Entre enero y septiembre de 2020 se registró 454 violaciones a la libertad de expresión relacionadas con hechos de violencia contra trabajadores de los medios, lo que representa el 86% de los registrados en todo el año 2019 en Venezuela.

A tres meses de cerrar el año estas cifras, que incluyen tres muertes, muestran que la impunidad continúa año tras año, es una realidad que evidencia el desinterés del gobierno en atender una situación que afecta a periodistas y a la población en general en su posibilidad de informarse libremente, en medio de una crisis humanitaria y más de ocho meses en cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Este 2 de noviembre se conmemora mundialmente, desde el 2013, el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y en Venezuela no hay nada que celebrar.

La violencia aumenta cada año y el Estado no se avoca a investigar ni sancionar a las y los responsables de atentar contra quienes trabajan en los medios de comunicación.

Las cifras de intimidación, agresiones, amenazas, ataques y muertes en el ejercicio de la labor informativa han tenido altibajos desde el 2002, con un pico que destaca el 2017 en un año de particular actividad de protestas en contra del gobierno.

Ningún registro anual está por debajo de las 70 violaciones a la libertad de expresión y en total, hasta septiembre de 2020, suman 4.078. En promedio el Estado ha limitado violentamente el derecho a buscar, recibir y difundir información un día sí y un día no (0,59% diario) durante los últimos 18 años y nueve meses.

Desde el 2002 y sobretodo durante la última década la crisis política y social se ha profundizado, degenerando en una emergencia humanitaria compleja que afecta a la población, pero los periodistas y reporteros no pueden reflejar libremente estos hechos porque son amenazados, golpeados, atacados, e incluso asesinados mientras hacen su trabajo sin que el Estado busque evitar que esto suceda y sin investigar, sancionar ni reparar los casos de violencia contra trabajadores de los medios.

El uso de la violencia contra periodistas es común durante la cobertura de protestas, de reclamos en empresas públicas, y este año particularmente ante la escasez de combustible, la información de salud relacionada con la transmisión de COVID-19, y las protestas por las fallas de los servicios básicos en todo el país.

Es frecuente que altos funcionarios del gobierno mantengan un discurso que desmerita el papel de los medios y les ataca constantemente. Esta práctica se convierte en política de Estado cuando las violaciones van más allá del acto ejercido por funcionarios o grupos de irregulares armados afectos al gobierno. Incluso, el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos, concluyó que «en Venezuela hay persecución “específicamente contra determinados perfiles de personas, en particular los opositores políticos, las personas críticas al Gobierno y las personas asociadas a ellos”¹.

Esta violencia discursiva se repite en el tiempo, y ampara la violencia de efectivos de seguridad o militares que actúan en contra del trabajo periodístico en las calles, repitiendo en la práctica los señalamientos de “delincuentes” o “conspiradores” hacia los periodistas, siguiendo el formato de la teoría del enemigo interno.

Durante el año 2020 se han mantenido los mecanismos para silenciar a los medios evitando que se difundan informaciones que desmientan o contraríen la versión oficial de la situación del país. Como parte del proceso la violencia y detenciones contra periodistas en la calle es el inicio de esa censura, evitando que capten imágenes, testimonios, o que graben videos que luego puedan ser divulgados.

En su gran mayoría, las investigaciones de casos de violaciones y abusos de poder (con agresores plenamente identificados) no son completadas. El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran la libertad de pensamiento y opinión de periodistas e infociudadanos, sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información.

En los casos de violencia registrados hasta septiembre de 2020 la intimidación representa el 95% de todos los hechos de este tipo registrados entre enero y diciembre de 2019, sumando 319 violaciones de este tipo al derecho a la libertad de expresión: funcionarios limitan o niegan el acceso de los medios a espacios públicos o a lugares donde está ocurriendo un hecho noticioso.

