernes, celebra su congreso bianual en Zaragoza en el que la Junta Directiva que preside Manuel Almenar va a ser refrendada por otros dos años más al no haberse presentado ninguna otra candidatura.

Rodríguez Padrón tiene los pies en el suelo, pero no es de los que se conforman, en absoluto.

El otro día, en la apertura del año judicial, fue muy crítico con la actual situación.

Expresé sencillamente lo obvio. Si eso es ser crítico, lo asumo. El sistema está al límite de la capacidad. No tengo más remedio que reiterarlo.

La sobrecarga de trabajo que pesa sobre la planta judicial es desproporcionada e inasumible, primero. Y, en segundo lugar, porque asistimos a nuevas fórmulas de litigiosidad masiva que, en Madrid, que es un buen banco de pruebas para este tipo de fenómenos, contabilizan por decenas de miles los asuntos.

80.000 asuntos en cláusulas suelo, 27.000 asuntos en tráfico aéreo, 12.000 asuntos ingresados en los dos últimos meses, aquí, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como consecuencia de los recursos de las licencias VTC contra el Ministerio de Fomento.

Estas formas de litigiosidad no se corresponden con lo que son nuestros esquemas procesales y nuestro modo de discurrir en un proceso.

Antes que eso, primer problema, la planta. En 1988, que es cuando se promulga la ley de planta y demarcación, se diseña una planta entonces ideal que es la de un juez por cada 10.000 habitantes.

Han transcurrido muchos años. Ahora tenemos 1,1 juez por cada 10.000 habitantes. Se ha incrementado en una décima la planta judicial.

Cuánto se ha modernizado la sociedad española, cuánto ha crecido y qué crisis económicas hemos soportado, mientras que la planta no se ha movido.

Ni la realidad actual es la de 1988 ni la complejidad de la globalización, de la integración en la Unión Europea, ni la aparición de esta forma de fenómenos de litigiosidad masiva existía en 1988.

Hay quien dice de que todo esto necesita una reorganización, un replanteamiento integral y global. Y estoy completamente de acuerdo.

Tenemos un esquema de organización judicial que es el diseñado por la ley provisional de 1870. Un sistema de partidos judiciales. Y órganos judiciales colegiados en la escala de recursos.

Tenemos unas leyes procesales que son del siglo XIX, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, hace falta una reestructuración de la planta, de la organización, de los sistemas procesales, de la selección de litigiosidad, incluso, de la selección del ejercicio de recursos.

Todo esto va en un paquete de medidas legislativas, económicas, organizativas y de gestión tan amplio que nos sitúa en un horizonte no inferior a 10 años siempre y cuando hubiese un consenso de los grupos parlamentarios de la legislatura actual y de las futuras.

Esto no se agota en una legislatura. Pero tiene que haber un consenso permanente. ¿Y hasta entonces? Porque no dejan de ingresar asuntos en todos los tribunales.

Seguimos teniendo una inversión en justicia muy inferior a la media europea. La planta judicial es la mitad de la media de jueces por habitante en la Unión Europea, y un desiderátum, a su vez incierto, de una remodelación integral y organizativa y normativa para dentro de mucho tiempo.

Está hablando de una redefinición de la Justicia de arriba abajo.

Completamente. Hay muchas cosas aprovechables. Es precisa una remodelación integral. Pero sin un consenso estable, por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, va a ser muy difícil.

¿Qué pueden hacer las autoridades regionales?

Esto es tarea de todos. Bueno, de ellos dependen los medios materiales de la Justicia de Madrid. Pero esto es competencia del gobierno central.

En 2001 se firmó un pacto para la justicia, que resultó efímero. Luego se ha intentado reeditar la idea sin éxito.

¿Qué le parece la idea del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, de crear una ciudad de la Justicia?

Las infraestructuras en Madrid necesitan más espacio. En estos momentos hay una dispersión de sedes muy importante. Julián Camarillo, Plaza de Castilla, Gran Vía, Santiago de Compostela, Martínez Campos, aquí mismo, Plaza de Las Salesas.

