El vicepresidente de la comisión de política interior de la AN no descartó que el grupo desarticulado haya sido infiltrado por organismos de inteligencia.

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En sus redes sociales hay fotos de cuando trota por algún parque caraqueño. “Voy a ver si me inscribo en un maratón” dice el diputado por Táchira, Julio García Zerpa, hijo de Julio García Jarpa, quien fuera parlamentario durante el periodo 2000-2005, época en la cual el actual presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores también ocupaban curules. “Murió hace un mes”, evocó el joven diputado refiriéndose al fallecimiento de su padre.

García Zerpa es abogado y actualmente en la Asamblea Nacional ocupa la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Política Interior, que desde hace tres semanas preside el diputado Diosdado Cabello Rondón.

En las últimas horas García Zerpa ha sido reflejado por medios públicos y privados especialmente explicando los alcances de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, promulgada la semana pasado en el Palacio de Miraflores por el Jefe de Estado. “Me dijeron a última hora para que hablara en ese acto”, reveló el diputado.

Pero además de esa Ley, la entrevista que García Zerpa concedió a Últimas Noticias versó sobre el abordaje en las cárceles nacionales que acomete actualmente la Comisión Especial para la Revolución Judicial destinado a acelerar los juicios y destrabar las libertades que corresponden a los privados de libertad por tiempo cumplido, redención de la pena o medidas humanitarias.

También abordamos las reformas de las leyes cuyo propósito es sancionar los hechos de corrupción, para lo cual la Asamblea Nacional designó una comisión especial. “Algunos corruptos hay que mirarlos como unos genocidas”, comentó García Zerpa, al tocar el punto de los hechos detectados al interior de Pdvsa y que condujeron a la detención de altos gerentes.

—¿En la Asamblea Nacional no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en Pdvsa?
—Nosotros aprobamos en la Asamblea Constituyente (2017) una Ley Antibloqueo. Y los mecanismos formales de vigilancia no son los mismos hoy en día, porque estamos en una situación excepcional, un país bajo asedio, prácticamente en una situación de guerra que genera muertes, migraciones. Entonces, en esos mecanismos excepcionales se generaron estas tramas. El Presidente, sin cálculos políticos, ha denunciado esta trama de corrupción y ha pedido que le caiga el peso de la ley a todos los responsables. Caiga quien caiga. Allí están presos los capos reales.

—El presidente Nicolás Maduro ha asomado que había intenciones políticas detrás de esos hechos de corrupción develados.
—El país requería un dinero, todavía lo estamos requiriendo y a estos tipos que le dieron esa responsabilidad política de encontrar los mecanismos para vender nuestro crudo no estaban reportando el dinero a la nación. El Presidente ya asomado algo de que había un plan político. Lo que estamos viviendo hoy, que el Presidente haya tenido que ir a dar la cara un primero de mayo, con unas altas expectativas de los trabajadores. Es un pecado capital lo que estos tipos hicieron, es un crimen contra el país y deben pagarlo con todo el peso de la ley.

—¿Ese plan político estaría patrocinado por Estados Unidos?
—Yo desconozco, aunque no pareciera alocado. Sobre Venezuela se han aplicado todos los mecanismos de presión, de conspiración posibles, todos los laboratorios, golpes blandos, suaves, militares, guarimbas, saboteo económico, saboteo eléctrico. No descarto que estos tipos hayan sido infiltrados por organismos de inteligencia o el propio gobierno de Estados Unidos.

—La AN designó una comisión para revisar las leyes anticorrupción.
—Sí. Hay varios tipos de corrupción. Hay una corrupción del gestor que te martilla para hacer un trámite. Pero hay otra que llega casi al nivel de genocida. Allí hay que mirar a los corruptos como unos genocidas. Tipos que están entrando en otro tipo de cosas.

—¿Ese será uno de los enfoques para la reforma de las leyes?
—Se creó una comisión mixta donde están las comisiones permanentes de Política Interior, Finanzas y Contraloría. La idea es revisar todo el marco jurídico contra la corrupción, el sistema del control fiscal, los mecanismos. Recordemos que esta última trama de corrupción guarda relación con el modo de proceder empleado para comercializar el petróleo. El hecho de las sanciones nos ha obligado a buscar mecanismos de comercialización del crudo y traer cosas al país que son nuevos y no permiten total transparencia. Porque quien nos compra petróleo a nosotros es considerado un delincuente por los Estados Unidos, es perseguido incluso.

—¿Esas son las operaciones paralelas a las cuales se refiere el fiscal general cuando habla del modus operandi en la trama de corrupción descubierta en Pdvsa?
—Estos mecanismos han hecho que nosotros tengamos que ir a triangulaciones en el sistema financiero internacional, que tengamos que recibir pagos en efectivo, que todas esas relaciones no se puedan llevar de manera normal. Entonces en esta lógica del bloqueo, cómo hacer un sistema que permita la transparencia, vigilancia y control de los recursos del Estado, sin que se desvíen esos fondos no es una tarea sencilla.