Estos datos no muestran hechos aislados, ni una circunstancia excepcional en la política de Estado llevada a cabo por el gobierno de Venezuela; son el reflejo de un problema estructural caracterizado por la arbitrariedad con la que pueden actuar los cuerpos de orden público a margen de toda legalidad y con un poder judicial carente de independencia e imparcialidad, por lo cual no existe sentencia a favor de las víctimas.

La arremetida de la fuerza pública durante el ejercicio de labores periodísticas vulnera los estándares de libertad de expresión e información pues dichas acciones tienen como objetivo impedir la difusión libre y plural de información, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Carta Magna establece en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y en su artículo 19 expresa que es deber del Estado venezolano garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y el respeto y garantía de los mismos por parte de los órganos del Poder Público.

Uno de los objetivos fundamentales del Estado es garantizar seguridad a sus ciudadanos a través de la creación de mecanismos eficientes en la prevención del delito, así como procurar un sistema de administración de justicia que cuente con jueces que inspiren confianza en la población. Cuando ambos criterios no son cumplidos se genera un efecto inhibitorio en la sociedad producto de la impunidad.

En este sentido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirma que “cuando tales delitos quedan impunes esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras” lo que contribuye al retroceso de la libertad de expresión en Venezuela.

Los hechos registrados cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad, esto se debe principalmente a la falta de independencia de los poderes públicos al actuar a favor de una parcialidad político partidista.

La poca transparencia en sus procedimientos, así como la situación de provisionalidad y la falta de idoneidad en la selección de los fiscales conforman un sistema de justicia que responde a intereses parcializados y con operadores coaccionados por el miedo a tomar decisiones contrarias al poder, tomando como precedente el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni. El Estado permite por acción u omisión la impunidad de delitos, con el agravante de que estos constituyen una violación de los Derechos Humanos y suman al resquebrajamiento de la democracia.

El Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión indicó que la impunidad constituye un obstáculo fundamental para la protección de la vida y la integridad personal de los comunicadores, “puesto que anima a atentar contra los [y las] periodistas a sabiendas de que no habrá consecuencias legales”.

Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, motivado además por que los principales agresores son figuras de poder del Estado; y la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.

El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por Venezuela. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este mismo derecho en su artículo 13. La violencia contra trabajadores de los medios y la impunidad en estos casos, resultan hechos preocupantes pues no solo se está frente a la comisión de un delito, sino que también los funcionarios quebrantaron su deber constitucional de proteger, velar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

Asesinatos por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

El culmen de la violencia es el asesinato, personas que ejercían su derecho a buscar, recibir o difundir información, perdieron la vida y en el 56% de los casos el Estado no ha sido eficiente en investigar, juzgar y condenar a los o las responsables. A continuación breves reseñas de cada uno de los casos.

