El que fuera cabecilla del aparato político de ETA, Mikel Albisu, conocido como ‘Mikel Antza’, ha sido llamado por la Audiencia Nacional en condición de investigado por el asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente alcalde de San Sebastián y presidente del Partido Popular en Guipúzcoa en 1995.
RL / Idaed / Abc
Ha sido el juez Alejandro Abascal, encargado del Juzgado Central de Instrucción 1, quien ha citado al etarra para que declare, de forma telemática desde San Sebastián el próximo días 21 de diciembre, a las 10:30, por su «presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar a don Gregorio Ordóñez Fenollar».
El magistrado ha autorizado a Antza para declarar desde los juzgados de San Sebastián, a los que se ha encomendado la organización y preparación de la videoconferencia.
Hasta allí deberá acudir el investigado con su defensa letrada y los abogados de las partes que estimen oportuno acudir a la sede judicial.
La providencia incide en que «el inculpado ha permanecido voluntariamente en territorio nacional durante más de cuarenta y cinco días desde su expulsión de territorio francés en enero de 2019; por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 60.4.c) de la Ley 23/2014 y art. 21.2 de la Ley de Extradición Pasiva sobre innecesariedad de acudir a ampliación de la entrega para poder» actuar contra él.
La Asociación Dignidad y Justicia, quien se ha presentado como acusación popular en este asesinato, ha convocado a «todo buen español» a concentrarse esa misma hora en las puertas de la Audiencia Nacional para «defender la memoria de un líder que no pudo ser», por Ordóñez, «porque Mikel Antza decidió que debía morir asesinado».
La Audiencia Nacional condenó a Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Jon’ y ‘Zapata’, Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.
Desde Dignidad y Justicia han subrayado la «gran importancia la labor desarrollada por Guardia Civil y Policía Nacional para implicar a Mikel Antza en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Su responsabilidad como jefe del aparato político de ETA fue crucial para señalar a este gran servidor de España en el País Vasco», asegura la asociación que dirgie Daniel Portero.
En 2019, el histórico dirigente de la banda terrorista quedó en libertad tras cumplir condena en Francia.
El que fuera máximo responsable del aparato político de ETA fue arrestado en Francia en octubre de 2004 junto a su pareja, Soledad Iparragirre, «Anboto». La Justicia francesa impuso en diciembre de 2010 sendas penas de 20 años de cárcel para ambos el primero considerado jefe político de ETA y la segunda responsable de las finanzas.
