“Yo voy a estar bien. Cuida de los niños”. Así se despidió de su mujer, Angélica Flores, el pasado viernes 8 de noviembre el general Hugo Armando Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana. No era la primera vez que se fugaba con todos sus secretos a cuestas.

A sus 59 años, discípulo de Hugo Chávez en la academia militar y hombre de su total confianza durante los ocho años que formó parte del Gobierno chavista, llegó a España el pasado mes de marzo huyendo de “las violaciones” del régimen de Nicolás Maduro, cuenta su esposa, asentada en la capital de España con toda su familia.

Carvajal está acusado de ser el nexo de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con Venezuela. Carvajal, bestia negra de la DEA (agencia norteamericana para el control de drogas); aliado de Maduro, que ahora lo ve como un traidor; potencial confidente de las autoridades españolas, y después huido de su justicia. Carvajal, en el ojo de un huracán de intereses de Estado.

EE UU le acusa de narcotráfico y pide su extradición a España. La justicia española, a quien ofreció su “colaboración” nada más llegar a Madrid, denegó su entrega a las autoridades norteamericanas el 18 de septiembre por entender que respondía a “razones políticas”.

Pero, tras un recurso de la Fiscalía, la autorizó finalmente el pasado 8 noviembre. Sin embargo, esa última decisión del pleno de la Audiencia Nacional incluía tres votos particulares contrarios. Uno de los ellos —el del magistrado de la Sala de lo Pena, José Ricardo de Prada— exponía las presiones de Jorge Carrera Domenech, el juez de enlace de España en Washington,recibidas por algún magistrado para que extraditaran a Carvajal.

Al día siguiente de conocerse, el Ministerio de Justicia español manifestó su intención de destituir a Carrera Domenech de su puesto en la capital estadounidense. De acuerdo con la ley de extradición, es el Gobierno español quien, en última instancia, decidirá en Consejo de Ministros si se entrega o no a EE UU cuando sea detenido.

El Pollo “Un relato novelado de un ataque conspirativo contra EE UU”

El voto particular del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada es un misil en la línea argumental de la acusación de narcotráfico que la justicia norteamericana realiza contra Hugo Carvajal para solicitar su extradición.

Asegura que es “una especie de narrativa, un relato novelado” frente a “una descripción jurídica de los hechos delictivos concretos y de la participación en ellos del reclamado”.

Las acusaciones, a las que tuvo acceso este periódico, están basadas en las declaraciones de dos testigos: “El Testigo-2 escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Chávez ordenó al testigo-2 que le trajera el teléfono y le oyó hablar con Carvajal y ordenarle que le suministrara armas a las FARC”.

Carvajal heredó el apodo de El Pollo de un compañero de la academia militar en la que ingresó con 11 años. Se asentó en Madrid, con sus ocho hijos, cinco de Angélica Flores (dos adoptados) y tres de su primera esposa, en marzo, un mes antes de su detención.

“Confiaba en la justicia española y tenía amigos en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”, explica Flores. “A nosotros nos mandó para acá [España] en febrero, cuando estuvo decidido a apoyar a Juan Guaidó”, presidente interino de Venezuela, agrega.

No era un respaldo cualquiera. Carvajal, aunque ya crítico con Maduro entonces y retirado, es una de las grandes figuras del chavismo, con un papel relevante en las Fuerzas Armadas.

En su mensaje, Carvajal, a quien siempre se ha considerado una persona muy cercana a Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, instó a los militares a actuar para restablecer la democracia en el país caribeño. No le siguieron.

Arremetió así contra Maduro en plena crisis humanitaria de su país a sabiendas de que corría un grave riesgo allí —“hoy estaría muerto en Venezuela”, asegura Flores—. Y también en España, ya que “sabía que podría reactivarse la reclamación de extradición de Estados Unidos, que lleva tras él desde 2008”.

“Aquel año hizo un informe para el difunto presidente Chávez en el que advertía de que los agentes de la DEA que operaban en nuestro país eran informadores, espías norteamericanos”, cuenta su jovencísima esposa, abogada de profesión, que actualmente se dedica a negocios inmobiliarios en la capital de España. Después de aquel informe, Chávez expulsó a la DEA de Venezuela.