Nombre y apellido	Profesión de la víctima	Medio de comunicación	Año	Estatus	Descripción
Jorge Tortoza	Reportero gráfico	Diario 2001	2002	Impune	Jorge Tortoza murió el 11 de abril de 2002, a consecuencia de un disparo por arma de fuego, mientras cubría las manifestaciones organizadas por la oposición en contra del gobierno de Hugo Chávez. En mayo de 2019, familiares de Tortoza aseguraron que aun no se han determinado responsables por el asesinato del fotógrafo y que luego de la exhumación de sus restos, en el año 2006, se evidenciaron elementos que no coincidían con los arrojados tras las investigaciones iniciadas en 2002. Solicitaron a la Fiscalía General de la República reabrir las investigaciones. 2
Mauro Marcano	Periodista	Radio Maturín	2004	Resuelto	Mauro Marcano fue asesinado a tiros por dos sujetos cuando salía de su residencia en Maturín, estado Monagas. Semanas antes del homicidio, Marcano denunció en prensa y radio actividades vinculadas al narcotráfico en el oriente del país, motivo por el cual aseguró sentir que su vida estaba en peligro. El 23 de febrero de 2010, fue capturado José Ceferino García Fermín, principal implicado en la muerte de Marcano, posteriormente fue condenado a 23 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en el caso. 3
José Joaquín Tovar	Director	Semanario Ahora	2006	Impune	El periodista José Joaquín Tovar, director del semanario «Ahora» fue asesinado de once tiros. Inicialmente las investigaciones descartaron que el asesinato estuviese ligado a su laboor como periodista. A propósito de su postura crítica, tanto con el gobierno venezolano como con la oposición, la organización Reporteros Sin Fronteras sugirió que no se descartara la hipótesis profesional. 4
Jesús Flores Rojas	Periodista	La Región	2006	Impune	Jesús Rafael Flores Rojas, periodista del diario La Región de Cumaná, fue asesinado por sicarios cuando llegaba a su residencia. A través de sus columnas, el periodista denunció en repetidas oportunidades, casos de corrupción en el estado. Lisandro Zapata, encargado de la investigación, informó que la policía mató a dos de los presuntos asesinos del periodista en el barrio San Antonio, en El Tigre, estado Anzoátegui. 5
Jorge Aguirre	Reportero gráfico	Cadena Capriles	2006	Resuelto	En abril de 2006, el fotógrafo Jorge Aguirre fue asesinado a tiros cuando cubría una manifestación ciudadana contra la inseguridad, en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Caracas. En mayo de 2008, el ex policía Boris Blanco Arcia fue condenado a 15 años de cárcel tras ser identificado como el culpable del asesinato de Aguirre. 6
Pierre Fould Gerges	Director	Reporte Diario de la Economía	2008	Impune	Pierre Fould Gerges, fue acribillado por 17 balazos cuando se desplazaba en el auto de su hermano, quien también labora en el medio regional. El hermano de Pierre Gerges había sido amenazado semanas antes del hecho, por lo que no se descarta que se haya tratado de una confusión. Meses después, Giséle Suárez, abogada encargada de investigar el asesinato de Gerges, fue amenazada de muerte por sus declaraciones en los medios de comunicación. 7
William Hurtado Rivas	Conductor	Las Noticias de Cojedes	2009	Resuelto	William Alexander Hurtado Rivas, conductor del diario «Las Noticias de Cojedes», falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza cuando trasladaba al personal del diario a sus hogares, en horas de la noche. La Policía del estado Cojedes detuvo a dos sospechosos y buscan a un tercero. No hay información sobre el estatus judicial de los detenidos. 8
Orel Sambrano	Periodista	Notitarde / Radio América	2009	Resuelto	En enero de 2009, el periodista Orel Sambrano fue asesinado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, al norte de Valencia, en el estado Carabobo. Meses antes del homicidio, Sambrano escribió una serie de artículos sobre corrupción y narcotráfico que afectaban la región centro occidental de Venezuela. Luego de realizadas las investigaciones, en mayo del 2010, Rafael Segundo Pérez fue condenado a veinticinco años de carcel por ser el principal involucrado en el asesinato de Sambrano. 9
