2019 no fue un año para la justicia venezolana, al menos en lo que se refiere a productividad y transparencia, tanto al momento de rendir cuentas sobre su gestión como al realizar su labor cotidianamente.
Así lo denunció Acceso a la Justicia en su informe anual titulado La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, en el cual informó que los juzgados del país, comenzando por el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cada vez emiten menos decisiones (autos, sentencias, etc.).
El 31 de enero, durante el acto de Inicio de Actividades Judiciales, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, informó que a lo largo de 2019 el organismo rector del Poder Judicial resolvió 2.893 casos, cifra que representa una disminución de más de un tercio si se la compara con los 4.400 asuntos que dijo haber tramitado en 2018.
Pero donde la reducción se ve con mayor claridad es en el conjunto del sistema judicial. Así, durante su discurso, el funcionario informó que a lo largo del año pasado los distintos juzgados recibieron 368.283 causas y que los jueces decidieron 435.229; es decir, que resolvieron en teoría un 18% más asuntos de los que les llegaron.
Sin embargo, en 2017 la entonces presidenta del máximo tribunal, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial dictó «1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales», lo cual indica que en tres años ha habido una reducción de 73%.
Moreno, por supuesto, atribuyó la reducción en el número de casos al «sabotaje eléctrico», en otras palabras, al apagón general que sufrió el país a lo largo de marzo del año pasado. Sin embargo, la falta de confianza también podría estar detrás de esta abrupta caída.
La falta de datos para evaluar la gestión del TSJ estuvo acompañada por más pruebas de la alineación de esta institución al Gobierno. En palabras de Maikel Moreno:
«Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido, debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo».
Contando lo que se quiere
Como viene ocurriendo desde 2012, el TSJ no publicó su informe anual de gestión. Esto a pesar de que su Ley y la del Sistema de Justicia le obligan a hacerlo.
La única rendición de cuentas estuvo en el escueto discurso que Moreno ofreció durante la llamada Apertura Judicial, y en la misma estuvieron ausentes datos importantes como la cantidad de jueces que fueron designados y removidos por la Comisión Judicial, por mencionar solo uno de ellos.
Pero la anterior no fue la única omisión que constató Acceso a la Justicia. En su informe anual la organización resaltó el hecho de que el máximo juzgado hubiera enjuiciado a veinticuatro diputados y violado su inmunidad parlamentaria, sin publicar las sentencias referidas a veinte de ellos.
Esta práctica no solo atenta contra la seguridad jurídica, sino contra el derecho a la defensa.
Al respecto, Acceso a la Justicia denunció lo siguiente:
«Esta modalidad de sentenciar sin la correspondiente publicación del fallo es un elemento que contribuye a caracterizar el sistema de justicia que se ha implantado en Venezuela, grave manifestación del sometimiento del Poder Judicial a la voluntad gubernamental, cuyo rol hubiera sido clave para evitar la tendencia hegemónica del Ejecutivo».
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La falta de rendición de cuentas por parte del TSJ representa una flagrante violación a su ley y a la Ley del Sistema de Justicia, lo cual es un terrible mensaje viniendo de la instancia responsable de castigar cualquier incumplimiento al marco legal.
Asimismo, ello es un obstáculo que impide a los académicos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos ejercer contraloría social sobre el Poder Judicial y velar porque este cumpla su labor de manera correcta.
Las constantes demostraciones de sometimiento de la justicia a los designios del Gobierno de Maduro, las cuales han quedado expresadas en declaraciones públicas de miembros del TSJ o en medidas como sus sentencias contra opositores sin cumplir los mínimos formalismos jurídicos, ponen de manifiesto la situación de inseguridad jurídica e indefensión en la que están los venezolanos.
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