La figura de Extinción de Dominio en la lucha contra la corrupción, es un proceso que se realiza en forma simultánea y paralela al proceso penal y judicial que se ejecuta contra los acusados en presuntos hechos de corruptelas, aseguró este sábado el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio García Zerpa.
idaed / Vtv
“Después de estudiar la materia y revisar bien, que es el proceso que estamos haciendo, nos damos cuenta que la Ley de Extinción de Dominio es un proceso civil, el proceso penal está avanzando (…) están siendo investigados, acusados y juzgados, pero, paralelamente, se abre un proceso de carácter patrimonial, de carácter civil, porque hay sospechas sobre esa persona detenida por presuntos hechos de corrupción, porque aún no han sido juzgadas ni condenadas, tiene propiedades no legítimas. Entonces decimos, mientras estamos en un proceso penal, vamos al proceso civil”, dijo en entrevista durante un Programa Especial transmitido por VTV.
El proceso judicial sigue su curso y los acusados, cuyas propiedades podrían estar vinculadas a tramas de corrupción, tendrán la oportunidad de demostrar la legitimidad de las propiedades, en consonancia con sus ingresos legales. De esta manera, se abre un procedimiento civil en un tribunal especial en materia civil, con la fiscalía y la defensa.
“En este proceso civil, esta persona debe probar que las adquirió de manera legítima, que no son producto de hechos de corrupción, de narcotráfico ni legitimación de capitales”, acotó el diputado, siendo que la acción es extensiva a presuntos testaferros, familiares o personas que actúan a nombre del acusado.
Señaló que, de esta manera, se respeta el debido proceso, realizándose dos audiencias, una de pruebas y la otra de fondo, donde se revisan los elementos probatorios y aun cuando no haya procedimiento penal, pero el acusado no demuestra la legitimidad, el Estado puede tomar la decisión de extinguir el dominio sobre esas propiedades.
“¿Qué significa?, llevarlo al dominio público y, en adelante, iniciar un proceso para el destino de esos bienes”, agregó. Al tiempo que indicó que la ley permitirá realizar incautaciones preventivas para evitar que estos bienes se deprecien o desaparezcan, y de esta manera sean usadas por el Estado venezolano para fines colectivos.
El parlamentario señaló que, las Leyes de Extinción de Dominio son normativas que varios países están desarrollando para atacar hechos de corrupción, narcotráfico y otros delitos asociados. En el caso de Venezuela, la novísima ley fue consultada y debatida ampliamente, con aportes de instituciones y especialistas.
Garantiza, asimismo, medidas cautelares, como prohibición de gravar o enajenar, se prohíbe la movilización de cuentas bancarias, la venta de bienes muebles o inmuebles, objeto de la acusación penal. Además, la normativa evita que estas propiedades ilegalmente adquiridas puedan ser retomadas por las personas condenadas por corrupción, una vez salgan en libertad después de cumplir sus penas.
“Esta ley va directo a evitar que los corruptos salgan impunes, penan 3 años y salen a disfrutar los bienes ilegalmente obtenidos”, concluyó, aseverando que nadie debe temer a la ley, por cuanto “quien no la debe no la teme”.