Y la escasez de espacios. Hay unas limitaciones arquitectónicas incómodas que necesitan de un espacio mayor.

El modelo de ciudades de la justicia, ya en marcha, como en Pamplona, en Valencia, en Barcelona, es una idea que mejoraría la situación actual en Madrid.

El proyecto de la ciudad de la justicia de Madrid ha pasado por muchos avatares, no todos positivos. Ahora mismo no nos queda más que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva  recursos que tiene todavía pendientes, como consecuencia de aquella desafortunada gestión que se hizo del proyecto para ver si es viable a corto plazo.

Tengo entendido que el Ministerio de Justicia tiene intención de pedir que se marchen de aquí. ¿Tiene usted noticia de ello?

Este edificio es propiedad del Estado. La Comunidad Autónoma de Madrid asume su mantenimiento y sí, me han llegado noticias, de que el Ministerio de Justicia pretende retirar de aquí al Tribunal Superior de Justicia que ahora mismo lo ocupa, con su Sala de lo Civil y Penal, su Secretaría de Gobierno, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo, aparte de los servicios de orientación jurídica y atención ciudadana.

Desconozco la causa. No me cabe la duda de que, si en algún momento se materializara la idea, tendría que ser para ofrecernos un futuro infinitamente mejor. De lo contrario, no podríamos aceptarla.

¿Cuál sería el mejor escenario para la justicia después de las elecciones del 10 de noviembre?

Lo mismo que llevo esperando desde mucho antes del 10 de noviembre. Que todos los grupos políticos asuman que la justicia en España merece una apuesta firme, consensuada y estable, dejando al margen cualquier tipo de interés que no sea el fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora del dinamismo económico. La mejora de la justicia repercute, sin duda, en la economía, para bien.

Es una esperanza  que no cifro a partir del 10 de noviembre sino que reitero desde hace mucho tiempo como aspiración básica.

SU PASADO EN EL CGPJ

¿Cuánto tiempo estuvo en el CGPJ?

Catorce años y medio en la Secretaría General. Pero antes había estado 3 años y medio como letrado, de 1995 a 1998. Llegué al Consejo en la Presidencia de Pascual Sala.

Es decir que sirvió con sirvió con cinco “Papas” de la Justicia…

Pascual Sala, Javier Delgado, Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner. Con el actual, Carlos Lesmes, estuve un par de meses.

Y con cien “cardenales” de la Justicia.

Sí, con cien vocales del Consejo. A lo largo de 312 sesiones del Pleno, lo digo porque una vez lo cuantifiqué. Y miles de sesiones de la Comisión Permanente.

Uno, evidentemente, se ve transformado después de 18 años de servir en el Vaticano judicial. Pero usted se va a su destino, en la Audiencia Provincial de Madrid. Al barro, si me permite la metáfora. Mientras que su antecesor directo alcanzó el Supremo, ¿no es así?   

Sí, Jesús Gullón fue nombrado magistrado del Supremo. Y, sí, yo me fui a mi destino.

¿Cómo fue esa adaptación? Un «monseñor» del Vaticano judicial que vuelve a la parroquia.

Volví a la Audiencia Provincial con una enorme ilusión y, al mismo tiempo, con un miedo atroz. Porque aunque había tratado de seguir la evolución del derecho penal, pero no es lo mismo cuando lo lees o asistes a alguna conferencia en un Congreso, o sigues las reformas legislativas, a cuando tienes que resolver todos los días lo que se plantea en un juicio o en un recurso de apelación.

En la Audiencia Provincial tuve una gran acogida por parte de mis compañeros. Me recibieron con los brazos abiertos. Es verdad que tuve que estudiar y actualizarme, pero me encantó volver a enfrentarme con sumarios, con juicios y con sentencias.

Disfruté muchísimo. Me encantó el regreso, volver a ponerme la toga en los estrados de un tribunal. Fue inolvidable.

También regresó a la actividad asociativa.

Sí, antes de entrar en el Consejo, los cinco años en que estuve destinado en Galicia, fui activo en la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenezco.