Wilfred Iván Ojeda Peralta	Periodista	El Clarín	2011	Impune	El periodista y ex diputado a la Asamblea Legislativa por el estado Aragua,Wilfred Iván Ojeda Peralta, fue localizado muerto de un tiro en la cabeza, maniatado, encapuchado y con signos de tortura en el sector Tiquire Flores, municipio José Rafael Revenga de la entidad aragüeña, el 17 de abril. El CICPC no descarta ninguna hipótesis hasta que se resuelva el caso, sin embargo se descarta el robo porque el periodista tenía consigo objetos de valor. El periodista Wilfred Iván Ojeda Peralta, escribió por más de 22 años la columna «Dimensión Crítica» que circulaba todos los lunes en el diario El Clarín de La Victoria. 10
José Alejandro Márquez	Infociudadano	N/A	2014	Resuelto	José Alejandro Márquez falleció luego de una agresión causada por seis funcionarios de la GNB, quines lo persiguieron y atacaron cuando grababa las manifestaciones en La Candelaria, en Caracas. Según información difundida por Gonzalo Himiob, uno de los GNB implicados en el caso fue pasado a juicio en el año 2018. 11
Manuel Alejandro Parejo Amundaray	Camarógrafo/Técnico	Telesol	2018	Impune	Manuel Alejandro Parejo Amundaray, fue asesinado por un grupo de delincuentes que ingresó a robar al canal Telesol, en el estado Sucre. Parejo Amundaray era operador técnico de la televisora y se encontraba de guardia al momento del robo. 12
Alí Dominguez	Periodista	–	2019	Impune	Alí Domínguez, reportero y militante del chavismo disidente, fue registrado como desaparecido la noche del 28 de febrero después de asistir a una reunión en la sede de El Nacional con representantes de ONG en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Dominguez había sido amenazado en repetidas ocasiones tras hacer denuncias de corrupción en la Universidad Bolivariana de Venezuela. No hay información sobre el estatus de los responsables del crimen. 13
Virgely Chirinos	Periodista	–	2019	Resuelto	Virgely Chirinos, de ocupación periodista, fue asesinada de tres impactos de bala en su rostro durante un robo en el estado Carabobo. En el hecho resultaron asesinados dos acompañantes de Chirinos. A pesar de que los responsables del hecho fueron capturados, se desconoce el estatus legal de los homicidas. 14
Nicoll Blondell	Reportero gráfico	Diario Caribazo	2019	Impune	Nicoll Andrés Blondell, de 27 años, fue asesinado cerca de su casa en Porlamar, estado Nueva Esparta. El 17 de noviembre fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza y murió el 28 de noviembre. De acuerdo al certificado de defunción, presentaba contusión hemorrágica cerebral severa, traumatismo craneoencefálico severo e isquemia y edema cerebral severo. Era sobrino de la directora de Diario Caribazo, Belquis Blondell. 15.
Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres	Periodistas	Guacamaya TV	2020	Resuelto	Ambos periodistas fueron asesinados en extrañas circunstancias el viernes 21 de agosto en la sede de la planta televisiva, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia. Nieves Zacarías, quien era activista político del Partido Socialista Unido de Venezuela y brigadista de Somos Venezuela, recibió dos impactos de bala en el pecho. 16. El 25 de agosto Tareck Willians Saab, anunció la detención de funcionarios de las FAES y una exfiscal del Ministerio Público como responsables del hecho; además señaló que serían imputadas cinco personas por el «ajusticiaminto» 17
José Carmelo Bislick	Periodista	Omega 94.1 FM	2020	Impune	El profesor, locutor y dirigente del PSUV fue hallado sin vida en un terreno baldío el 18 de agosto en Güiria, estado Sucre. Bislick había realizado varias denuncias con respecto al tráfico de combustible, drogas, trata de personas, extorsión y corrupción en Güiria a través de un programa que conducía a través de la emisora Omega 94.1 FM. 18

