«El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra». En la pasada Nochevieja la administración de Nicolás Maduro decidió prorrogar por dos años más la inamovilidad laboral vigente en el país desde 2002. Con ello, esta medida arribará a dos décadas ininterrumpidas, pese a que durante todo este tiempo no haya logrado su cometido: frenar el desempleo.

RL / Idaed / CortesíadeAccesoalaJusticia

En el decreto presidencial n.° 4.414, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.610 del 31 de diciembre de 2020, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores de los sectores privado y público, la cual en su artículo 2 establece que los empleados «no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo», y que en caso de serlo, podrán «denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción» dicha violación, y además «solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir».

En esta ocasión, Maduro no justificó su decisión en la pandemia, sino que sostuvo que la misma era necesaria para enfrentar «las injerencias de intereses apátridas que responden a los agentes de perturbación que buscan atentar contra el buen orden y la paz interna», que podrían traducirse en despidos.

Una batalla perdida

Acceso a la Justicia ya cuestionó la eficacia y efectividad de esta medida el año pasado, cuando recordó que, pese a estar vigente por más de tres lustros, el número de puestos de trabajo en el país no ha hecho sino disminuir. A finales de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 llegaría al 50,5%, lo cual ubicaría al país como el primero en el mundo en número de personas desocupadas.

Sin embargo, los pronósticos del organismo multilateral se quedaron cortos, y para octubre de 2020 proyectó que el paro llegaría al 54% de la población económicamente activa, debido al impacto sin precedentes de la pandemia del coronavirus y de las restricciones sociales impuestas por las autoridades para intentar frenar su avance.

Ahora bien, ciertamente la COVID-19 destruyó puestos de trabajo en 2020, pero también es cierto que, desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 el desempleo llegó a 5,3%; en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE); luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos, y en 2017 alcanzó 27,1%. Estos datos comprueban que la inamovilidad no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, quien se basó en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, ganancias y divisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo también a los estudios del FMI.

Un saludo a la bandera

La ineficacia de la inamovilidad laboral también ha quedado demostrada por el hecho de que no es respetada ni siquiera por el propio Estado. Prueba de ello es Petróleos de Venezuela (PDVSA), que en los últimos años ha despedido a miles de trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales, pasando por alto las decisiones presidenciales.

La empresa pública no solo ha irrespetado la veda a los despidos sino también las resoluciones emanadas por la Inspectoría del Trabajo, que han ordenado reenganchar a cientos de afectados.

Aunque exista la inamovilidad, el Gobierno persiste en cobrar a los trabajadores y empleadores el seguro de desempleo (Régimen Prestacional de Empleo, el antes conocido como Paro Forzoso), que no puede ser reclamado por los trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido a que legalmente no se puede dar la contingencia, que es el requisito para que proceda su pago; es decir, en el papel nadie puede perder su trabajo de manera involuntaria. A causa de esta insólita situación, el IVSS retiene a sus asegurados una contribución parafiscal que jamás paga.

Asimismo, debe resaltarse que el proceso de reenganche por violación de la inamovilidad ha sido un fracaso en el último año. ¿La razón? La combinación entre la suspensión de labores por la COVID-19 y la hiperinflación. Además, los cómputos de las compensaciones por salarios caídos son calculados sobre la base del salario mínimo vigente (Bs. 400.000 o 0,27 centavos de dólar por cada mes), con una proyección de 3 US$ por año de salarios caídos, lo que hace que sea absurdo la instauración del proceso de reenganche en la mayor parte de los casos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Como ya lo señalamos en 2020, la extensión de la inamovilidad laboral no garantiza a los trabajadores venezolanos sus empleos, lo que realmente lo hace es promover la inversión privada y poner orden en la situación macroeconómica, a fin de que se incrementen los puestos de trabajo y para que la moneda y el empleo tengan valor. También es importante garantizar servicios domiciliarios, transporte y, sobre todo, seguridad jurídica para que la economía prospere y haya mejores condiciones de vida para todos.