Luego, como consecuencia del Congreso de la Asociación, que se celebró en Logroño en 2014, el presidente, Manuel Almenar…

Que fue vocal en el Consejo de 2008 a 2013…

…con el que me unía una relación previa. Porque habíamos coincidido los dos en Galicia. Él estaba en Pontevedra y yo en Vigo de 1991 a 1995.

Manuel me pidió que le ayudara asumiendo la coportavocía de la Asociación. Eso me llevó a una relación, que me encanta, con los medios de comunicación, y también con los compañeros que ejercían la jurisdicción. Ellos, en los encuentros de todo tipo que realizamos, me trasladaban los problemas del día a día.

Lo que adquirí fue un conocimiento mucho más directo que el que puedes tener desde el Consejo que, desde el fondo, es la misma materia, pero desde otro punto de vista.

Por lo que respecta a los medios de comunicación, sigo diciendo que tenemos un problema de conocimiento y de transparencia en la sociedad hacia la justicia que explica, en mi humilde opinión, la mala imagen que tiene la sociedad española de su poder judicial.

Creo que convendría distinguir entre percepción y realidad.

La percepción, todos los estudios de opinión lo constatan año tras año, es muy negativa sobre la justicia. Sostengo que la realidad no se corresponde con ese juicio de valor tan negativo.

Usted sabe que en el año 2018 se dictaron, aproximadamente, 5.993.828 resoluciones. De esos seis millones que dictan en un año en España, ¿cuántas han sido destacadas por ustedes?

Cuarenta, cincuenta…

Cuarenta, cincuenta, cien. No h a habido una portada a la semana de periódicos con un asunto judicial que merezca la crítica más dura.

Si hubiera habido una portada semanal estaríamos hablando de 52 asuntos. 52 asuntos de 6 millones es un porcentaje ínfimo. Y sin embargo, la sociedad, creo que se forma esa imagen negativa de la justicia en buena medida a través de las  noticias que publican los medios de comunicación.

Si los medios de comunicación trasladan una información de un número muy pequeño de asuntos y todos los demás se quedan en el olvido, creo que ahí tenemos un déficit de transparencia, de comunicación, de actividad didáctica para que la sociedad nos conozca mejor para que la gente sepa que resolvemos 6 millones de resoluciones al año dejándonos la piel.

Pero eso no se valora.

Hay otros elementos que confluyen en esa opinión negativa. Una confusión institucional, creo que notable. La gente considera dentro de la órbita de la justicia, en un mismo círculo, a los jueces, a los fiscales, al Consejo General del Poder Judicial.

Sobre algunas de estas instituciones en particular planea a veces el estigma de politización o de falta de independencia y esto, al final, repercute en la valoración puntual que se tiene sobre quienes ejercen jurisdicción, que son el poder judicial.

Y por contagio, de otros elementos que rodean a las instituciones de todo ese conglomerado general que puede ser el sistema de justicia, muchas veces los jueces nos vemos contagiados de una percepción negativa que deberíamos tratar de mejorar a base de transparencia.

A través de la divulgación de nuestras sentencias y de nuestras resoluciones, explicando a la sociedad lo que hacemos y en qué condiciones lo hacemos.

En estos pasados cinco años no ha habido nadie que lo explicara desde el Consejo.

Nosotros, las asociaciones hemos hecho, y seguimos haciendo, esa función de divulgación, de explicación, que consideramos necesaria, vital.

¿Qué opinión le merece la idea de los jueces divulgadores, que tanto las Juezas y Jueces Decanos y los presidentes de Audiencias Provinciales reivindican para hacer frente a ese vacío existente en materia de comunicación?

Creo que se está refiriendo a la necesidad de una especie de portavoz de jueces para salir ante la opinión pública a explicar cuestiones técnicas difíciles de comprender. Dudas de por qué una persona que ha cometido unos hechos graves no ingresa en prisión provisional de inmediato, por ejemplo.

Cuál es la función de la prisión provisional, por qué se juzga a unas personas  de un modo determinado.

Qué ámbito puede tener la participación de la justicia desde la figura del jurado. Por qué técnicamente se considera -o no- ensañamiento. Estamos tocando algunos tópicos.

