La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada de manera fraudulenta por Nicolás Maduro en 2017 dejó de funcionar en la segunda semana de diciembre.
Pese a que tuvo una duración de más de tres años, lapso establecido sin base legal alguna, no cumplirá con su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015.
“Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir (una Constituyente), otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales”, argumentó.
Para la ONG Acceso a la Justicia, “la declaración de Cabello revela que la instancia ha sido un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución. La figura terminó de llevarse tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país”.
La ANC se instaló el 4 de agosto de 2017, tras una cuestionada convocatoria, en mayo de ese año y fraudulenta elección el 30 de julio siguiente.
La organización resalta que “casi la totalidad de su actividad estuvo centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años dictó o reformó una treintena de leyes, a algunas de las cuales le colocó el calificativo de constitucionales”.
Entre esos instrumentos destacan la Ley contra el Odio. La normativa castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes “inciten el odio”.
Acceso a la Justicia denuncia que esa ley “ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono”.
Recuerda como “un caso emblemático, el de los bomberos de Mérida que grabaron un video haciendo una sátira, con un burro”.
Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (Clap). Esta última “ley constitucional pretende regularizar la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el régimen de Maduro”.
Una rapiña
La ONG sostiene que la Constituyente de Maduro “abrió las puertas a la expoliación de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco, y sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al régimen para celebrar todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios:
Todo con el fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República», sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.
Acceso a la Justicia denuncia que: “áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos”.
El invento criollo de la Constituyente
«Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas», explicó Diosdado Cabello.
Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución. Recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.
La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello. Además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).También el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN”.
Asimismo, aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
“Hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre la actuación Maduro, tal como la interpelación a algún ministro. Esto último no se hace años, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora”, dice la ONG consultada.
La única medida que podría considerarse como un intento de «transformar el Estado», es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure. Pero, esto, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes.
Las gestiones de la Constituyente no redundaron en una mejora en las condiciones de vida de los venezolanos. Ni siquiera sirvió para su otro gran objetivo: «traer la paz», pese a que su presidente dijo lo contrario. Lo hizo en su discurso de cierre de las actividades del organismo, el 15 de diciembre pasado.
Conflictos
Aunque es cierto que no ha habido protestas masivas como las de 2017, las manifestaciones de calle han aumentado. En 2018 se registraron 12.715 frente a 9.787 de 2017. En 2019 se produjeron 16.739, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
De hecho, problemas como la hiperinflación o las fallas en los servicios públicos lejos de superarse se han agravado. También la desnutrición y otros aspectos de la emergencia humanitaria compleja. Estos males afectan al país desde hace por lo menos cinco años. Ocurre precisamente por la ruptura institucional llevada adelante por el Gobierno de Maduro con tal de mantenerse en el poder.