—Y esas operaciones paralelas que el fiscal general presenta como delito, no encuentran una justificación en el bloqueo a Venezuela, tal como usted lo describe.
—Sí, bueno exacto, hay mecanismos que no son los estrictamente formales, pero tienes que entregarle el dinero al Estado. Tienes una tarea política que es comercializar crudo, seguramente algunos de esos barcos los habrá pagado en efectivo. Está bien; pero ese efectivo tienes que reportarlo a la República, no puedes guardártelo.

—¿Allí es donde estuvo el pecado?
—Claro. No ingresar el dinero. Nosotros veníamos de una senda de crecimiento económico: el primer semestre del año pasado crecimos 18% y se aspiraba que se mantuviese eso. Tuvimos la primera dificultad cuando nos complicamos para el pago del bono vacacional a trabajadores del Ministerio de Educación. Detrás de eso hay un gran entramado.

—Vamos a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué instrumentos existían para administrar los bienes obtenidos con dinero no santo?
—Esta es una figura novedosa en nuestra legislación; quizás lo más parecido que teníamos es la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esa es una ley de carácter penal que establece la sanción confiscatoria para ciertos tipos de delitos, como legitimación de capitales, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y financiamiento al terrorismo. La Ley contra Drogas también tiene unas disposiciones sobre los bienes.

—¿Qué se persigue con esa ley?
—El objeto de la ley es la localización y recuperación por parte del Estado de bienes adquiridos por personas incursas en esos delitos: legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y corrupción.

—¿Solamente los incursos en esos tipos delictivos?
—Son de los delitos más graves existentes en nuestra legislación. Esto no es para todas las categorías de delitos; son delitos graves y sumamente lesivos a los derechos humanos.

—¿La ley establece un procedimiento para determinar a quién corresponden los bienes que poseen las personas incursas en los citados delitos?
—El procedimiento en este caso es civil. Es un procedimiento autónomo del procedimiento penal. No necesariamente requiere de un expediente penal para iniciarse, aunque el que lo inicia es el Ministerio Público y va a ser conocido por tribunales especiales.

—¿Cuánto tiempo dura ese juicio?
—No debería pasar de dos meses, desde que se inicia hasta que se llegue a la sentencia. Son dos audiencias: una de presentación de elementos y pruebas y una de fondo donde el juez debe decidir.

—¿Qué sucede en ese juicio?
—Vamos a hacerlo con un caso práctico. Ahorita hay funcionarios privados de libertad por la trama Pdvsa-cripto. Ellos van a ser juzgados, en este momento están esperando por su acusación formal por parte de Fiscalía. Pero paralelamente, el fiscal de la causa puede enviar los elementos a otro fiscal especial diciendo que esa persona tiene bienes cuya legitimidad no puede demostrar.

—¿Qué hace ese fiscal especial con esa información?
—Con esa acusación, el fiscal especial hace una investigación y presenta el caso ante un tribunal de extinción de dominio. Se abre un lapso para presentar pruebas y en ese caso la persona investigada debe demostrar la legitimidad de los bienes. La persona investigada tiene la carga de la prueba.

—Distinto a la investigación penal donde el Estado tiene la carga de la prueba, es decir, debe probar la culpabilidad del imputado.
—El Estado tiene unos indicios que está presentando allí en ese juicio. La ley plantea una figura novedosa que es la carga dinámica de la prueba. Ambos tienen la carga de la prueba: tanto el Estado, representado en el Ministerio Público, como el investigado. El juez puede valorar la prueba de ambos con todo ese acervo probatorio.

—¿Y la presunción de la inocencia?
—Al ser un procedimiento de carácter civil no opera la presunción de inocencia. En el procedimiento penal si la tienes: eres inocente hasta que demuestren lo contrario en el juicio.

—¿Por qué no se presume la inocencia en ese juicio civil?
—Como estas incurriendo en ciertos delitos, estoy observando que hay unos bienes asociados a ti, yo (Estado) presumo que esos bienes no son legítimos. Entonces nos vamos a un juicio civil para que tú me demuestres la legitimidad de esos bienes.

—¿Qué pasa si en ese juicio no logro demostrar que esos bienes son legítimamente míos?
—Si en ese juicio tú no logras demostrarlo, la consecuencia es que pierdes el dominio sobre esos bienes.

—¿Y si esos bienes están fuera de Venezuela?, ¿cómo hace el Estado para recuperarlos?
—Esto nace del derecho internacional público, hay una ley modelo de Naciones Unidas. Nosotros somos suscriptores del sistema interamericano de Naciones Unidas sobre los bienes y extinción de dominio. La propia ley establece la cooperación activa y pasiva de manera internacional. Nosotros tenemos la obligación de colaborar con otros estados y así mismo ellos. Esta es una tendencia que va avanzando y en muchos países de la región se está discutiendo.