Es una tarea didáctica que debería ir acompaña, si no precedida, por un programa para que la sociedad conociese qué volumen de trabajo tiene cada juez, como lo hace, y por qué razón nos enfrentamos al problema por excelencia de la justicia española que es la lentitud. Con lo cual sí se mejoraría la calidad de la opinión, por supuesto, con toda la libertad del mundo, para que cada uno luego entendiese cómo es la justicia.

Yo sí he leído algún estudio de opinión, hecho hace tiempo, de personas a las que se le preguntaba sobre la situación de la justicia.

En términos muy simples la valoraban en muy bien, bien, regular y mal. Expresando una opinión muy negativa se enfrentaban a la siguiente pregunta: ¿Ha tenido usted, o alguien de su entorno próximo, alguna vez asunto judicial?

En un porcentaje sorprendentemente decían, no.

Claro, la tercera pregunta que tienes que hacerte es: ¿por qué razón esas personas tienen una imagen tan negativa de la justicia si nunca la ha vivido de cerca?

De ahí la importancia de que a través de ustedes, de los medios de comunicación, pues podamos difundir a la sociedad los elementos básicos de la justicia.

Esa es una de las asignaturas a aprobar del próximo Consejo, ¿no?

El actual debería afrontarlo ya.

Usted, cuando se conoció la sentencia del «procés» hizo de juez divulgador en nombre de la APM. 

Ya sabe usted que  yo había dejado la Portavocía de la APM cuando fui nombrado presidente del TSJM, pero esos días hubo tal avalancha de peticiones a la Asociación de opiniones que no dieron abasta. Yo asistí a dos o tres medios.

Se dice que es una buena sentencia porque no contenta a nadie. ¿Qué opina usted?

No estoy de acuerdo. No creo que sea un criterio ni válido, en general, ni para esta sentencia en particular. Esta sentencia tiene dos partes claramente diferenciadas. Las que ocupa las primeras 220 páginas, que son una auténtica lección de garantismo jurídico.

Donde desarrolla toda la parte constitucional, dando respuesta al cúmulo de cuestiones previas técnicamente muy ricas que plantearon las defensas, dentro de su legítimo ejercicio del derecho de defensa.

La sentencia da una respuesta magistral, en mi opinión, a todas esas cuestiones. Y forma un cuerpo de doctrina sobre muchos de los elementos a los que se puede enfrentar un proceso complejo, como ha sido este, sin duda, pero que, en muchas ocasiones, puede trascender también a otros asuntos.

Creo que ese es un elemento importantísimo de la sentencia, que tiene una factura intachable.

CONGRESO DE LA APM

Del Congreso que ustedes comienzan hoy en Zaragoza y que clausuran el viernes, ¿se puede esperar alguna sorpresa?

[Se ríe]  Va a ser un Congreso de continuidad. Nuestro presidente, Manuel Almenar, y la Junta Directiva van a continuar porque no se ha presentado otra candidatura, lo que supone un reconocimiento a la buena gestión llevada a cabo. Y me atrevo a pronosticar que será por aclamación, sin ninguna votación.

Cuando fueron elegidos, en el Congreso de Logroño de 2014, imprimieron a la Asociación un cambio de rumbo que se materializó en la unidad de acción con las otras tres asociaciones nacionales: La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. ¿Cuál es su valoración?

La unidad de acción asociativa no se había producido nunca antes en la historia. Fue un cambio de tendencia y de dinamismo muy importante que, sin duda, hay que poner en el haber de Almenar. Él propició y lideró temas esenciales, como las 14 propuestas básicas para mejorar la justicia, que se entregó en el Parlamento.

La APM ha tenido una línea bastante coherente en sus planteamientos. En los elementos claves, como el sistema de elección de los vocales del Consejo, las reivindicaciones, las relaciones institucionales, el enfoque de las iniciativas, ha mantenido una posición bastante uniforme.

Y, por otra parte, nunca ha apostado por la estridencia.

A través de conversaciones, de relaciones personales, de tiempo, se van decantando opiniones, sí se ha producido una aproximación de todas las asociaciones en los elementos clave.

