La CIDH ha podido observar que en la Región existe la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática de los Estados, así como el fortalecimiento de sus capacidades para implementar políticas públicas dirigidas a promover las condiciones requeridas para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, grupos y colectividades, con garantías de igualdad y acceso a la justicia.

Para tales efectos, la CIDH ha decidido publicar el presente informe para brindar una herramienta efectiva a quienes tienen a su cargo la planificación, formulación, implementación y monitoreo o evaluación de políticas públicas; y para poner a su disposición los principios y estándares interamericanos en la materia, así como una serie de lineamientos prácticos que orienten dicho accionar estatal en las distintas etapas de una política pública con enfoque de derechos humanos.

La CIDH entiende que una política pública con tal enfoque es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa -a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- con el objeto de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad.

A través de sus distintos mecanismos de promoción y protección, la CIDH ha avanzado en la definición de los estándares interamericanos sobre cada uno de los principios del enfoque de derechos humanos. De acuerdo a lo expuesto en el informe, el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales: el Estado como garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección; y las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar.

En este informe, la Comisión desarrolla lineamientos generales sobre la aplicación de dichos pilares en el proceso de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Asimismo, se presenta una serie de ejemplos de impacto en materia de políticas públicas desarrollados a partir de los distintos mecanismos de trabajo de la CIDH.

Con ello, la CIDH busca fomentar la adopción por parte de los Estados de los derechos humanos como el eje central de todo proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de sus políticas públicas. Así, a través del fortalecimiento de las institucionalidades estatales y del impulso de políticas públicas con enfoque de derechos humanos es posible avanzar en una agenda de prevención y de transformación social para la no repetición de violaciones de dichos derechos.

La Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó que “el presente informe constituye una herramienta novedosa a través de la cual la Comisión resalta su voluntad y disposición para brindar asistencia técnica a los Estados, los organismos regionales, las organizaciones sociales y otras instituciones para el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento y respeto de los derechos humanos en las Américas con base en los estándares interamericanos y en función de aquellos relativos a las diversas temáticas objeto de la intervención estatal”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, dijo que “la CIDH, a través de su Plan Estratégico 2017-2021, destacó como una prioridad la cooperación técnica con los Estados Miembros, los organismos regionales y otras instituciones dirigida a contribuir en el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.”

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.