En tiempos de elecciones florece el populismo punitivo y las peticiones de juicios sumarísimos y condenas ejemplares se cuelan en el discurso político. Especialmente sucede así en aquellas sociedades que acostumbran a ocultar los problemas más graves y acuciantes detrás de los escándalos de la superficie y las ofensas a la convivencia.
ABEL CORNEJO, PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTAPor esta razón, entre otras, es que resulta particularmente chocante escuchar al Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo Castellanos, hablar de las «políticas públicas de Estado» que en materia de lucha contra la criminalidad y la impunidad está poniendo en práctica en Salta desde su cargo de jefe de los fiscales del territorio.
En primer lugar, tales políticas no existen en Salta, por donde se quiera mirar. Pero si existieran, quien debiera formularlas es el Gobernador de la Provincia, puesto que él es el único sujeto autorizado por la Constitución para «formular y dirigir las políticas de la Provincia» (Art. 140 de la Constitución de Salta).
Desde luego, en la formulación y ejecución de este tipo de políticas no tiene nada que hacer ni qué decir el Ministerio Público del que forma parte el señor Cornejo, cuya misión nuclear no es asesorar al Poder Ejecutivo, ni ejercer como improvisado ministro de Justicia, ni suplantar a su Policía, sino velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial, el cumplimiento de la Ley y el disfrute de los derechos por parte de los ciudadanos. Esto se desprende con claridad de la lectura del artículo 166 de la misma Constitución, que no incluye entre las atribuciones de este órgano extrapoder la de formular políticas de ninguna naturaleza.
Cuando el Procurador General habla de que tales políticas públicas son, además, de Estado, le está faltando el respeto al conjunto de las fuerzas políticas reconocidas legalmente en Salta, puesto que las políticas que él dice estar aplicando para combatir la criminalidad y acabar con la impunidad -sea quien sea el que las haya formulado- no han sido negociadas ni consensuadas con ninguna fuerza política; especialmente con ninguna de la oposición. Son, en el mejor de los casos, producto del voluntarismo de una sola persona, de aquella que aspira a hacer su santa voluntad en todo aquello que roza su esfera competencial.
Es decir, que lo que pretende Cornejo es que sus directrices y caprichos -casi todos ellos inspirados en el populismo punitivo- disfruten de la más mínima contestación social posible; es decir, que tengan el número menor de contradictores y críticos. Y eso tiene en democracia un nombre bastante común: el de autoritarismo.
Lo que haga o deje de hacer el Ministerio Público Fiscal de Salta o su jefe en relación con la criminalidad o con la impunidad de Salta jamás puede decidirlo una sola persona; ni siquiera un grupo reducido de personas. Esto no sucede en ningún país del mundo. Los Intocables murieron con Al Capone en la década de los treinta del pasado siglo, cuando el famoso capomaffia fue encarcelado.
Ni siquiera puede decidir Cornejo qué harán los fiscales bajo su mando, puesto que el Ministerio Público no solo está sometido rigurosamente al principio de legalidad, sino que está bajo el mando de un gobierno colegiado tripartito en el que mucho tienen que decir también los defensores oficiales y los asesores de incapaces.
Si lo que Cornejo pretende es que los fiscales cumplan con la ley y que lo hagan cada vez mejor, pues que vaya sabiendo que no ha resuelto la cuadratura del círculo y que un objetivo de esta magnitud y alcance es una aspiración compartida por toda la sociedad salteña; es decir, que él no puede apropiarse de las banderas ajenas y reivindicar una posición exclusiva del aparato fiscal en relación con la Ley y el Estado de Derecho.
Si, como jefe de los fiscales, Cornejo se ha propuesto -ahora- combatir el crimen con más rigor, pues lo que debe hacer mientras afila los colmillos de sus subordinados y los suyos propios es explicarle a la sociedad por qué motivo, siendo él Juez de la Corte de Justicia y Juez Federal de Salta, antes de ocupar su actual cargo, se cuidó bastante bien de mojarse en asuntos de una extraordinaria gravedad. Es necesario que nos diga por qué no puso de relieve antes y por las vías más idóneas la existencia de aquellas acuciantes necesidades sociales y consintió con tanta alegría (o con tanta ingenuidad) que sus antecesores en el cargo se dedicaran a sacarle brillo a su placa mientras que subestimaban la amenaza de una criminalidad en alza.
Por deber, el Procurador General de Salta también le debe a la sociedad una explicación clara, razonada y concreta de por qué ha elegido en completa soledad y con soberana libertad unos determinados crímenes impunes para investigar con ahínco (o con aparente ahínco) y ha desechado otros que se encuentran en las mismas sangrantes condiciones, o aún más graves.
Ya puede el señor Cornejo poner patas para arriba el Ministerio Público Fiscal que seguramente la historia no le esperará con los brazos abiertos al final del camino, puesto que para lo que él pretende -esto es, convertirse en el Elliot Ness de los valles subandinos más atrasados y pobres del país- no solo necesita un cargo un poco más influyente y decisivo que el que ocupa actualmente, sino una personalidad algo menos cercana al cine del lejano oeste, más próxima al recato y, sin dudas, más apegada a la realidad y al Derecho vigente.
