Cuando los fiscales federales ganaron un caso importante de lavado de dinero contra el ex tesorero nacional de Venezuela, confiscaron cientos de millones de dólares que había robado al gobierno e invertido en una finca ecuestre, caballos de salto, autos de lujo y cuentas bancarias en el sur de la Florida.
El dinero de esos activos sucios pertenece al Tesoro de Estados Unidos, no al gobierno de Venezuela, declararon en noviembre los fiscales. El ex tesorero, Alejandro Andrade, fue “cómplice” en los delitos de aceptar sobornos y vender acceso al sistema oficial de cambio de divisas, en que convirtieron bolívares en miles de millones de dólares, alegaron los fiscales. Según las leyes de Estados Unidos, Venezuela, como estado soberano, no es una “víctima” de los delitos de Andrade.
Pero ahora un grupo de abogados de Miami está impugnando la postura del Departamento de Justicia en el enjuiciamiento por lavado de dinero en el sur de la Florida de acaudalados acusados venezolanos, conocidos como “cleptócratas”. Los abogados están tratando de recuperar cientos de millones de dólares para entregarlos al pueblo venezolano, que pasa por un desastre económico.
Los abogados esperan obtener cualquier dinero que las autoridades federales incauten en el futuro por este concepto para beneficio de las verdaderas víctimas, el pueblo venezolano, no el gobierno de Nicolás Maduro, según una moción presentada este mes ante un tribunal. La estrategia jurídica de los abogados va de manera paralela con proyectos de ley bipartidistas en el Congreso que tienen el mismo fin.
El abogado William Tunkey, socio desde hace mucho tiempo de un bufete de abogados miamense conocido por su trabajo de defensa en casos penales, declinó identificar a su cliente en Venezuela que está detrás del intento de recuperar el dinero robado al país. Pero dijo que la persona en cuestión no está alineada con Maduro ni miembros de su gobierno.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla a sus partidarios en Maracaibo el 13 de abril del 2019. Fernando Llano AP
Tunkey tampoco dijo si el cliente es aliado de Juan Guaidó, el líder opositor a quien Estados Unidos y numerosos otros países reconocen como el presidente interino de Venezuela desde enero del 2019, cuando la Asamblea Nacional declaró ilegítima la presidencia de Maduro.
Más allá de los argumentos legales, expertos venezolanos opinan que la política exterior estadounidense probablemente decida lo que suceda con el dinero malversado por los cleptócratas y colocado en inversiones en el sur de la Florida, Nueva York y Europa.
“¿Quién representa al gobierno de Venezuela en este caso?”, preguntó Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones que tiene negocios en Miami y Caracas. “Es pregunta legítima. ¿Es el gobierno de Guaidó o el gobierno de Maduro? … Si son los muchachos buenos de Guaidó, entonces [el gobierno de Estados Unidos] estaría dispuesto a darles el dinero”.
Dallen y otros expertos jurídicos dicen la única forma posible en que los fondos venezolanos robados, y recuperados por las autoridades de Estados Unidos, puede ser entregado al pueblo venezolano es a través de Guaidó. Señalan que el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y que el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado al generador primario de esos fondos, el monopolio petrolero estatal PDVSA, congelando sus activos en Estados Unidos.
Esa empresa es la fuente de miles de millones de dólares malversados por Andrade, otros altos funcionarios y miembros de la élite empresarial venezolana, quienes están acusados de pagar sobornos por acceso al altamente lucrativo sistema de cambio de divisas del país sudamericano.
En casos recientes de corrupción en Venezuela que se desarrollan en Houston, Nueva York y Miami, jueces federales han rechazado intentos de PDVSA y sus representantes de recuperar fondos robados de las arcas del gobierno venezolano a través de sobornos, coimas y uso indebido del sistema de cambio de divisas.
Pero la devolución del dinero malversado sigue siendo una posibilidad a través de demandas o una iniciativa de ley en Estados Unidos.
“Los retos prácticos y políticos tienen que ver con el hecho que el régimen de Maduro es responsable de la corrupción en cuestión y no sería un administrador adecuado de esos fondos”, dijo Michael Camilleri, abogado de derechos humanos de Diálogo Interamericano, un grupo de Washington que promueve la democracia en América Latina. “Entregar esos fondos al gobierno interino de Guaidó es más aceptable”.
Maduro acusa a EEUU de robar Citgo a Venezuela
El gobernante Nicolás Maduro afirmó el 28 de enero de 2019 que EEUU quiere “robar a Citgo”, en relación a las sanciones que impuso la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Este mes, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, se unió a otros senadores de ambos partidos para impulsar una iniciativa de ley para ofrecer asistencia al pueblo venezolano, que incluye el establecimiento de un fondo para manejar activos confiscados a cleptócratas “que pueden ser entregados a un futuro gobierno en Venezuela”.
“Mientras maduro y su pandilla de narcoterroristas sigue manteniendo al pueblo venezolano de rehén en su fracasado régimen socialista, el Senado federal envía un claro mensaje bipartidista con la presentación de la Ley VERDAD (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act) [Ley para la asistencia de emergencia, impulso a la democracia y el desarrollo]”, expresó Rubio en un comunicado. “Esta legislación ofrecerá la necesaria asistencia humanitaria y apoyo para el largo camino [que le espera al pueblo venezolano] al orden democrático”.
