Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) indicó que bajo el gobierno de Nicolás Maduro se desarrolla “una estructura única” de lavado de dinero como parte de una “compleja operación criminal” que socava el Estado de Derecho y la democracia.
Los investigadores enfatizaron que en dicha estructura criminal intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos delictivos organizados que muestran “ser resistentes y adaptables”.
El estudio concluye que “para combatir esta red” es preciso “la integración de autoridades y capacidades en Estados Unidos” y la actuación en alianza “con socios de confianza como Colombia”.
El contraparte, el gobierno de Maduro y su embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ha criticado en el pasado el papel del CSIS. El CSIS fue fundado en 1962 como una organización bipartidista sin fines de lucro. Desde entonces investiga y busca proporcionar ideas y soluciones para ayudar a decisores a tomar medidas en aras de un mundo mejor.
El informe, basado en cinco años de investigaciones, lo realizó Douglas Farah, presidente de la firma IBI Consultores e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional. La investigación “arroja nueva luz sobre las estructuras de lavado de dinero bolivariano-venezolanas y cómo están conectadas, la cantidad de dinero que mueven, la diversidad geográfica y la red criminal”.
El equipo de investigadores cuenta también con Celina Realuyo, profesora en el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional; José Cárdenas, exsecretario adjunto interino de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID y director de Visión Américas y Caryn Hollis, exsubsecretaria adjunta de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.
La red y su funcionamiento
Los panelistas explicaron que Maduro “no necesita el apoyo de su propia gente, siempre y cuando tenga el tipo de organización criminal internacional que opera en la sombra”.
El informe alude al origen de la actual situación de corrupción desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez y al apoyo recibido desde entonces, entre otros por los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. El texto dice que Maduro “heredó este régimen criminal desde el 2013”, luego de la muerte de Chávez.
“La red abarca todo el mundo, desde El Salvador a Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong y a través de varios paraísos financieros”. El informe explica cómo se ha deteriorado la situación en el país, incluyendo la contracción de más del 50 % de la economía y con al menos el 10,5 % de la población venezolana refugiada.
De acuerdo con la indagación, la estatal petrolera PDVSA es parte clave de la estructura de lavado de dinero. Intervienen, así como lo hacen las organizaciones catalogadas de criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los investigadores sostienen que la caída en los precios del petróleo y el estancamiento de la producción llevó al gobierno a “diversificarse” y “a confiar aún más en actividades como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro”.
En cuanto a la metodología de este estudio: por cinco años fueron recolectadas informaciones en 11 países e identificadas 181 personas y 176 empresas que operan en 26 naciones. El estudio indicó que entre 2007 y 2018, al menos $ 10.000 millones fueron desviados de PDVSA .
Los estudiosos indicaron además que la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), una alianza izquierdista fundada por Chávez y el fallecido expresidente de Cuba, Fidel Castro, es un mecanismo que “ha permitido que los fondos se muevan con facilidad” desde Venezuela a sus aliados extranjeros.
