La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha conducido a la violación reiterada de los Derechos Humanos, propiciado esencialmente por que el país carece de un “Estado de derecho” el que se ve representado en las constantes intromisiones que tiene el poder Ejecutivo en todos los estamentos públicos, especialmente en el poder Judicial y en la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
“La problemática compleja y multicausal que atraviesa el Estado venezolano tiene su origen, entre otros factores, en las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo sobre las otras ramas del Poder Público. Esta situación perjudica la separación y el equilibrio de poderes, y conduce a serias restricciones y limitaciones en el espacio democrático”, señala la CIDH.
En este contexto denuncia que se registran ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza, así como también allanamientos sin orden judicial y ataques contra viviendas de disidentes.
Las declaraciones las realizó el organismo en base a un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 5 al 8 de febrero, cuando el organismo hizo una histórica visita in loco a la frontera colombo-venezolana para monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela y tras la negativa por parte de las autoridades venezolanas del ingreso de la CIDH al país.
En este sentido la CIDH afirma que existe una persecución sistemática a la disidencia que se caracteriza, entre otras cosas, por la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos.
“Se continúan registrando muertes violentas durante manifestaciones; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; represión y restricciones indebidas a la protesta; despidos y amenazas a empleados públicos como castigo por su disenso; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y ciudadanos en general”, reza el documento.
Por otra parte la Comisión observa con especial preocupación que continúa el deterioro en el goce y acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La escasez de alimentos y medicamentos, sumada a la interrupción constante de servicios de agua, gas y energía eléctrica, ha generado afectaciones graves a derechos como la salud, la alimentación y la educación.
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