—La ley también establece que se puede aplicar aún cuando los hechos hayan ocurrido en el pasado.
—Si el artículo 6 dice que se puede conocer de hechos que se hayan dado aún siendo aprobada la ley. Es un tema complejo. En las escuelas de Derecho nos dicen que la ley no tiene efecto retroactivo. Pero en el juicio penal se dice que la ley puede ser retroactiva cuando ésta favorece al reo.

—¿Y en este caso?
—En este caso estamos hablando de materia patrimonial. ¿Qué pasa por ejemplo en Estados Unidos cuando una persona evade impuestos?, si el Estado considera que los impuestos que tú estás pagando no son cónsonos con el nivel de vida y los bienes que ostentas….bueno el Estado te hace una investigación profunda, porque eso es un delito federal. Te investiga hacia atrás todo tu recorrido patrimonial para ver desde cuándo viene ese patrimonio que posees.

—Actualmente existe la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) encargada de administrar bienes confiscados. ¿Qué va a pasar con esos bienes?
—Todos los bienes que tiene la Oncdoft y la Superintendencia Nacional Antidrogas pasarán al Servicio de Administración de Bienes, con esta nueva Ley.

—¿Quedarían eliminadas la Oncdoft y el servicio de la Sunap?
—Como órganos de administración de bienes sí. Todos los bienes que sean incautados mediante la Ley de Extinción de Dominio van a pasar a este servicio nuevo que se ha creado.

—Esta Ley nace en medio de la Operación Anticorrupción donde hay hasta ahora 61 detenidos.
—Sí, obvio, es parte de la estrategia de la lucha contra la corrupción que ha iniciado el presidente Nicolás Maduro. Fue iniciativa del Ejecutivo Nacional. Considero que en los hechos de corrupción, cuando la persona se queda con el dinero, el delito queda impune. Y además nuestras penas en la legislación contra la corrupción son muy bajas. Si la persona se acoge a la admisión de los hechos, pudiera pagar tres o cuatro años de cárcel y luego salir a disfrutar sus bienes. La corrupción no estaba en esos delitos por los cuales la Oncdoft administraba bienes. Y la corrupción es una forma de delincuencia organizada.

—¿Cuál es el destino de los bienes incautados en el marco de la Ley?
—La ley establece hacia dónde van esos recursos. Habla del sistema de protección social como primer orden, de obras de infraestructura en general, inversión en servicios públicos y equipamientos a los órganos de seguridad. La ley también tiene la figura de la venta anticipada.

—¿En qué consiste esa venta anticipada de los bienes incautados?
—Eso es cuando los bienes corren el riesgo de perecer o desvalorizarse, se puede tomar la decisión de hacer una venta anticipada.

—¿Y si al final la persona logra demostrar que esos bienes los adquirió legítimamente?
—Ese dinero producto de la venta anticipada va a un fondo hasta tanto se termine el juicio. Si la persona logra demostrar la legitimidad de los bienes se le dará lo equivalente a la venta.

—El diputado Diosdado Cabello dijo que algunos bienes incautados se desviaban en el camino. ¿Esta Ley tiene algún mecanismo para evitar ese desvío de los bienes incautados?
—Vistas esas experiencias del mal uso de bienes incautados, la ley prevé cuál es el destino de esos bienes que ya lo desglosé. Eso es un hecho importante para evitar la discrecionalidad de funcionarios. Y al centralizar esos bienes en un solo ente seguramente habrá mayor vigilancia sobre los mismos.

Al detal

• ”En este momento la Comisión Especial para la Revolución Judicial está nuevamente realizando un abordaje en las cárceles del país. Son medidas paliativas al asunto general, pero en definitiva estamos haciendo justicia, acelerando procesos que se han vuelto muy engorrosos en el sistema penal con personas privadas de libertad que presentan retardo en sus procesos penales. Hay 60 diputados que están desplegados en cárceles y retenes. Estamos haciendo una pasantía en caliente, atendiendo a privados de libertad”
• “Hasta este momento llevamos más de 20.000 privados de libertad atendidos, uno por uno, escuchando sus casos, viendo cuáles son los nudos que ocasionan el retardo procesal. Al final esa es una tarea de la Asamblea Nacional en su labor contralora”.
• “Estamos planteando un mecanismo expedito de comprobación y verificación de las boletas de excarcelación expedidas por un tribunal. Yo planteaba que esa boleta lleve un código QR para que el funcionario de la cárcel la escanee y verifique si aparece en el sistema esa medida en favor de tal o cual privado de libertad. Lo que no puede ocurrir es que un funcionario administrativo incumpla la orden de un juez”.