Hoy 25 de enero, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará la dramática situación de los derechos humanos en Venezuela durante su Examen Periódico Universal (EPU), a través del cual los países miembro de la organización podrán exponer el desprecio manifiesto de las autoridades socialistas por los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

RL / Idaed / Bles

El EPU se trata de un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos a través del cual se expone el historial de derechos humanos de cada país y queda sujeto a una revisión por pares de los otros estados cada cuatro o cinco años.

Cabe destacar que Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los últimos exámenes EPU de 2011 y 2016.

Hoy es nuevamente el turno de Venezuela y se espera que nuevamente queden expuestas sus delicadas garantías de cumplimiento de los derechos más básicos de sus ciudadanos, reportó Human Rights Watch.

Durante este examen, el régimen deberá responder a preguntas realizadas por diversos países, para evaluar el cumplimiento de recomendaciones previas del Consejo. Entre los interrogantes que se han enviado previamente destacan algunos relacionados con los derechos de los presos políticos, las libertades democráticas, derechos de las mujeres, y otras relacionadas a las desapariciones de personas y represión de disidentes.

Previo al examen de este año, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la penosa situación de derechos humanos en Venezuela, emitiendo recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho e implementar reformas para protegerlo.

En el mencionado informe se detalla que bajo el gobierno socialista de Nicolás Maduro, prevalece un contexto en el cual los agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas.

También se denuncia que las autoridades hostigan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos humanos y responder a la emergencia humanitaria que ha privado a millones de personas de acceso a atención médica básica y a una nutrición adecuada, dejando al país en una situación muy desfavorable para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Como resultado de esta catastrófica situación la crisis de refugiados venezolanos se ha incrementado exponencialmente en Latinoamérica durante los últimos años. Según estimaciones se estipula que cerca de 6 millones de un total de 32 millones de ciudadanos han huido de su país desde 2014.

Evidentemente no es casual que casi el 20 por ciento de la población total de Venezuela haya decidido abandonar su país. Hoy se presenta una nueva oportunidad para exponer al régimen socialista y a los países que lo apoyan para que den explicaciones ante la comunidad internacional por la penosa situación.

Según Human Rights Watch, entre las exigencia al régimen que los estados deberían priorizar hoy en la asamblea se encuentra la liberación inmediata de los presos políticos, reformar la Policía Nacional Bolivariana, reformar el Poder Judicial, finalizar con la censura de periodistas y pensadores, establecer condiciones para elecciones libres y justas e investigar de manera pronta y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos desde 2014.