454 hechos de violencia contra trabajadores de los medios en 2020

Entre enero y septiembre de 2020 hemos registrado 319 intimidaciones, 51 agresiones, 77 amenazas, 4 ataques a medios y 3 muertes tras el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Para ilustrar el aumento de estos números en el tiempo, la comparativa cada cinco años muestra las cifras, con un incremento de hasta 911% en comparación con el año 2005, ubicando el 2002 en el gráfico como datos base de referencia.

En quince años (2005-septiembre de 2020), las violaciones a la libertad de expresión relacionadas con violencia han aumentado 911% en la intimidación, 308% las agresiones, 230% las amenazas, 600% las muertes registradas (seis en los últimos cinco años), y en 4% los ataques contra instalaciones y medios de comunicación social.

Si se comparan los datos base del año 2002, con el acumulado del último quinquenio, los aumentos revelan que el Estado no ha puesto en práctica políticas que disminuyan la violencia contra periodistas, trabajadores de los medios e infociudadanía en general, sino todo lo contrario: todos los hechos evaluados revelan un drástico aumento. 

En números, vemos que la intimidación aumentó 4468%, las agresiones 720%, 1024% las amenazas, 700% los asesinatos, y 269% los ataques a medios de comunicación.

Enero

Las 110 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela registradas durante el primer mes del año fueron, en su mayoría, hechos que buscaban impedir la cobertura de la fuente parlamentaria, además de detenciones arbitrarias y censura a través de la prohibición de la difusión de información.

La segunda sesión ordinaria de la AN convocada en el Palacio Federal Legislativo el 7 de enero, dejó un total de 12 periodistas violentados por funcionarios de la GNB y grupos de civiles afectos al Gobierno.  El inicio de la jornada estuvo acompañado de gritos y empujones por parte de grupos civiles armados quienes en las afueras de la AN intimidaron, golpearon y robaron a los periodistas que hacían la cobertura de la juramentación de la nueva directiva del parlamento venezolano.

En la jornada del 15 de enero, grupos civiles armados agredieron a los equipos periodísticos que daban cobertura a la protesta que llevó a cabo el gremio docente, a propósito del día del maestro y a la sesión ordinaria de la AN que tendría lugar en el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

Los grupos violentos atacaron con armas de fuego, perdigones, palos, botellas, bombas de excrementos y orine a la concentración de maestros que se encontraban gritando consignas exigiendo reivindicaciones laborales y la destitución del ministro para la educación, todo esto bajo la mirada impávida de los cuerpos de seguridad quienes no hicieron nada para garantizar la seguridad no solo de los manifestantes sino de los periodistas que se encontraban documentando la manifestación.

Febrero 

En el segundo mes del año registramos 87 violaciones al derecho, siendo más frecuentes la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas. El ejercicio del derecho a la libre expresión fue violentado por el Estado de forma recurrente, como parte de una política de Estado cuyo foco principal es ocultar lo que ocurre.

Un patrón que evidencia esta práctica es la utilización de la fuerza en los diversos dispositivos restrictivos llevados adelante por grupos violentos afectos al partido de Gobierno, cuerpos de seguridad y funcionarios de organismos públicos que actúan con impunidad frente a las autoridades y la justicia venezolana.

El 11 de febrero, al menos doce trabajadores de la prensa fueron agredidos por grupos afectos al gobierno, cuando cubrían la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía estado Vargas.

La primera violación se registró al inicio de la cobertura cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), intentaron desalojar a los medios presentes. Ana Rodríguez de Telemundo 51, reportó el impedimento a través de sus redes sociales. 

Nadezca Noriega, corresponsal de El Pitazo en el estado Vargas, detalló que los agresores estaban liderados por miembros de la ilegítima asamblea nacional constituyente y que el Almirante de apellido Matamoros los mandó a desalojar.

Periodistas informaron que los violentos estaban identificados como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Vargas, pertenecen a un grupo de choque de la Jefatura Civil de Catia la Mar y fueron movilizados en camiones de la Gobernación de Vargas liderados por un constituyente, Juan Iriarte, y por el presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Roiber Sojo.

Marzo

Nicolás Maduro emitió un decreto de alerta para enfrentar el Covid-19, con él, se implementó un estado de cuarentena que obligó a los ciudadanos a permanecer confinados en sus casas, lo que supuso un nuevo reto de luchar contra las amenazas y restricciones indirectas impuestas desde el gobierno, al que parece incomodar que exista una versión informativa que contraste la oficial. El mes culminó con la documentación de 59 casos que se tradujeron en 120 violaciones a la libertad de expresión.

Además de los hechos en contra del personal de salud, destacó la violencia y detenciones contra periodistas. Solo el 16 de marzo al menos cinco trabajadores de los medios vieron afectada su labor de informar luego de que funcionarios de orden público de diferentes cuerpos de seguridad restringieron el paso, exigieron borrar material y detuvieran a algunos. 

César Saavedra, camarógrafo de Q’Pasa en Venezuela y CNVE24, fue intimidado por un funcionario de Polichacao cuando cubría el cierre de un local en el municipio Chacao, Caracas. El camarógrafo narró lo sucedido: “El funcionario que aparecía en la foto empezó a preguntarme por qué yo estaba grabando, yo me identifiqué como periodista y expliqué que estaba haciendo la cobertura del cierre del local”.

