El pasado 18 de noviembre la red internacional Scholars at Risk (SAR) publicó su más reciente informe, Free to Think 2020, que da cuenta del estado actual de la libertad académica en el mundo. SAR, cuya misión es proteger a las comunidades de educación superior y a sus miembros de ataques violentos y coercitivos, determinó que entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 ocurrieron 341 ataques a comunidades de educación superior en 58 países. Siete de esos ataques se registraron en Venezuela.
El referido informe se basó en datos del Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica que desarrolla la red SAR. Los investigadores de Free to Think 2020 identificaron distintas tendencias relacionadas con ataques a universidades y universitarios, a partir de las cuales hicieron un análisis detallado de las presiones ejercidas sobre comunidades de educación superior.
Entre los resultados obtenidos se incluyen los “impactos de la crisis económica de Venezuela en un sistema de educación superior en apuros”, señala la nota de prensa sobre la presentación del informe.
Robert Quinn, director ejecutivo de SAR, resaltó que los investigadores observaron que durante la pandemia por COVID-19 han sido persistentes los ataques y las amenazas contra académicos, estudiantes y espacios universitarios. “Vemos científicos amenazados por realizar investigaciones que contradigan los mensajes que los Estados quieren proyectar. Vemos presiones crecientes sobre los académicos que comentan sobre los esfuerzos de respuesta del gobierno. Y vemos que las autoridades utilizan la pandemia como una tapadera para reprimir y castigar la libre investigación y expresión en general”, dijo.
Del total de países monitoreados para el informe, en cuatro se ejecutó la mayor cantidad de ataques y/o amenazas a la libertad académica y las comunidades universitarias: China (zona continental y Hong Kong), India, Turquía, Venezuela y Yemen.
El declive de las universidades venezolanas
El informe Free to Think 2020 determina cuatro factores que constituyen las principales causas del declive de la educación superior en Venezuela, sobre todo en las universidades autónomas: asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma; ataques violentos y coercitivos contra universitarios; y disminución de la investigación científica y migración de personal calificado.
En el contexto de la pandemia por COVID-19, la red SAR analizó que junto al déficit presupuestario masivo preexistente, los bajos salarios de los profesores (actualmente inferiores a 6 dólares mensuales, en el mejor de los casos), y una alta tasa de emigración de profesores y estudiantes –factores que ya habían erosionado la calidad de la educación y la investigación-, ahora la desaparición del aprendizaje presencial y la imposibilidad de cumplir cabalmente la enseñanza virtual debido al pésimo funcionamiento de los servicios eléctrico y de Internet constituyen nuevos agravantes de la decadencia de las universidades en Venezuela.
En cuanto a las limitaciones a la gobernanza autónoma, el informe menciona la sentencia N° 0324 emitida por la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de agosto de 2019, donde el régimen de facto levanta la suspensión de las elecciones universitarias que sumaba más de una década y ordena que las elecciones se realicen en seis meses. “Pero la sentencia dispuso procedimientos electorales similares a los previstos en la Ley Orgánica de Educación, vulnerando la autonomía universitaria en violación del mandato explícito de la constitución venezolana. La decisión provocó protestas en todo el país”, advierte el informe.
En febrero de 2020 el TSJ ilegítimo revocó la referida sentencia, pero hasta la fecha no se han realizado elecciones universitarias.
Sobre los ataques violentos y coercitivos contra autoridades, estudiantes y profesores universitarios, el reporte contabiliza siete en Venezuela durante el período analizado. Dos de ellos ocurrieron durante la cuarentena nacional por la COVID-19. En el mes de marzo Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, contra Freddy Pachano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), tras expresar públicamente su preocupación por la falta de equipos de protección adecuados para el personal médico.
El segundo ataque fue hecho el 14 de mayo por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), contra miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, autores de un informe que indicaba que el número de casos de COVID-19 podría ser mucho mayor del reportado por el régimen.
Respecto de la disminución de la investigación científica y la migración de personal calificado, el informe señala que “para 2019, aproximadamente el 50% de los profesores de todas las universidades venezolanas habían abandonado el país. Asimismo, el 30% de los investigadores del país habían emigrado en abril de 2019”. Esta fuga de cerebros se refleja en la disminución de publicaciones científicas venezolanas y en el descenso de las universidades nacionales en rankings internacionales.
“Según SCImago Journal & Country Rank, un portal en línea disponible públicamente que clasifica los países por producción de revistas, en 1998, las universidades venezolanas proporcionaron el 4,8% de los artículos de revistas de América Latina (aproximadamente proporcional a la población de Venezuela como porcentaje de la población general de América Latina en ese momento). Para 2019, ese número se redujo a 0,8%”, refiere el informe.
Finalmente, el Índice de Libertad Académica 2020 elaborado por el Instituto de Política Pública Global (GPPI, por sus siglas en inglés), en alianza con otras organizaciones, muestra el progresivo declive de Venezuela en el respeto a la libertad académica desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En la escala de 0 a 1 de este Índice, Venezuela suma 0,28 puntos para 2020, lo que le da una clasificación “D” y lo sitúa cerca del quintil inferior de los 140 países evaluados, muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,77).
Recomendaciones del informe para Venezuela
Especialmente en Venezuela, la red SAR insta a las autoridades estatales a acatar las siguientes recomendaciones:
• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida;
• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana;
• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados; y
• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), organización que trabaja en alianza con la red SAR en Venezuela, al igual que la ONG Aula Abierta, se suma a estas recomendaciones hechas al Estado venezolano y rechaza las agresiones y amenazas documentadas en el citado informe.
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