El Departamento de Estado cuenta con la llamada Iniciativa de Recuperación de Activos Malversados, que se dedica a encontrar, recuperar y devolver fondos malversados de autoridades extranjeras corruptas a víctimas en sus países d origen. “Aunque con la devolución de fondos a un gobierno extranjero se corre el peligro de dar más dinero a los cleptócratas, el Departamento de Justicia tiene una solución creativa”, escribieron Camilleri, de Diálogo Interamericano, y Fen Osler Hampson, director ejecutivo del Consejo Mundial para los Refugiados, en el diario Washington Posten enero.
Los dos citaron un ejemplo de fondos recuperaros por Estados Unidos en tramas de corrupción en Kazajstán: en un decomiso civil por parte del Departamento de Justicia, los $115 millones fueron donados a una fundación caritativa supervisada por el Banco Mundial a beneficio de jóvenes y familias pobres. Los fondos no pasaron por manos del gobierno kazajo.
“En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado debe seguir un modelo similar, tomar medidas rápidas para deducir gastos razonables y devolver el resto a los venezolanos cuando se dicte sentencia contra cleptócratas”, escribieron Camilleri y Hampson.
Debido a la fuerte escasez de alimentos y medicinas, unos tres millones de venezolanos han huido a países vecinos en busca de refugio.
En una entrevista, Camilleri, abogado de derechos humanos, dijo que el reto de recuperar fondos venezolanos robados no solamente pudiera ayudar a los venezolanos en su país, sino también en países vecinos, que les proporcionan asistencia a un gran costo.
“Ciertamente no es fácil”, dijo, “pero esa no es una razón para posponerlo indefinidamente porque hay necesidades inmediatas reales”.
En el caso de Andrade, el juez federal acordó con los fiscales que el dinero que el ex tesorero robó al gobierno de Venezuela e invirtió en el sur de la Florida debe permanecer en bajo el control del Tesoro de Estados Unidos. Andrade se declaró culpable de aceptar sobornos del magnate de la televisión venezolana Raúl Gorrín, acusado de pagar por acceso al favorable sistema de cambio de divisas del gobierno durante el período del ahora fallecido presidente Hugo Chávez, quien falleció en el 2013. Gorrín sigue fugitivo en Venezuela and y es dueño de una cartera de bienes raíces de lujo en Miami y Manhattan.
“Bajo esas circunstancias —en que un miembro del gobierno venezolano es uno de los acusados en el delito en cuestión— sería indebido darle [al gobierno venezolano] el estatus de víctima para propósitos” de recuperar el dinero malversado, alegaron los fiscales Michael Nadler y Vanessa Snyder en el caso de Andrade. También dijeron que Venezuela es un estado soberano y que por lo tanto su gobierno no cumple los requisitos para recuperar fondos robados a tenor con la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos.
Como el caso de Andrade ya se solucionó —fue sentenciado a 10 años de prisión y un juez aprobó el decomiso de $1,000 millones a finales de noviembre— Tunkey presentó la solicitud de acceso a los activos decomisados en otro caso pendiente en Miami. Ese caso es contra nueve funcionarios, empresarios y gerentes de inversiones acusados de operar una trama de lavado de dinero por valor de $1,200 millones durante la presidencia de Maduro. Tunkey y el socio jurídico Joseph Nascimento está centrados en ese caso porque todavía no ha concluido, y solamente dos de los acusados se han declarado culpables. El resto de los acusados están fugitivos o detenidos fuera de Estados Unidos.
Los abogados han solicitado “estatus de víctima” para el pueblo venezolano antes de la sentencia en julio de un ex ejecutivo de PDVSA que aceptó sobornos a cambio de permitir acceso al sistema de cambio de divisas de la petrolera estatal. Abraham Edgardo Ortega, ex director de planeación financiera de PDVSA, se declaró culpable a finales de octubre de haber aceptado $12 millones en sobornos y dio “estatus prioritario” a compañías venezolanas que hacían negocios con la petrolera, de manera que pudieran aprovechar sus enormes ingresos a través de estratagemas de préstamos y cambio de divisas.
En una moción ante el tribunal, los abogados han pedido a la jueza federal de distrito Kathleen Williams que celebre una audiencia de resarcimiento para determinar las pérdidas sufridas por Venezuela como resultado de la conducta penal de Ortega. Entonces, “Venezuela solicitará una restitución y sugerirá que cualquier dinero recuperado sea colocado en una cuenta reservada administrada por una tercera parte… para beneficio del pueblo venezolano”, expresa la moción.
En total hay cientos de millones de dólares en juego.
Tunkey expresó en la moción que el fiscal Nadler indicó que se opone a entregar cualquier dinero recuperado a Venezuela. Nadler planea presentar una respuesta para el 30 de abril. Pero su postura quedó clara en el caso de Andrada: “La complicidad del gobierno de Venezuela en esta confabulación hace indebido el estatus de víctima bajo cualquier estatuto aplicable”.
Alejandro Andrada, ex tesorero nacional de Venezuela.
