Tarek William Saab exigió al máximo Tribunal de El Salvador que se pronuncie en torno al Habeas Corpus requerido en favor de los venezolanos recluidos en el Cecot

El Fiscal General de la República, Tarek Williams Saab, denunció que un grupo de 15 connacionales fue llevado la madrugada de este domingo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes Saab, aseveró que el gobierno de Nayib Bukele comete crímenes de lesa humanidad al ejecutar «desapariciones forzosas» y tratar de justificar deportaciones ilegales, sin derecho a la defensa ni al debido proceso.

Con la asistencia de familiares de migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador, el Fiscal General Tarek William Saab denunció que el país centroamericano está en total violación del Estatuto de Roma, del cual es firmante.

El Fiscal General citó el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual establece que los delitos de lesa humanidad se caracterizan por ser un ataque generalizado contra una colectividad.

En este sentido, exigió un pronunciamiento de la Corte Suprema de El Salvador ante el Habeas Corpus interpuesto por abogados en El Salvador ante la Sala Constitucional, para solicitar la liberación de nuestros connacionales, «ya que están violentando la constitución de ese país y los tratados internacionales».

Seguidamente, hizo referencia a un informe filtrado por The New York Times , donde «una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda delincuencial ‘Tren de Aragua’ no está dirigida por el gobierno venezolano, ni comete delitos en EE. UU. bajo sus órdenes».

Por lo tanto, aseguró que «el decreto del gobierno de los Estados Unidos está basado en una afirmación que contradice a su propia comunidad de inteligencia como la CIA. Eso no tiene parangón ni referente, en ninguna parte del mundo; porque precisamente dice que las personas que se le atribuyen los hechos, no son responsables».

Machado es culpable de secuestro de migrantes

William Saab, señaló que María Corina Machado fue quien aconsejó y justificó los actos cometidos por el gobierno de Nayib Bukele contra migrantes venezolanos. «Ella asumió la autoría intelectual de esta acción, siendo secundada por Edmundo González Urrutia».

Asimismo, el máximo representante del Ministerio Público indicó que Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, entre otros prófugos de la justicia, también apoyaron esta «exabrupto Jurídico».

Resaltó que «aquí nuestros compatriotas tienen su defensa, tienen dolientes, el Estado venezolano está protegiendo sus derechos», insistiendo que no descansarán hasta que cada uno de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador, retornen a la Patria.

Incongruencias presenta caso Ronald Ojeda en Chile

Por otra parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab descalificó las investigaciones adelantadas presuntamente por la Fiscalía Chilena en torno al caso del crimen del ex-militar Ronald Ojeda, por considerar que presenta muchos vacíos legales e incongruencias.

Saab aseveró que «esas pesquisas chilenas son las más aberrantes que involucran no solo a la Fiscalía de Chile, sino al propio presidente Gabriel Boric», al tiempo que acusó a Boricde ser el promotor y vocero en la estrategia para dañar la imagen de nuestro país.

«En mi calidad de representante del Ministerio Público, me refiero al caso de Ronal Ojeda. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Chile son un ejemplo de lo que no debe hacerse; han estado plagadas de vacíos legales e incongruencias. Ha sido una investigación pirata»- puntualizó

El Fiscal General, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre las investigaciones realizadas por el Estado venezolano y el Ministerio Público respecto al caso de Ronald Ojeda. En ese sentido, el fiscal dio lectura al informe delictivo que detalla las razones por las cuales Ojeda fue imputado y posteriormente detenido en la cárcel de Ramo Verde, hasta el momento de su fuga a Chile.

Como se recordará, el pasado 28 de marzo, el Gobierno Nacional, emitió un comunicado para rechazar la «ridícula maniobra» de Chile de entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en ese país.

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