En la planta de la Corporación Inlaca de Valencia ya nada es como antes. Las condiciones laborales, así como los niveles de producción, han desmejorado progresivamente durante la última década, hasta llegar a lo que hoy queda: de al menos 17 líneas productivas que alguna vez estuvieron operativas, solo se mantienen dos o tres.

RL / Idaed / ElCarabobeño

Además, de los 600 trabajadores que había en 2018, quedan unos 257, y 94 de ellos están suspendidos.

Así lo expuso Raimer Paz, uno de los 94 trabajadores suspendidos por la empresa desde finales del año pasado, quien temprano acudió junto a un grupo de compañeros a la sede de la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga, al norte de la capital carabobeña, para alzar su voz en protesta por lo que considera fue una decisión arbitraria y exigir la reincorporación inmediata a sus labores.

Fue en noviembre de 2020 cuando la Corporación Inlaca notificó al 37 % de sus trabajadores activos en nómina, la mayoría con un mínimo de 15 años de servicio, sobre de la suspensión. “La empresa arbitrariamente nos sacó a la calle de la noche a la mañana, haciendo caso omiso al decreto de inamovilidad laboral”, denunció. Desde entonces han pasado 147 días bajo incertidumbre y en la búsqueda desesperada del sustento para sus familias.

Puertas adentro, los 163 empleados que quedaron exentos de la suspensión se encuentran operando una compañía que, según paz, “produce a pasos de morrocoy” desde enero, cuando sin previo aviso los patronos paralizaron por completo la escasa producción que mantenían.

Los empleados suspendidos dejaron de recibir el pago sus sueldos. La compañía solo les proporciona un bono de alimentación de 93 mil 333 bolívares a la semana, cuya sumatoria en un mes irónicamente cubre 0,08 % de la Canasta Alimentaria Familiar, que en febrero tuvo un costo superior a los 450 millones de bolívares según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

Ante ese panorama y en plena pandemia de COVID-19, tanto Paz como sus compañeros se han visto en la obligación de dedicarse a otras actividades económicas. Incluso han recurrido a la venta de artículos de su patrimonio en busca de ingresos. “Varios trabajadores tuvieron que vender sus vehículos y hasta artefactos eléctricos de sus casas para poder sobrevivir y alimentar a sus hijos”, agregó.

De acuerdo al vocero, la empresa se limitó a explicarles que la decisión de suspenderlos respondía a la caída de la producción, presuntamente por dificultad para acceder a la materia prima de los jugos, las bebidas lácteas y sus respectivos envases. Mientras que en la inspectoría del trabajo les notificaron desde el primer momento que se trataba de una acción no avalada por ese ente.

“No les importó nada, sabiendo que tenemos familia, niños pequeños y que muchos hemos dado los mejores años de nuestras vidas a la empresa. Estamos desamparados y sin beneficios”, reiteró Raimer Paz.

Luego de 15 años al servicio de la Corporación Inlaca, a Reny Izaguirre le tocó reinventarse para continuar llevando el sustento a su hogar. “He tenido que trabajar de taxista, arreglando cosas aquí y allá, pero cada día la situación se está poniendo más ruda. Para nosotros es cada vez más difícil estar en pandemia y sin salario”, expuso.

Izaguirre cuestionó que luego de casi cinco meses desde que fueron suspendidos, tampoco la inspectoría del trabajo les ha dado una respuesta concreta.

El llamado que hacen 94 trabajadores de la corporación a la inspectoría es claro: “Estamos reclamando nuestros derechos. Queremos la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo, queremos trabajar y queremos producir para el país”.

El pasado 7 de febrero Armando.info publicó el reportaje investigativo “Alex Saab consiguió en Mamá Carabobo otro negocio que ordeñar”. De acuerdo a esa investigación, Saab es el “patrón tras bambalinas” de Corporación Inlaca.