Sin duda, aquello condujo a un clima de unidad en lo básico que siempre existió, en buena medida. Ahora las cuatro asociaciones defienden el sistema de elección no parlamentario exclusivo.

Para nosotros, como asociación, este periodo de cuatro años ha sido positivo y que se traduce en el alto índice de afiliaciones de jueces jóvenes.

La conclusión de estos cuatro años de frente común, por lo tanto, ¿es positivo?

El esfuerzo es desproporcionado a lo que se consigue. Hay gente que considera a las asociaciones “lobbies” o núcleos de poder para otros fines, pero tienen detrás una cantidad ingente, en el día a día, de trabajo, de elaboración de proyectos, de redacción de propuestas, de comunicación, con el legislativo, con el ejecutivo, con el propio Consejo también para tratar de impulsar mejoras en el funcionamiento de la justicia española.

Las asociaciones no somos sindicatos. No perseguimos como objetivo prioritario la mejora de la situación de los jueces. Perseguimos la mejora del funcionamiento de la justicia.

Evidentemente, uno de sus componentes es el rendimiento laboral, como es la carga de trabajo.

Esta gestión continua de tanto esfuerzo, de reuniones, de foros de reflexión, de jornadas, de las que surgen ideas conducen en ocasiones a un enfrentamiento con una realidad muy parca en resultados. De traducción legislativa. De traducción presupuestaria. De traducción de gestión.

Ante esto nos enfrentamos desde hace muchos años. Lamentablemente, me atrevo a pronosticar que seguiremos enfrentándonos durante muchos otros. Pero nunca dejaremos de pelear por una justicia mejor.

Sin embargo, la estructura de la Administración de Justicia no ayuda nada. Tenemos 12 Consejerías Autonómicas con las competencias de la Administración de la Administración de Justicia transferidas. Un Ministerio de Justicia que gobierna sobre 5 Comunidades Autónomas. Más un Consejo General del Poder Judicial y una Fiscalía General del Estado. Hacer cualquier tipo de cambio en un rompecabezas como ese es misión imposible por la necesidad de aunar tantas voluntades e intereses. Un ejemplo, la adopción de un único sistema informático de gestión procesal. Tenemos 8 en España. Y no hablan entre sí.

Este es uno de los efectos desconocidos para la opinión pública. En la gestión de la justicia confluyen todos esos agentes que ha descrito usted, es cierto.

En muchas ocasiones y en determinadas áreas concretas esto produce una falta evidente de coordinación.

Ha mencionado un caso que es un clásico. Los sistemas de gestión procesal son distintos, particulares, y en relación al territorio que administra el Ministerio no es que sean diferentes, es que son incompatibles.

Desde 1999 vengo escuchando y asistiendo a reuniones en el Consejo donde se hablaba de la necesidad de coordinación y de interoperatividad de los sistemas informáticos. Lo he escuchado hasta la saciedad. Y sigue sin ser una realdiad.

El propio Consejo auspició una Comisión que celebró varias reuniones. Se llamaba la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas. Se celebraba en el CGPJ. Y formaban parte de ella el Consejo, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

Fue un intento por armonizar todos los esfuerzos que evidenciaban los mayores desajustes informáticos, movilidad de personal, diseño de plantilla, infraestructuras… Muchas cosas que al estar coordinadas por diferentes focos de gestión, necesitaban engarce, para que pudiéramos hablar de un verdadero sistema.

En España tenemos una yuxtaposición de estructuras en el sistema judicial, cuando deberíamos tener una unidad armónica, coordinada, que funcionara en conjunto hacia determinados fines comunes.

La justicia como función de estado tiene fines ineludiblemente comunes, como proporcionar la tutela judicial efectiva, defender y proteger los intereses legítimos de los ciudadanos, y todo ello en el marco de un proceso razonable y con una atención uniforme.

Es una cuestión de estado.

Si tenemos una yuxtaposición de estructuras tangentes que no llegan a coordinarse para que funcione como un todo, no tenemos un sistema. Y, por lo tanto, intentos como aquel que hubo en la Comisión de Coordinación son más necesarios que nunca.

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