El funcionario de Polichacao le respondió “tú no puedes estar grabando” y siguió señalándolo de manera “alterada” y con gritos.

Sofía Torres, corresponsal de Factores de Poder, fue intimidada y obligada a borrar la información de entrevistas a personas que compraban insumos médicos y de higiene en Propatria, al oeste de Caracas, como prevención ante los anuncios de cuarentena por el Covid-19. Otro ejemplo de la violencia la vivieron trabajadoras del portal Crónica Uno, Tairy Gamboa (fotógrafa) y Ariadna García (periodista), cuatro funcionarios de PoliCaracas las obligaron a borrar el material que habían grabado tras realizar un recorrido por el mercado de Catia, parroquia Sucre, en donde las personas acudieron para abastecerse de algunos alimentos tras el decreto.

Abril

En el cuarto mes del año la mayoría de los hechos de intimidación estuvieron ligados a posteriores detenciones, con un total de 25 en el mes, un número que evidencia la radicalización de los ataques en contra de quién realiza la labor de buscar, recibir y difundir información sobre todo en un contexto de pandemia.

Uno de estos casos es el de la bioanalista del hospital Pedro Emilio Carrillo, Andrea Sayago, quien fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por advertir sobre casos de COVID-19 en la entidad.

La detención ocurrió después de que Jacqueline Peñaloza, presidenta de Fundasalud Trujillo y esposa del gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, acusara a través de su cuenta en Instagram a la bioanalista de violar secreto médico y calificó a la profesional como «lamentable miseria humana», agregando que divulgar esa información «es un delito y como tal debe sancionarse. No basta una renuncia».

Sayago, de 30 años de edad y egresada como bioanalista de la Universidad de Los Andes, renunció a su cargo en el hospital centinela de Trujillo, se le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario luego de ser imputada por los delitos de «traición a la patria e instigación al odio».

En el estado Portuguesa, funcionarios de la GNB detuvieron al concejal Heddye Antonio Cristancho, por grabarlos mientras vendían gasolina a los ciudadanos que hacían la cola en estación de servicio Cuatricentenaria, en la zona sur de Guanare, el pasado 22 de abril.

Mayo

A pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, el gobierno venezolano mantuvo una política represiva en contra de quienes registran lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja y como víctimas de una pandemia.

Este mes registramos 35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.

El periodista fue rodeado por funcionarios y obligado a mostrar el material que posteriormente tuvo que borrar, pues lo amenazaron con detenerlo si no lo hacía. Alertó que lo sucedido es cada vez más frecuente, «eso está ocurriendo con todos los periodistas que cubrimos a la GNB» y manifestó que en ocasiones no tenía otra alternativa que borrar el material.

Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fuchón Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.

García informó que el funcionario amenazó con detenerlo, le quitó de forma violenta su cámara y estimulado por seguidores del chavismo presentes en la cola, borró los testimonios y fotografías que había realizado previamente sobre la situación que se vivía en el lugar.

Junio

A la mitad del año el número total de violaciones del derecho a la libertad de expresión sobrepasó las 600, en promedio 3 diarias. Las 64 violaciones del derecho a la libertad de expresión registradas en este mes afectaron sobretodo a periodistas (45%), y a trabajadores de la prensa (20%), quienes fueron víctimas frecuentes de intimidación, amenazas y censura. Al menos 40% de las violaciones a la libertad de expresión durante el mes de junio corresponden a intimidación. Los cuerpos de seguridad utilizan esta acción para impedir a los periodistas y ciudadanos ejercer su legítimo derecho a difundir información.

El 2 de junio Un grupo de funcionarios de la GNB intimidaron a la reportera gráfica del medio digital, Portal de Noticias, Lizaura Noriega; mientras registraba la militarización del Hospital Universitario de Maracaibo. Noriega fotografió el centro asitencial que recientemente había sido intervenido y militarizado tras el anuncio de un brote de Coronavirus en la entidad, por esta razón los efectivos la intimidaron:

«Había un piquete de la GNB dentro de las instalaciones, al verme tomar la fotografía con mi teléfono empezaron a gritar «agárrala, agárrala»; me amenazaron diciendo que debía entregarles el teléfono y que tenía que borrar las imagenes»¹.