‘Destierro’ diplomático

En 2014, reclamado por EE UU, Carvajal fue detenido por autoridades holandesas en la isla caribeña de Aruba, adonde Maduro lo había desterrado con un cargo diplomático, y de donde logró devolverlo a Venezuela antes de que pasara a manos de los estadounidenses. Maduro se presentó públicamente como su liberador y sacó pecho frente a los norteamericanos.

“Pero mi marido no duró ni 10 meses con Maduro, rápido vio cómo entendía los servicios de inteligencia y las violaciones de derechos que pretendía que llevase a cabo en su nombre”, señala Flores.

“Los secuestros, asesinatos y extorsiones están a la orden del día en el Gobierno de Maduro”, señala otro familiar de Carvajal, que prefiere no ser identificado.

“Varios agentes del CNI fueron a buscar a Hugo Carvajal a Barajas y nos trajeron hasta la casa de su hijo mayor en una furgoneta oscura”, recuerda Flores. Llegó el 18 de marzo a España con una identidad falsa (“Adolfo José Mouriño”), y la policía que ahora lo busca, sospecha que, “si ha salido de España, lo habrá hecho con otro pasaporte falso”. Lo que nadie duda es que Carvajal tiene ayuda en España.

Su esposa lo reconoce, aunque se queja de la “escasa protección” recibida de parte de sus “amigos del CNI”. El 12 de abril, cuando le detuvieron, se dirigían a una segunda reunión con ellos, según Flores. “Hugo nunca llegó a dar la información ofrecida”, asegura.

Carvajal pasó cinco meses en la cárcel de Estremera a la espera de se resolviera la petición de extradición. Allí conoció al comisario Villarejo que, incluso, llegó a “cederle” a su abogado durante una semana, “mientras cambiaba de estrategia”, explica Dolores Argüelles, que lleva su defensa con un abogado brasileño.

“Vamos a pedir la nulidad del procedimiento, iremos al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos si es preciso”, dice.

Al mes de ingresar Carvajal en prisión, la policía detuvo al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo (85 años), y a su hijo (Alejo) y a otras tres personas, por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Presuntamente, habían blanqueado 4,5 millones de euros elaborando “falsos informes” para la petrolera venezolana PDVSA.

Curiosamente El Pollo había elaborado un informe sobre esa empresa, aunque sus familiares y sus abogados niegan que facilitara información al respecto a las autoridades españolas.

Desde que salió de Estremera el 16 de septiembre, Carvajal se presentaba cada 15 días en la Audiencia, pendiente de extradición. No fue hasta el 8 de noviembre cuando, “al recibir la llamada de un periodista que le preguntaba por el cambio de decisión del tribunal” —según fuentes de su familia—, decidió huir antes de que llegase la policía y la notificación.

Las acusaciones que sobrevuelan al exdirector de la Inteligencia Militar (DIM), la contrainteligencia de Chávez, entre 2004 y 2011, tienen que ver con sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sancionado por el Departamento del Tesoro, Carvajal está relacionado con la organización criminal denominada Cartel de los Soles, integrada supuestamente por militares venezolanos y vinculada con el tráfico de drogas. La mayor parte de las pruebas que incriminan a Carvajal se lograron en el ordenador del líder de las FARC Raúl Reyes, muerto tras un bombardeo de las fuerzas armadas colombianas a su campamento en 2008.

“La fuga de Carvajal es una vergüenza para el Gobierno de España”, dijo el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams. “Desde al menos aproximadamente 1999 hasta inclusive 2019, Hugo Carvajal fue miembro de una organización venezolana de narcotraficantes compuesta por altos funcionarios venezolanos y otros, conocida como el Cartel de los Soles”, recoge el escrito del departamento de justicia norteamericano.

En el documento se acusa a Carvajal de facilitar a las FARC el paso de la droga por Venezuela para hacerla llegar a EE UU. Una portavoz del Departamento de Justicia ha eludido hacer valoraciones: “Como es una cuestión de política, no hacemos comentarios”.

“En Estados Unidos primero te acusan y después, en función de lo que estés dispuesto a asumir y a contar, te van quitando pena”, dice Flores.

Otras fuentes de la familia de Carvajal aseguran que “la posición de EE UU no es unívoca y se cruzan ambiciones personales de fiscales norteamericanos con aspiraciones de convertise en gobernadores o senadores y antiguas rencillas con miembros de la DEA”.