Además destacamos la intimidación sufrida por el periodista José Ramírez, corresponsal de VPITV en el estado Anzoátegui cuando efectivos de la Policía del Municipio Bolivar lo despojaron de su teléfono y le borraron las imágenes que había registrado de una detención, en el Bulevar 5 de Julio en Barcelona, el miércoles 24 de junio. A Ramírez lo amenazaron con detenerlo si no borraba el material y lo obligaron a dar sus datos personales a un grupo de milicianos presentes en un punto de control cercano.

Julio

Las amenazas, violencia física y la discursiva, son estrategias del poder que afectan la labor de trabajadores de los medios y ciudadanos que quieren expresarse: aumentan el riesgo de buscar y difundir información, generando inhibiciones que restan noticias al día a día. Este mes registramos 17 intimidaciones, seis amenazas y una agresión.

El 23 de julio una protesta de jubilados frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), derivó en la agresión y detención de periodistas. En la Plaza de la Moneda, un funcionario sin identificación le arrebató la bandera de Venezuela que llevaba uno de los manifestantes e inició la agresión contra los pensionados y contra los periodistas que intentaban dar cobertura a los hechos: la periodista Esteninf Olivares y su camarógrafo Lenín Bruzual, ambos del equipo de ImpactoVE. Además detuvieron al periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estaba en el lugar acompañando a los manifestantes.

El 14 de julio en el estado Carabobo, trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado atacaron a un grupo de periodistas que hacían tomas en el lugar, a propósito del aniversario de la inauguración del tramo Guacara- San Diego del Ferrocarril, que no está operativo. Dayrí Blanco, corresponsal en Carabobo de Caraota Digital; Ruth Laverde, de Venezolanos por la Información; y Carolina Campos, de Termómetro Nacional, fueron insultadas y amenazadas mientras realizaban una entrevista en el lugar.

El 27 de julio la periodista española Esther Yánez, fue señalada en la cuenta Lechuguinos, en Twitter, de intentar ingresar a una rueda de prensa con un carnet del canal teleSUR. Días antes recibió amenazas desde el mismo perfil. En los mensajes le decían “Voy por ti” y “No ocultaré nada, sin lloradera”.

La periodista comentó estar preocupada por posibles acciones en su contra a través de su teléfono celular, y señaló como responsable de las amenazas a Patricia Villegas, presidenta de teleSUR.

El periodista Roberto Deniz, de Armando Info, también fue víctima de amenazas también en la red social Twitter el 29 de julio, después de dar declaraciones y publicar información sobre Alex Saab, un funcionario del Gobierno venezolano detenido en Cabo Verde y relacionado con malversación de fondos.

Agosto

Durante el octavo mes del año la intimidación y las detenciones fueron las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes, funcionarios aprovecharon sus espacios de poder para hostigar con impunidad, y la mayoría de las víctimas de las 109 violaciones a la libertad de expresión fueron periodistas (49%) y particulares (40%). Sin embargo este mes destaca por los tres asesinatos registrados.

El viernes 21 de agosto asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres en la sede de La Guacamaya TV, presuntamente en un operativo de las FAES en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia. En el hecho, los efectivos sustrajeron los equipos del canal, según informó el periodista Frank Rodríguez en redes sociales. Andrés Nieves era activista político del PSUV y brigadista de Somos Venezuela. Recibió dos impactos de bala en el pecho.

Días después Tarek William Saab, fiscal general designado por la inconstitucional asamblea nacional constituyente, publicó en Twitter que cinco personas habían sido detenidas y serían imputadas por el «ajusticiamiento» en un procedimiento de las FAES, incluyendo a dos policías y a la exfiscal del Ministerio Público Jackbe Galban¹⁹.

También asesinaron a José Carmelo Bislik, quien era profesor, locutor, y dirigente del PSUV y había hecho varias denuncias respecto al tráfico de combustible, drogas, trata de personas, extorsión y corrupción en Güiria, a través de su programa radial en la emisora Omega 94.1 FM. El 17 de agosto en horas de la noche cuatro personas armadas llegaron a la vivienda de Bislik y se lo llevaron a la fuerza, según publicó un medio digital.

Septiembre

En septiembre documentamos 49 violaciones a la libertad de expresión; la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas resultaron ser las violaciones más frecuentes.

En el estado Yaracuy, cuatro periodistas fueron agredidos por funcionarios de la policía estadal mientras daban cobertura a las protestas en el municipio Independencia. El reportero Ricardo Tarazona narró que en dos ocasiones les lanzaron bombas con gas pimienta desde la patrulla número 106, comandada por el funcionario Stanley Bartolo Colina.

Nicolás Maduro se sumó a los victimarios cuando hostigó al periodista Alonso Moleiroen una transmisión televisiva. Maduro señaló a Moleiro de mentiroso, y se quejó de que utilizara el reciente informe de la Misión de Determinación de los hechos, cito, “contra mí, contra Venezuela”. El mencionado informe narra, describe y califica violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el 2014, identificando a Maduro como uno de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

La ciudadanía también resultó afectada por la violencia al ejercer su derecho a la libertad de expresión. En Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, un funcionario de la GNB detuvo durante dos horas al ciudadano Ciro Infante por reclamar en una estación de servicio el pasado 3 de septiembre. El cirujano maxilofacial, Williams Arrieta, fue detenido en una estación de servicios en Ciudad Guayana el 9 de septiembre por protestar, aproximadamente 8 agentes de la PNB lo golpearon en una cola de gasolina, luego de que protestara por presuntas irregularidades en la venta de combustible. 24 horas después fue liberado.

Algunas recomendaciones

El ejercicio del periodismo, el acceso a la información que tienen los ciudadanos, así como el respeto por la opinión crítica y el derecho a manifestar, se han visto seriamente afectados durante los últimos años en Venezuela. La persecución, hostigamiento, ataques, amenazas y la intimidación a ciudadanos en ejercicio de su derecho a expresarse, es una constante que afecta a toda la sociedad en su posibilidad de mantenerse informados, de contar con información plural y fuentes diversas que le ayuden a comprender lo que sucede y a tomar decisiones políticas, económicas, o del día a día.

El retroceso en las garantías que el Estado debe ofrecer, abona al clima de tensión generado por la emergencia humanitaria compleja, con una hiperinflación que merma los recursos de las y los venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas; las protestas diarias son eco del clamor de la gente, pero quienes trabajan en los medios de comunicación son diariamente limitados de realizar su trabajo con libertad.

Un entorno que no brinde condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo, sumado a un discurso violento que alienta la confrontación y la polarización, limitan el derecho que genuinamente tienen los ciudadanos de tomar mejores decisiones basados en la información diversa, plural y libre a la que deberían tener acceso.

Las recomendaciones propuestas enfatizan la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, suscritos por Venezuela a fin de garantizar la amplia participación de la ciudadanía y el intercambio de ideas y opiniones propias de las sociedades democráticas:

• Fortalecer lazos de solidaridad y contención activa desde la sociedad civil de cara a las agresiones de periodistas o infociudadanos.
• Asegurar las investigaciones imparciales de los casos de violencia contra periodistas, garantizando que los crímenes no queden impunes
• Crear mecanismos eficaces de protección a periodistas e infociudadanos que les permitan ampararse cuando se vea limitado o entorpecido el derecho a la libertad de expresión e información.
• Exigir al Estado venezolano la remoción de funcionarios implicados en violaciones directas a la libertad de expresión, además de someterlos a un juicio por los delitos cometidos en ajuste a las garantías del Estado de derecho.
• Condenar públicamente el discurso violento y polarizado que insta al ataque hacia periodistas y medios de comunicación en el país.

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